Resurrección de la reforma laboral en el Congreso pone en jaque la estrategia política del Gobierno Petro

Este martes, un día después de que la Comisión IV del Senado realice su primera audiencia pública para tratar de aprobar en tercer debate la reforma laboral del Gobierno que la plenaria de esa corporación resucitó esta semana, el presidente Gustavo Petro estará en Barranquilla, encabezando su primer acto público tras el naufragio de su consulta popular. 

Aunque la decisión de la plenaria sobre la reforma abre la posibilidad de que la mayor parte de los puntos contenidos en la consulta se materialicen en una ley antes del próximo 20 de junio, el Presidente y sus fuerzas políticas incluso hablan de un paro nacional para tratar de presionar al Congreso para que reviva un mecanismo de participación popular cuyos mandatos –en el hipotético caso de que alcanzara los altos umbrales de participación y aprobación en las urnas que impone la ley– podrían incluso tardarse dos legislaturas.

La contradicción en la posición del Ejecutivo –que, por otro lado, envió este jueves llamados de urgencia en insistencia para el debate de la reforma– es el resultado de la más accidentada sesión del Congreso en los últimos años. Fue la de este miércoles en el Senado, en la que se tomaron, apenas con minutos de diferencia, dos decisiones trascendentales: por mayoría (69 votos contra tres) se aprobó la apelación del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión VII del Senado; por el otro, por apenas dos votos (49-47), la plenaria le dijo no a la polémica consulta popular del Gobierno.

Ahora, el Legislativo, que hace dos meses archivó el proyecto del oficialismo al considerarlo inconveniente y un riesgo para la economía nacional –otra contradicción– está en plena carrera contrarreloj. Tiene, contando desde este lunes, cuando se inicia el trámite oficial del proyecto en la Comisión IV, 33 días para realizar dos debates –en comisión y en plenaria– y alcanzar una concertación que no ha sido posible durante más de dos años. Si el 20 de junio el proyecto no está aprobado en cuarto debate y conciliado con el texto de Cámara, volverá a hundirse.

Pero el panorama, contrario a lo que sucedió hace dos meses en la Comisión VII del Senado –donde el Gobierno del presidente Gustavo Petro, de la mano del ministro del Interior, Armando Benedetti, sufrió una dura derrota–, ha cambiado.

Tras esa derrota –la segunda de la Casa de Nariño en esa comisión, que un año atrás había archivado la reforma de la salud– el Gobierno se embarcó en una propuesta de consulta popular para impulsar parte de la reforma laboral.

Los ataques al Senado incluso amenazando con revocatoria –en las urnas en 2026 , aclaró el Presidente en su discurso del 1.º de mayo– si no aprobaban la consulta, fueron utilizados como mecanismo de presión. En un discurso que incluyó el uso de la espada de Bolívar y abundantes figuras retóricas del populismo, el jefe de Estado acusó al Congreso de estar en contra de los trabajadores y la clase obrera. 

Y mientras se empezó a mover la estrategia política para posicionar el tema de la consulta en la agenda nacional –de hecho, la imagen negativa de Petro cayó en las encuestas– su ministro del Interior, Armando Benedetti, empezó a aceitar los apoyos políticos en el Congreso. Las cuotas burocráticas en el MinTIC y en el de Comercio Exterior, según denuncias de la oposición, habrían sido parte de ese nuevo capítulo de ‘mermelada’ del Ejecutivo para las facciones oficialistas de ‘la U’ y el Partido Liberal.

¿Cómo se explica que la oposición esté ahora en el Congreso en carreras para salvar la laboral presentada por el Gobierno? ¿Y cómo que el Presidente y sus alfiles no se la jueguen decididamente por sacar adelante esa iniciativa en estas cinco semanas, en vez de insistir en una consulta que no solo sería costosa para el país (700.000 millones en plena crisis fiscal), sino que no materializaría los beneficios laborales para los trabajadores (de nuevo, de ser aprobada), sino después de un nuevo trámite en el Congreso?

Aunque legítima y fundamentada en estudios técnicos, la decisión de la Comisión VII de archivar el proyecto hace dos meses le dio al Gobierno, en palabras de Benedetti, “la papaya” de montarse en un llamado al pueblo en pleno año preelectoral, vendiendo la imagen de un Congreso supuestamente en contra de los trabajadores y de un Presidente presuntamente ‘bloqueado’ por los otros poderes en su objetivo de mejorar las condiciones “del pueblo”.

La plenaria del Senado, en un procedimiento que está en la ley, decidió revertir esa decisión y por eso la reforma de nuevo está sobre la mesa. Si –como se comprometieron los partidos que el miércoles apoyaron la apelación– el Congreso saca la reforma antes de que termine la legislatura, temas como el aumento en las horas extras y dominicales, sobre los que el Gobierno y sus aliados habían empezado a montar su campaña política de cara a las elecciones del 2026, ya no podrían ser utilizados como plataforma electoral.

Los anuncios del Presidente para revivir la consulta o incluso para presentar una nueva y las alusiones al ‘paro nacional’ muestran que el Ejecutivo está lejos de resignarse a perder la oportunidad de adelantar la campaña del 2026. Pero tampoco puede aparecer lejano de la eventual aprobación de la reforma en el Senado: por eso los ministros Benedetti, del Interior, y Antonio Sanguino, de Trabajo, terminaron apoyando el miércoles una apelación que apenas 24 horas antes habían descalificado. En ese momento, tanto el Gobierno como el Pacto Histórico y sus aliados daban por hecho que no solo lograrían atravesarse en la reapertura del debate de la reforma (a pesar de que la apelación fue impulsada por una de sus fichas), sino que contaban con los votos para darle vía libre a la consulta. El panorama cambió totalmente entre la noche del martes y el miércoles, el día de la votación.

La resurrección de la reforma laboral

En un movimiento que no estaba en las cuentas del Gobierno, la oposición, hábilmente, cerró filas para revivir la reforma laboral. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, puso ese tema como primero en el orden del día. Esa facultad de definir la agenda de la sesión, que legalmente está en sus manos, terminó siendo clave para la que es hasta ahora la mayor derrota política del gobierno Petro en el Congreso.

La ley señala que si un proyecto es hundido en una comisión, se puede presentar una apelación y la plenaria decidirá si el proyecto sigue con vida, pero en una célula legislativa diferente a la que tomó la decisión. La apelación, presentada por Fabián Díaz, del ala petrista de la Alianza Verde, terminó siendo el salvavidas de la reforma.

El escenario ideal de la oposición era negar la consulta, negar la apelación y aprobar el proyecto de reforma laboral del Partido Liberal, que incluye puntos como el recargo nocturno desde las 7 de la noche y el pago de dominicales y festivos al 100 por ciento. Pero al ver la fuerza de la consulta popular, y que no tenían los votos, centraron su estrategia en la apelación, la cual Benedetti calificó en un primer momento como una burla.

“Si se revive la reforma laboral con la apelación, no dan los tiempos. Hoy esa iniciativa está hundida y es una burla. ¿Diez semanas después es que van a tomar la decisión? ¿Eso es serio?”, trinó Benedetti este martes 12 de mayo a las 2 p. m.

El miércoles, incluso, durante más de cinco horas, el propio Gobierno y el oficialismo intentaron a toda costa impedir que la apelación fuera debatida. Fueron derrotados tres veces en ese propósito y, al final, Benedetti y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dieron una voltereta de 180 grados y pidieron la resurrección para evitar una derrota más dura.

“Se va a votar a favor de la apelación, una vez que es nuestra y que somos nosotros los más interesados por la clase obrera”, dijo Benedetti. Y ese giro no pasó desapercibido: “Esta sesión es realmente interesante, rara, de manicomio, como dijo (Alejandro Carlos) Chacón. Siete horas intentó el Gobierno y el Pacto Histórico negar, hundir, impedir que se votara la apelación (...). Celebro este giro de los últimos 10 minutos; gana el país, porque reitero la pregunta, y es el fundamento de mi voto positivo a la apelación”, dijo la congresista de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien promovió el sí a la apelación.

El presidente Petro no quería la apelación. Así lo dejó en evidencia en un trino en el cual cuestionó a Lozano por promover la resurrección, pero no haber votado la consulta. La acusó de querer “aprobar la reforma por ley sin pueblo”.

Lozano, una de las senadoras más respetadas y claramente alineada con la necesidad de sacar adelante una reforma laboral, es la presidenta de la Comisión IV, la misma a la que el presidente del Congreso envió el proyecto para tercer debate. Ya se nombraron ponentes de las diferentes bancadas, incluidas las del Gobierno, y Lozano considera que, si hay voluntad, el proyecto saldrá adelante pese a los tiempos apretados. La audiencia pública de este lunes es requisito previo a la construcción de la ponencia, que está en manos de ocho senadores de las diferentes bancadas. “Los tiempos dan. Pero el Congreso tiene que sacar una reforma seria, no una de maquillaje”, dice Lozano.

Efraín Cepeda, que es el blanco de todos los ataques del Ejecutivo, también insiste en que se darán todas las garantías, pero aclaró en diálogo con este diario que saldrá una reforma laboral concertada que no termine golpeando la economía y el empleo formal.

Hay avances en el consenso sobre el recargo nocturno y un aumento en el pago de los dominicales y festivos. La discusión girará alrededor de la hora en que inicie el recargo y el porcentaje de pago dominical y festivo, así como en las fechas desde las que empezarán a regir los ajustes. La licencia menstrual, también incluida en la consulta, no tendría mayor objeción. El Gobierno insistirá en el pago a los estudiantes del Sena.

En esa comisión, conformada por 15 parlamentarios, las mayorías no son oficialistas.

El Gobierno tiene seis aliados allí: Aida Avella (Pacto), Johnny Besaile (‘la U’), Laura Fortich, Claudia Roldán, Jhon Jairo Roldán (Liberal) y Diela Benavides. Mientras que los opositores son seis: Samy Merheg (conservador), Carlos Abraham Jiménez, Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), Enrique Cabrales, Carlos Meisel (Centro Democrático) y Juan Felipe Lemus (‘la U’). El mapa lo completan Lozano (Alianza Verde), Richard Fuelantala (Aico) y Paulino Riascos (ADA). Pero, a diferencia de otros proyectos, el balance opositores-gobiernistas no definirá necesariamente la suerte de la laboral. Claros críticos del Gobierno, como Lemus y Jiménez votaron por la apelación.

El Senado quedó prácticamente empeñado en sacar adelante la reforma y debatir el articulado. Las señales ya las han dado en la comisión, donde se acordó que no habrá ponencia de archivo y se discutirá punto por punto. Esto no significa que no haya sectores dispuestos a oponerse a la iniciativa. Desde el Centro Democrático ya han dejado entrever su postura. “Mejorar derechos es legítimo, pero usar discursos simplistas para atacar una reforma que ayudó a sacar al país del desempleo masivo es demagogia”, señaló el senador Enrique Cabrales, integrante de la comisión.

“¡A calmarse, todo el mundo! Se debe aprobar rápido una reforma laboral en el Congreso. Los gremios, ponerse la mano en el corazón. Hay aspiraciones respetables de los trabajadores. Y el Gobierno: se entiende su frustración. Pero es el llamado a tener más calma que todos. Tiene derecho a movilizar a sus adeptos. Pero esos llamados al paro general son un contrasentido”, dijo el exsenador Humberto de la Calle, a propósito de los reclamos del Ejecutivo tras su derrota.

Las alertas

Pero persisten las preocupaciones del empresariado. Y es que esa reforma, tal y como está planteada, según un estudio del Banco de la República, podría provocar la pérdida de más de 400.000 empleos. Sin embargo, los gremios, que ya habían decidido acompañar el proyecto liberal, están dispuestos a hacer lo propio con el proyecto del oficialismo.

A los empresarios les preocupa, por ejemplo, que el pago del recargo nocturno se implemente de un día para otro, una vez entre en vigencia la ley. Por eso, hacen un llamado a la gradualidad, tal como sucedió con la ley de autoría del expresidente Álvaro Uribe durante su último paso por el Congreso, que redujo la semana laboral.

Si en un mes largo el Congreso no logra sacar adelante una reforma laboral consensuada –un escenario no solo probable, sino legítimo– el Gobierno recobraría la bandera del supuesto bloqueo del Legislativo para las reformas sociales y parecería entonces que el camino para una consulta popular cruzada con las elecciones del 2026 quedaría expedito. Eso parece claro entre las fuerzas políticas que ahora están inmersas en la contrarreloj legislativa más accidentada en décadas.

MATEO GARCÍA
Redacción Política