¿Qué busca el Gobierno al querer reformar el CNE en medio de investigación por presunta violación de topes contra campaña Petro?

En medio de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente por la presunta violación de topes electorales, el Gobierno anunció que presentará este martes una reforma política que plantea cambios estructurales para el tribunal electoral. El proyecto, que busca eliminar el origen partidista de los magistrados del tribunal electoral, ha generado polémica, ya que coincide con el proceso en el que se debate la posible apertura de una investigación formal contra Gustavo Petro.

La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pretende que los magistrados del CNE sean seleccionados por convocatorias públicas y concursos de méritos, en lugar de que se haga a través de acuerdos partidistas, como ocurre hoy. 

Además, el proyecto propone aumentar el periodo de los magistrados de cuatro a seis años, evitando que coincidan con los ciclos presidenciales y del Congreso, y transferir la elección de los magistrados del Congreso a la Rama Judicial. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serían las encargadas de elegir a los magistrados mediante un concurso público.

Otra novedad de la iniciativa es la inhabilidad para aspirar al CNE de quienes hayan ocupado cargos de elección popular en los últimos siete años, así como la imposición de una incompatibilidad de dos años para que los magistrados no puedan ocupar cargos políticos y dentro del Gobierno inmediatamente después de su periodo en el tribunal.

Este proyecto llega además en un momento clave para el CNE, que ha aplazado por varias semanas la votación para decidir si se abre una investigación contra la campaña de Gustavo Petro por posibles irregularidades en los topes de financiamiento.

Las demoras en el tribunal, los recursos interpuestos y las recusaciones contra los magistrados han generado ruido sobre una posible caducidad del proceso.

Aunque queda poco más de 9 meses para llegar a la caducidad del caso -la ley establece un plazo de tres años después de la fecha en la que se cometió la supuesta falta-, el ritmo que ha llevado este proceso hace pensar que podría llegarse a las fechas cercanas al límite sin una conclusión. 

Si bien el CNE ha sido criticado históricamente por la influencia partidista en la elección de sus magistrados, el que se hable de esta reforma en este momento ha despertado dudas sobre si esta propuesta es un intento genuino por despolitizar el tribunal o si se trata de una estrategia política para presionarlo.

Las críticas contra el proyecto se han enfocado justamente en el momento que se eligió para darla a conocer. 

“Petro y su gobierno (están) dispuestos a desquitarse con el Consejo Nacional Electoral con la Reforma Política que están presentando para convertir al CNE en un simple "colaborador" para investigar la financiación ilícita de las campañas”, señaló la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Ante las críticas, Cristo se pronunció este martes a través de su cuenta de X. El alto funcionario defendió la iniciativa y señaló que es una reforma necesaria que ha tardado en llegar.

“La iniciativa que hoy presentamos recoge muy puntualmente los aspectos esenciales de una reforma que lleva (...) años discutiéndose e incluye propuestas anteriores de varios parlamentarios. Esperamos que los partidos y congresistas comprendan la necesidad de avanzar y que esta sea la vencida. Es además un compromiso incumplido del estado colombiano en el acuerdo de paz”, dijo Cristo.

Sin embargo, para el analista político Eduardo Piñeros es llamativo que este anuncio se haga justo en este momento. “Cuando el ministro Cristo socializó la agenda legislativa del Gobierno, él no incluyó este proyecto. Él dice ahora que esta reforma política hay que interpretarla como un proyecto de los que anunció dentro del paquete para impulsar la implementación del acuerdo de paz, entonces yo sí creo que esta presentación es una forma de reaccionar a la investigación del CNE”, opinó Piñeros.

Si bien considera que ponerlo en términos de un rediseño institucional es algo que se viene pidiendo desde hace tiempo, hacerlo en este momento condena al proyecto al fracaso. “No hay un ambiente viable para que la reforma avance, y no solo por la coyuntura actual, sino porque el Congreso ha sido muy reacio a realmente dar un debate profundo sobre el asunto. Este será un proyecto de acto legislativo y necesita en segunda ronda mayorías absolutas, que hoy el Gobierno no las tiene”, agregó.

Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que la propuesta es inoportuna y genera un ruido innecesario.

“Esta propuesta llegan justo cuando el CNE puede tomar una decisión que afecte al presidente Petro y lo que va a generar es más ruido sobre toda esta discusión de si el CNE es competente o no para investigar, tema sobre el cual el Consejo de Estado ya dijo que sí, sobre si la investigación es con fines políticos o a nivel administrativo, sobre los efectos que esta investigación va a tener, de si puede trascender incluso a la misma estabilidad institucional. Eso es sin duda un tema que preocupa”, dijo.

Esta será la segunda reforma política que presenta el gobierno Petro. La primera, que se presentó tan solo un mes después de la llegada de Petro al poder, se hundió en marzo de 2023 y significó la primera gran derrota del Gobierno en un Congreso.

"No solo hay que reformar el CNE, hay que construir una nueva arquitectura institucional que limite las funciones electorales de la Registraduría y cree una Corte Electoral independiente. Además de fortalecer los partidos, acabar con la financiación privada y permitir el acceso a medios, entre otras medidas", señaló por su parte el representante por el Pacto Histórico Gabriel Becerra.

La reforma al CNE es, para los analistas, un paso en la dirección correcta; sin embargo, el contexto político en el que se da siembra serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás del proyecto. Aquí la pregunta clave que tendrá que responder el Gobierno es si realmente busca despolitizar el tribunal, o si está utilizando esta reforma como una herramienta para intentar influir de alguna manera en un órgano que, a corto plazo podría incidir sobre el futuro de la administración Petro.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)