Parole in Place: ¿quiénes calificaban para el programa de indocumentados ahora suspendido?

Lanzado por el presidente demócrata Joe Biden en junio con el objetivo de facilitar permisos de trabajo y el acceso a la tarjeta de residencia permanente a aproximadamente 500.000 migrantes, el Parole in Place sufrió un revés el pasado jueves y podría quedar suspendido si el gobierno no apela la medida durante la próxima semana.

Luego del triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones del pasado martes 5 de noviembre, la situación de los inmigrantes sufrió un radical cambio de panorama. Aunque el empresario no asumirá como presidente hasta el próximo año, las reacciones ya empezaron, y una de ellas fue la decisión del Juez de Distrito de Estados Unidos J. Campbell Barker, quien suspendió el Parole in Place argumentando que viola la ley de inmigración.

El programa publicado por el mandatario luego de que emita la orden ejecutiva que restringe el procesamiento de solicitudes de asilo en la frontera buscaba promover la unidad en hogares de estatus mixto. De este modo, los inmigrantes eran elegibles si llevaban casados más de 10 años con un ciudadano estadounidense o eran hijastros indocumentados de ciudadanos. 

Al lanzar la medida, la administración Biden calculó que beneficiaría a aproximadamente 500.000 cónyuges de estadounidenses, así como a 50.000 hijastros de ciudadanos. No obstante, la contundente victoria de Trump dejó con pocas alternativas al gobierno demócrata, que puede apelar la decisión el próximo jueves, pero no tendrá los medios suficientes para impulsar el proyecto durante la gestión del republicano.

Los reclamos contra el Parole in Place

Antes de la decisión definitiva de Campbell Barker, 16 estados gobernados por republicanos, incluido Texas, habían presentado una demanda alegando que la política les cuesta millones de dólares en gastos referidos a atención médica, educación y aplicación de la ley.

El juez de distrito ya había sido noticia a finales de agosto por suspender temporalmente el programa a raíz de una demanda presentada por una alianza de estados gobernados por republicanos, quienes argumentaron que viola la ley de inmigración al otorgar beneficios migratorios sin la autorización del Congreso a inmigrantes no autorizados.