A pesar de que, según datos oficiales, han disminuido los cruces ilegales en la frontera sur, la Patrulla Fronteriza sigue llevando a cabo diversos operativos y detenciones. Pero, al menos en el distrito este de California, no podrán arrestar a ningún sospechoso de ser migrante ilegal en Estados Unidos sin una orden judicial.
La jueza federal de distrito, Jennifer L. Thurston, emitió una orden que prohibirá a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a migrantes, a menos que cuenten con una orden o una razón para creer que la persona podría huir.
En caso de que los agentes lleven a cabo una detención, no podrán devolver a los migrantes a sus países de origen a menos que estos firmen su salida voluntaria luego de que les hagan saber sus derechos.
Según la agencia AP, la importancia de este fallo es que las autoridades en la zona han demostrado haber incurrido en conductas que violaron los derechos constitucionales.
Por ello, ahora estarán obligadas a presentar, cada 60 días, un informe en donde se detalle exactamente quiénes son los detenidos sin orden judicial y las razones para ello.
No obstante, los abogados de la Patrulla Fronteriza consideran que la jueza no tiene jurisdicción debido a que se han emitido nuevas directrices y capacitación que permiten arrestar a personas sin orden judicial.
Los agentes en la frontera de California ya no podrán actuar deliberadamente. Foto:Istock
Detenciones en California que obligarán a la Patrulla Fronteriza a mostrar una orden judicial
La Patrulla Fronteriza que trabaja en el distrito este de California ya no podrá detener a personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en Estados Unidos a menos que cuenten con una orden judicial, fallo que se autorizó luego de una serie de arrestos sucedidos en enero.
La agencia AP recordó que decenas de personas fueron detenidas después de que la Patrulla Fronteriza realizara la denominada "Operación devolución al remitente", que despertó las alertas de diversas organizaciones de derechos humanos.
Y es que, de acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante casi una semana los agentes migratorios detuvieron deliberadamente a personas, muchas de las cuales eran trabajadores agrícolas o jornaleros que tenían estatus legal.
A pesar de lo anterior, los migrantes fueron trasladados a la frontera, retenidos sin posibilidad de contactar a su familia o abogados y obligados a firmar documentos en los que declaraban que habían renunciado a su derecho de ver a un juez y aceptaban su salida voluntaria.