A unos días de cumplirse el primer mes desde que la Superintendencia de Servicios Públicos interviniera a Air-e (12 de septiembre), en las últimas horas se han conocido reparos al agente interventor asignado, Carlos Diago.
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Los cuestionamientos se han originado desde diferentes sectores por declaraciones que ha entregado el agente especial para Air-e a medios de comunicación locales en días recientes.
El último anuncio que hizo Carlos Diago fue en la mañana de este miércoles 2 de octubre, cuando dio a conocer que se dejará de cobrar en la factura de energía la tasa de seguridad ciudadana y de aseo, y el impuesto de alumbrado público.
“Por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, no vamos a gravar el recibo de energía con cobros de terceros. De ahí vamos a tener una reducción en el recibo. Otro aspecto es que vamos a recurrir el llamado del impuesto de alumbrado público, que grava a los autogeneradores. No queremos que los usuarios se confundan y crean que eso forma parte del cobro de energía, porque eso es anticonstitucional”, expresó Diago en Emisora Atlántico.
El agente especial agregó que la energía eléctrica es un derecho fundamental conexo al derecho a la vida, por lo que anunció que van a proceder y “espero que no me impugnen la decisión, porque tengo todos los elementos de que eso es anticonstitucional”.
El pronunciamiento del gobernador sobre la tasa de seguridad
Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien indicó que se revisará este anuncio para ver la posibilidad de tomar acciones legales.
“Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con el presidente Petro. No sé exactamente cuál es el alcance y cuál es el diseño con respecto a cómo se deben redistribuir estos recursos. Hubo una importante inversión en bombillos LED y ahora queda este proceso sin financiación”, manifestó el mandatario departamental a ese medio.
El gobernador Verano agregó: “Esto requiere de un reordenamiento, no sé si estamos manejando de una manera diferente el sector público. No estamos cobrando energía eléctrica porque sí, sino que hay una base jurídica. Si esta es la decisión definitiva, tiene que haber una sustitución. Tenemos que estudiarlo y analizarlo. Lo que se ha logrado en materia de seguridad y alumbrado público, los resultados están a la vista, y ahora eso podría quedar en el aire”.
A las declaraciones del mandatario se sumó la advertencia del presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, quien hizo un llamado a la Superservicios y al agente interventor de Air-e, sobre la propuesta de eliminar la facturación conjunta del servicio de aseo.
“Está tomando una decisión que está contraria a la Ley 142, vigente en la actualidad, no se ha modificado. No se puede separar de la factura lo que tiene que ver con residuos o aseo de la factura de energía, porque lo que va a ocasionar es que la gente no pague ese servicio y va a tener un problema sin precedentes la costa Atlántica colombiana”, manifestó Sánchez.
De igual manera, le solicitó al gobierno nacional que pague los subsidios de energía y gas, que en el momento están en 2,5 billones de pesos, según las cifras que compartió.
“Esos recursos son fundamentales para que las empresas no entren en cesación de pagos y puedan tener la oportunidad de seguir prestando el servicio. También falta la opción tarifaria, son casi 2,7 billones de pesos para que entren esos recursos a los subsidios de los estratos 1 y 2 y no han entrado hace cinco meses. Si no se da eso, podríamos volver a tener ese apagón financiero en las comercializadoras y las distribuidoras”, sostuvo Sánchez.
La intervención del abogado Jaime Lombana
Por otra parte, también entregó declaraciones el abogado Jaime Lombana, quien se refirió a unas palabras entregadas recientemente por el agente Carlos Diago.
El interventor de Air-e habría asegurado que Alberto Ríos y su familia forman parte de una comercializadora para la repartición de clientes y, además, sostuvo que en malas condiciones a la empresa que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“El doctor Diago, que tiene fama de ser un hombre honesto, tiene que ser también responsable y responder con la verdad ante la opinión pública del Atlántico y del Caribe colombiano. Lo que dijo es absolutamente mentiroso: ninguna persona de apellido Ríos, ni el señor Alberto Ríos, ni los otros accionistas, tienen nada que ver con esa empresa”, dijo Lombana a Emisora Atlántico.
El abogado le pidió a Carlos Diago que hable con la verdad y asuma su rol en la compañía con responsabilidad y sin superficialidad en la función pública.
Detalles de Lombana sobre la contabilidad
“De tiempo atrás, el señor Diago viene diciendo mentiras. Creo que él puede recuperar la empresa, es un hombre probo, sin duda, pero que lo demuestre, porque uno a punta de mentiras no puede torcer los hechos para convertirlos en verdades. Nada tiene que ver Alberto Ríos con esa comercializadora. Eso no es cierto que se estén discriminando los clientes buenos de los clientes malos, que lo pruebe ante la opinión pública. Si nosotros probamos que es un mentiroso, le pedimos al señor Diago que tenga cordura”, añadió.
Sobre la contabilidad, señaló: “No es aceptable la excusa del señor Diago que a estas alturas no se hayan pasado las facturas. Si no se cobra la prestación del servicio, cada vez el hueco será mayor. La superintendencia firmó unas actas del 12 y 13 de septiembre donde ellos declaran que la contabilidad fue entregada. Claro que hubo un hackeo (...) Dijo que recibió un carro destartalado con dos fusiles, eso es otra mentira del tamaño de una catedral, es irresponsable”.
El abogado Jaime Lombana anunció que le envió una carta a la procuradora y al próximo procurador para que determinen por qué Carlos Diago “no ha logrado facturar, es que es inaceptable”.
Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO
Barranquilla