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De acuerdo a un informe de AP, esta decisión responde a una apelación de emergencia del estado, liderado por el gobernador republicano Glenn Youngkin, quien busca asegurarse de que solo ciudadanos estadounidenses puedan votar, tal como lo marca la norma.
La apelación se produjo luego de que un juez federal dictaminara que el estado había eliminado ilegalmente a más de 1.600 personas de sus listas de votantes en los últimos dos meses. Según los registros judiciales, esto incluyó incluso a ciudadanos estadounidenses que fueron retirados de las listas de forma errónea, lo que provocó reacciones intensas entre diferentes sectores políticos y sociales.
Por otro lado, el Departamento de Justicia y diversas organizaciones de derechos civiles interpusieron una demanda contra Virginia en octubre, argumentando que esta eliminación de votantes viola la ley federal. La Ley Nacional de Registro de Votantes, conocida también como la “ley de calma”, establece que, durante los 90 días previos a las elecciones, los estados no pueden actualizar las listas de votantes, de modo que se eviten errores que puedan afectar el derecho legítimo al voto.
Sin embargo, el gobernador Youngkin emitió una orden el 7 de agosto, exactamente 90 días antes de los comicios, para comenzar a cotejar los datos del Departamento de Vehículos Motorizados y detectar a posibles votantes no ciudadanos.
La jueza de distrito Patricia Giles, quien emitió la primera orden contra la depuración de votantes en Virginia, indicó que los funcionarios electorales pueden eliminar nombres de manera individual si existen pruebas claras de que no son ciudadanos, pero no mediante purgas generalizadas. Esta medida tiene el propósito de evitar que estadounidenses sean privados de su derecho al voto por errores burocráticos.
El otro estado que eliminó votantes antes de las elecciones de Estados Unidos
Según el informe de AP, esta situación no es exclusiva de Virginia. En un caso reciente en Alabama, otro estado liderado por una administración republicana, un juez federal ordenó la restauración de los derechos de más de 3.200 votantes que fueron declarados no ciudadanos y retirados de las listas.
Tras una revisión, se demostró que al menos 2.000 de los 3.251 votantes que habían sido eliminados en Alabama eran en realidad ciudadanos estadounidenses con derecho a votar.