'Si el Gobierno Nacional no se preocupa por la fuerza pública, nosotros sí': secretario de Seguridad de Antioquia

Desde el pasado miércoles, 21 de mayo, la Gobernación de Antioquia comenzó con el proceso de facturación física relativo a la Tasa de Seguridad por Antioquia, con el que se pretende alcanzar un recaudo billonario para invertir en dotación y tecnología para las fuerzas públicas e infraestructura de carácter social y recreativo en el departamento. 

Desde su aprobación en la plenaria de la Asamblea Departamental el pasado 4 de diciembre, e incluso antes de que recibiera luz verde, la medida ha sido profundamente polémica a nivel regional y nacional, convocando, por ejemplo, la atención del presidente Gustavo Petro, quien criticó a la administración regional por el gravamen sobre la tarifa de servicios públicos: “Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo. Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el Gobierno Nacional bajará las tarifas de la luz”, escribió el presidente en su cuenta de X en noviembre de 2024, cuando el proyecto todavía estaba siendo debatido.

Facturación física y primer balance

Independientemente de dichas opiniones, durante la semana empezó la fase de cobro físico con la distribución de 550.000 facturas en los 125 municipios del departamento. Esto, en el marco de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar una medida cautelar con la que el diputado Manuel García Lozano (Pacto Histórico) pidió anular provisionalmente la validez y los efectos de la Ordenanza 50 del 17 de diciembre de 2024.

Particularmente, el Tribunal juzgó que la demanda presentada por el corporado, en la que argumentaba que la aplicación de la medida vulneraría los principios de equidad y progresividad tributaria, y que además carecería de los análisis fiscales correspondientes, no presentaba argumentos claros que demostraran lo denunciado por García.

Habiendo superado ese impasse, la medida ha avanzado en las primeras etapas del cobro y, en ese respecto, EL TIEMPO entrevistó a María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, sobre el balance del cobro de la medida actualmente y las particularidades afines a la misma que, hoy, tras varios meses de su anuncio, siguen generando confusión en los contribuyentes de Antioquia.

Inicialmente, Escobar explicó que el proceso de facturación que inició el pasado miércoles viene con la liquidación de los tres primeros meses (enero, febrero y marzo). Esta factura llegará a finales del mes de mayo y la fecha límite para su pago, que puede realizarse de manera física o a través del botón virtual dispuesto para ese fin en la página de la Gobernación de Antioquia, es el 15 de junio de 2025.

En ese sentido, y al respecto del progreso actual de la tributación de la tasa, Escobar reveló que: “Dentro de nuestras estadísticas encontramos una buena acogida de la tasa de seguridad. Es claro que hay muchas personas que no saben si tienen que pagarla o no. También sabemos que las empresas necesitan de la factura para poder causarla dentro de su contabilidad. De acuerdo con esas variables, nuestra proyección se ha ajustado al recaudo, es decir, el 12 por ciento de lo liquidado para estos tres meses. Esperamos que con la entrega de la factura esa cifra aumente considerablemente”.

En esa línea, la directora Escobar también aclaró que el recaudo que se presupuestó inicialmente para la tasa sufrió una modificación a raíz de una regulación establecida por la propia Asamblea Departamental de Antioquia.

“El proyecto de ordenanza iba con un estimado de 1,25 billones; sin embargo, la Asamblea aprobó en marzo un descuento por pronto pago que reduce un poco el valor esperado, además de unos topes para los sectores industriales y comerciales. Actualmente, el recaudo esperado está en un billón de pesos”, precisó Escobar.

A pesar de la reducción, la directora de Fiscalización despejó cualquier rumor que pudiera indicar que la reducción en el recaudo podría representar un contratiempo para las inversiones preestablecidas.

En ese respecto, y para dar mayor claridad a los pormenores de la tasa de seguridad, Escobar se remitió a la fórmula para calcular el pago que corresponde a cada contribuyente considerado en este impuesto.

“El cálculo de la tasa de seguridad se basa en los kilovatios consumidos; una persona puede acceder a esta estadística con su factura de servicios, multiplicando el valor por la tarifa de la Ordenanza 50. Por ejemplo, para el sector residencial el valor es de 0.0017 UVT, que estaba en $49.799. La fórmula para llegar a ese valor liquidado es el consumo en kilovatios, por la tarifa que le aplique según el sector y por el valor del UVT”, explicó María Alejandra Escobar.

Además, con respecto al cálculo para el sector industrial, la directora agregó: “El tributo no cambia, cambian las tarifas. El industrial será el sector que más pague por sus altos consumos de energía. Pero es exactamente el mismo cálculo o ecuación. Tienen unos topes establecidos: lo máximo que cobraremos será por 500.000 kilovatios a los industriales y por 70.000 kilovatios a los oficiales”.

Finalmente, Escobar destacó que la secretaría de Seguridad de Antioquia realizó un trabajo riguroso y exhaustivo para saber cuáles son las necesidades que tiene el departamento. Por lo tanto, no es probable que se realice una modificación a la ordenanza con respecto a los cinco focos de inversión definidos.

En ese sentido, EL TIEMPO también entrevistó al secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien ahondó en la importancia del dinero que se recaudará para la inversión en la seguridad del departamento.

'No todo va bien como lo dijo el presidente'

El secretario Martínez comenzó señalando, de manera determinante, que: “La tasa es una contribución específica, temporal y necesaria en la coyuntura actual del país. Sabemos que el país pasa por una situación muy complicada de orden público. No todo va bien, como lo dijo el presidente Petro en una alocución. En Antioquia, la situación es sumamente compleja, demasiado. Y cuando uno va a hacerle frente a la situación, porque está el carácter y la voluntad de enfrentar los problemas de desorden público para garantizarle a los antioqueños seguridad y tranquilidad, se encuentra una cantidad de falencias de las fuerzas públicas”.

El secretario continuó: “Hoy cualquier movimiento que va a hacer la fuerza pública tiene que ser subsidiado, en este caso por la Gobernación de Antioquia, porque ya no tienen recursos para hacer trabajos en territorio, tampoco la movilidad ni la tecnología suficiente. Esta tasa lo que va a garantizar son recursos para financiar las líneas de inversión (infraestructura física para la seguridad, tecnología para la Fuerza Pública, movilidad, escenarios deportivos para la convivencia ciudadana y la construcción de una cárcel departamental) para contribuir en el mejoramiento de la seguridad en el departamento”.

El general hizo especial énfasis en que la tasa, a la cual denominó como democrática en múltiples oportunidades, ayudará a dignificar la infraestructura de militares y policías en zonas críticas. “Es triste y lamentable ver las condiciones en que viven los integrantes de la Fuerza Pública. Las estaciones, batallones y bases de patrullaje están acabadas, totalmente deterioradas”, señaló Martínez.

Además, agregó que: “El país de un momento a otro se convirtió en un lugar donde toda persona que se captura por la comisión de hechos punibles, en calidad de sindicada, es responsabilidad —para cuidarla— de la Policía y el Ejército. Es decir, en el marco del proceso penal, la Fuerza Pública tiene que velar por la custodia del capturado hasta que la justicia lo condene. Sin embargo, ahora usted encuentra estaciones de policía y batallones atiborrados de privados de la libertad. Es increíble. Esto implica que miembros de la Fuerza Pública están dedicados a cuidar privados de la libertad.

El número de custodios, policías y militares, es enorme. Ese número nos está dejando un hueco inmenso en la seguridad ciudadana. Con parte de la tasa buscamos construir una cárcel departamental para 1.000 sindicados, para poder liberar a militares y policías y que puedan desarrollar la misión para la que están estatuidos, además de reducir el hacinamiento y garantizar derechos humanos a los privados de la libertad”, aseguró el secretario Martínez.

Además, el general en retiro le reveló a EL TIEMPO que, de acuerdo con los consejos de seguridad que se desarrollan en los diferentes municipios del departamento, la Fuerza Pública está alienada de la ruralidad por incapacidad de acción. En cifras, Martínez señaló que el 65 por ciento de los homicidios del departamento ocurren en zonas rurales, a raíz de la ausencia de las autoridades. Por eso, indicó: “Necesitamos darle los medios a la Fuerza Pública para que llegue a la ruralidad”.

Martínez aseguró que la inversión también estará dirigida a garantizar la dignidad y bienestar de los integrantes de las fuerzas públicas, quienes, para ejemplificar el panorama, según reveló el secretario, en Antioquia hay estaciones de Policía que tienen que pedirle permiso a sus vecinos para poder utilizar los servicios básicos, porque ni eso tienen. El secretario de Seguridad concluyó su argumento aseverando que: “Si el Gobierno Nacional no se preocupa por la Fuerza Pública, nosotros sí. En contraprestación, tendremos un buen servicio de seguridad”.

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín. 

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