Riesgo de apagón en la Costa Caribe: sin plan, sin plata y con la sombra de un colapso energético

Un nuevo capítulo de incertidumbre se abre en la región Caribe colombiana. A seis meses de la intervención del Estado de la empresa de energía Air-e, el reloj corre en contra del Gobierno nacional ante la posibilidad cada vez más tangible de un apagón masivo que afectaría a más de 4 millones de personas en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El diagnóstico es alarmante. La Procuraduría General de la Nación, que sostiene un seguimiento permanente al proceso, emitió un fuerte pronunciamiento luego de reunirse con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). El Ministerio Público denunció la ausencia total de un plan técnico, financiero o jurídico que permita reestructurar la compañía intervenida, que heredó los pasivos, la desconfianza y las carencias del antiguo operador Electricaribe.

Una reunión sin respuestas

La reunión entre la Procuraduría y Superservicios dejó más preguntas que soluciones. Según el reporte oficial, los representantes del órgano de vigilancia no entregaron cifras actualizadas, ni sustentos financieros verificables. No explicaron cómo se cubrirá la millonaria deuda de Air-e con las generadoras eléctricas, ni detallaron el estado operativo de una empresa que, sin liquidez, opera en piloto automático.

“La prestación del servicio público no puede estar sujeta a la improvisación. Estamos hablando del derecho esencial de millones de ciudadanos en una de las regiones más vulnerables del país”, advirtió con severidad la Procuraduría, al anunciar que solicitará un informe detallado con los pasivos actuales, el estado patrimonial y las acciones previstas para los próximos meses.

El Ministerio Público también se reservó la posibilidad de abrir procesos disciplinarios si se comprueba negligencia, omisión o falta de planeación por parte de Superservicios y sus directivos, encabezados por el superintendente Yanod Márquez Aldana.

El fantasma del apagón

El riesgo de colapso dejó de ser un escenario hipotético. Una carta enviada el pasado 5 de mayo por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, al superintendente Márquez expone en detalle la magnitud del problema: Air-e, intervenida desde noviembre, está al borde de la inviabilidad operativa.

“La operación sin respaldo económico del Fondo Empresarial de la Superintendencia se torna inviable”, sentencia Palma en su comunicación. Y advierte que la situación podría desembocar en una suspensión del servicio de energía a gran escala, con afectación directa a hogares, comercio, industria, hospitales y centros educativos del Caribe.

La deuda de Air-e Intervenida con los generadores supera ya los 1,3 billones de pesos, según datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional. Pero lo más preocupante es el flujo de caja proyectado para este año: un déficit de 2,8 billones de pesos y una exposición en bolsa superior al 70 % para 2026.

A ese desangre financiero se suma el incumplimiento en las metas de reducción de pérdidas eléctricas, lo que puede representar una caída de ingresos por más de 567.000 millones de pesos entre 2026 y 2029.

¿Liquidar o salvar a Air-e?

La intervención de Air-e fue decretada para evitar otro fracaso al estilo Electricaribe. Sin embargo, la falta de resultados tangibles y la descoordinación entre entidades ha generado una crisis de confianza. El fantasma de una liquidación forzosa —con el consiguiente vacío operativo— es hoy una posibilidad real.

“La no atención a esta solicitud tendría implicaciones graves para la seguridad económica y los derechos fundamentales de millones de personas”, insistió el ministro Palma. La advertencia fue respaldada por la agente interventora Diana Bustamante, quien también pidió públicamente un “salvavidas financiero” para evitar un apagón.

Las señales de alerta ya hicieron eco en los mercados energéticos. El gremio de las generadoras —representado por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg)— denunció que la incertidumbre actual ya afecta las relaciones con los bancos, que preguntan insistentemente por los pagos que no llegan. “La prioridad es que las plantas tengan con qué operar. Si no hay insumos, no hay energía”, advirtió Alejandro Castañeda, director ejecutivo del gremio.

“Los bancos ya están llamando a las generadoras a preguntar si les van a pagar, cómo y cuándo. Y no hay respuestas claras. La incertidumbre está ahuyentando la confianza y poniendo en riesgo la operación misma de las plantas

alejandro castañedaPresidente de Andeg

Según Castañeda, el panorama actual ya es suficientemente complejo y, si no se alcanza un acuerdo para sanear las deudas antes del segundo semestre del año, especialmente antes de septiembre, el sistema enfrentará serias dificultades. “Los bancos ya están llamando a las generadoras a preguntar si les van a pagar, cómo y cuándo. Y no hay respuestas claras. La incertidumbre está ahuyentando la confianza y poniendo en riesgo la operación misma de las plantas”, advirtió.

Una propuesta que levanta polémica

En medio del desorden institucional, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, lanzó una propuesta que divide opiniones: redirigir parte de los recursos asignados a la consulta popular —estimados en 700.000 millones de pesos— para abonar a la deuda de Air-e con las generadoras.

Aunque la iniciativa ha sido cuestionada por sectores políticos, y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) no la ve con malos ojos. “Aquí lo importante es evitar una crisis. Si no se actúa antes de septiembre, el sistema enfrentará serias dificultades”, recalcó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

La propuesta toma fuerza frente a un Gobierno que aún no define cómo tapar el hueco financiero de la operación intervenida. Las señales desde el Ministerio de Hacienda tampoco son alentadoras, pues no hay recursos frescos asignados para este rescate en el presupuesto de 2025.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa se unió a las voces que exigen al Gobierno Nacional acciones que permitan contener un apagón en los tres departamentos donde la empresa Air-e presta el servicio de energía. En el caso de La Guajira, alcaldes y gobernador han pedido que se tomen las decisiones pronto, porque un apagón acabaría con el sistema económico y social de sus comunidades.

Superintendencia en la mira

Las críticas también se centran en la gestión del superintendente Yanod Márquez. Para la Procuraduría, el manejo del proceso ha sido opaco y desorganizado. Andeg también fue enfático: “El superintendente no ha gestionado ni un solo peso. No tiene claridad sobre sus responsabilidades y no ha presentado ningún plan técnico ni financiero”, denunció Castañeda.

En los pasillos de la institucionalidad energética crece la sensación de que Márquez está sobrepasado por una crisis que exige liderazgo, coordinación interinstitucional y decisiones de alto calibre. Hasta ahora, no ha habido ninguna.

La región, en vilo

Las comunidades del Caribe, que han sufrido por décadas un servicio eléctrico deficiente y costoso, vuelven a estar en la cuerda floja. A la expectativa de que el Gobierno evite una catástrofe energética, crece la indignación entre usuarios que no entienden cómo, luego de años de promesas, la región podría terminar sumida en un nuevo apagón, con consecuencias devastadoras.

“Es como vivir en el filo de una cuchilla. No sabemos si mañana vamos a tener luz. ¿Qué va a pasar con los hospitales, los colegios, las empresas?”, se preguntó María del Pilar Mendoza, líder comunitaria en Barranquilla.

El panorama no da espera. La Superintendencia tiene pocos días para responder si destinará recursos extraordinarios, si buscará una salida en el Congreso o si permitirá que el sistema se derrumbe. De lo contrario, la Costa Caribe vivirá en los próximos meses la peor crisis energética desde el apagón nacional de los años 90.

La pelota está en su campo. Pero el tiempo, esta vez, es el enemigo.

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LEIDYS RIVERO MARTÍNEZ – SUBEDITORA REGIÓN CARIBE - EL TIEMPO - @Leidys_RiveroM