En la Comisión Primera de la Cámara ya está listo todo para la discusión de la reforma política. La ponencia fue radicada este martes y pasó desapercibida ante la polémica que causó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imputar cargos al primer mandatario y a su campaña por la presunta superación de topes en 2022.
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Precisamente buena parte del texto gira en torno a este tema de cómo será la conformación del CNE. En el texto para debate, cuya redacción lideró el representante Heráclito Landínez, se mantiene la intención de cambiar el origen político de los magistrados del tribunal electoral aunque se limitó el alcance, pues se mantuvo la elección por parte del Congreso.
En la ponencia para primer debate se establece que será el Congreso el que elija a los nueve magistrados, contrario a la propuesta original de que fueran las tres altas cortes. Eso sí, se limita el origen partidista al señalar que no son las colectividades las que postulan sino que la escogencia se hará de una convocatoria pública.
La reforma también cambia mucho el tema de la adquisición progresiva de derechos planteada por el ministro del Interior, juan Fernando Cristo. Aunque se mantiene el reconocimiento de personería jurídica tanto a movimientos políticos como a partidos, a los primeros se les pone condiciones más duras a las planteadas en el texto inicial para lograr este reconocimiento.
Antes se planteaba que los movimientos podían tener la personería jurídica si lograban un por ciento de los afiliados del censo electoral. Ahora se plantea que sea al menos tres por ciento, esto debido a que se equipara a la condición de los partidos de lograr al menos tres por ciento del censo electoral en la votación para tener personería.
El texto para primer debate quitó uno de los temas más polémicos del proyecto original y era un parágrafo transitorio que permitía que para 2026 no hubiese pérdida de personería jurídica si no se superaba el umbral electoral. Hubo críticas a este punto pues se señalaba que era una forma de proteger las personerías de partidos como Comunes, que están en riesgo de no alcanzar un mínimo de votos en los próximos comicios para seguir siendo partido.
Otro elemento diferenciador frente al proyecto original es que se introducen dos artículos que buscan acabar una vez por todas con el debate de cuándo se debe renunciar a la afiliación de un partido y a una curul para poder aspirar por una colectividad distinta.
En los dos artículos se deja claro que la renuncia debe ser un año antes de la inscripción, de esta manera se acaba la polémica de si el abandono del cargo y del partido debía ser con referencia al día de la elección o al de la inscripción de la postulación. El proyecto no se mete con el tema del transfuguismo, que es una iniciativa que está moviendo de forma paralela algunos perfiles del Pacto Histórico.
El resto de puntos se mantienen muy similares a la propuesta original, solo se hacen algunos ajustes de lenguaje y precisiones. En este último caso está el tema de cómo serán las financiaciones de los procesos electorales internos, que surgen ante la obligatoriedad de las listas cerradas. Se clarifica que serán los mismos principios que en los procesos nacionales.