Parlamento argentino crea comisión especial para investigar el escándalo de criptomoneda $LIBRA y sus responsables

En su segundo golpe consecutivo al Gobierno argentino luego de que el Senado le rechazó los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema la semana pasada, la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar la creación de una comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que tuvo al presidente Javier Milei como su primer promotor y ahora es investigado en los tribunales de la Argentina, Estados Unidos y España.

La iniciativa cosechó 128 votos positivos frente a 93 negativos (principalmente del oficialismo, Pro y la UCR) y 7 abstenciones. Por tratarse de una comisión a desempeñarse exclusivamente en la Cámara de Diputados, no es necesaria la aprobación del Senado. Según el proyecto, la comisión debería reunirse por primera vez el 23 de abril próximo.

De acuerdo a la resolución aprobada, la comisión tendrá como objetivo "investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivaron en pérdidas millonarias por parte de actores locales y extranjeros".

Los bloques de la Cámara Baja tienen plazo hasta el próximo viernes para proponer los miembros de la comisión, cuya integración debe definirse el 15 de abril para constituirse formalmente el 23 de abril.

Así fue el debate para la aprobación de la comisión especial investigadora

No solo eso: con los 131 votos afirmativos también lograron aprobar sendas interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Las interpelaciones se harán el 22 de abril a las 14.

La aprobación de este paquete de proyectos se logró luego de que los bloques opositores convocantes obtuvieron, con lo justo, el quorum necesario para arrancar la sesión. 

Pese a su estado de convulsión interna, el bloque de Unión por la Patria tuvo asistencia casi perfecta -se ausentaron por enfermedad 3 de sus 98 integrantes-, a los que se sumaron los restantes bloques promotores de la sesión especial: Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.

También aportaron al quorum tres diputados de la UCR -Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta, este último con un monobloque-, como así también Francisco Morchio (Encuentro Federal), quien responde al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. Este último jugó a dos puntas, ya que la diputada Marcela Antola, también entrerriana, no dio quorum. Tampoco lo hicieron sendos diputados que responden a Leandro Zdero (Chaco) y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El arranque de la sesión estuvo a cargo del radical Pablo Juliano, presidente de Democracia para Todos, promotor de crear una comisión investigadora.

“Estamos convencidos de que la sociedad argentina, cuando votó a Milei, lo hizo asqueada de un sistema político que solo busca beneficiarse. Pero qué paradoja, el 14 de febrero el presidente se lanzó a publicitar y a promocionar una cripto moneda que terminó defraudando a millones de personas en el mundo. El Congreso no debe mirar para el costado sino velar por el interés supremo de la Argentina de saber la verdad”, enfatizó.

Le respondió el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz. “Esta sesión para crear una comisión investigadora es un circo–replicó el diputado de (LLA)-. Lo que pretenden realizar es una intromisión al Poder Judicial. La oposición pretende que este Congreso se arrogue una facultad judicial. Si tanto les preocupa la República, respeten la división de poderes”.

Desde el radicalismo, Karina Banfi, adelantó que su bloque -que no dio quorum- rechazará la creación de una comisión investigadora y enfatizó que el asunto debería esclarecerse en el marco de la presentación del habitual informe de gestión que hará el jefe de Gabinete el miércoles próximo en la Cámara de Diputados. Esa convocatoria fue una jugada que pergeñó el oficialismo para intentar desbaratar la sesión de hoy.

“No estamos en contra de las comisiones investigadoras, todo lo contrario. Tenemos la vocación y la responsabilidad política de ejercer también como parlamentarios nuestro derecho de control hacia las cuestiones del Estado. Lo que sí creemos es que no es el momento de la oportunidad y conveniencia para tratar este tema, cuando la Justicia nacional e internacional está llevando este caso adelante la investigación. Por eso preferimos esperar y escuchar qué tiene para decir el Jefe de Gabinete”, enfatizó.

“Acá lo que se quiere revivir es un circo político, buscar estos espacios que no nos lleven a nada salvo para usarlo para las campañas electorales. Eso no ayuda a la institucionalidad, eso no fortalece la República”, arremetió.

Sin embargo, los bloques opositores más duros advirtieron que no aceptarán que el Gobierno argentino intente diluir las explicaciones sobre lo ocurrido con la estafa $LIBRA con la presentación que hará Francos el miércoles próximo sobre el estado de la gestión. Insistieron en que el mecanismo más adecuado, en estas circunstancias, es la interpelación, facultad que está contemplada en el artículo 71 de la Constitución Nacional.

“Acá necesitamos que venga el jefe de Gabinete, pero no con este engaño de la convocatoria habitual para dar el informe de la gestión. Que no venga a dar el informe: el jefe de Gabinete tiene que venir a ser interpelado”, enfatizó Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal. Propuso que la interpelación se realice un día antes de la presentación del informe de gestión, el martes próximo.

“Es nuestro deber exigir explicaciones -agregó, por su parte, Oscar Agost Carreño, colega de bancada de Pichetto-. No podemos permitir que el jefe de Gabinete venga cuando quiere, conteste preguntas por escrito en un procedimiento limitado, en una semana corta, como si fuera fulbito para la tribuna. No queremos fulbito para la tribuna: queremos algo serio”, enfatizó.

En la misma línea se pronunció Nicolás Massot. “Una explicación es necesaria y el gobierno voluntariamente no la ha sabido o no la ha querido dar. No hemos tenido ninguna explicación y eso reviste en sí mismo cierta gravedad Y más grave aún es que el gobierno no considere que tiene algo que esclarecer”, planteó Massot.

A su turno, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) advirtió que el presidente Milei, cuanto menos, habría incurrido en una violación de la ley de Ética Pública al promover con un tuit la criptomoneda $LIBRA; asimismo, antes que crear una comisión investigadora se mostró partidario de interpelar a los funcionarios presuntamente responsables de que Milei haya auspiciado, en sus redes, una criptomoneda que terminó en una estafa.

¿Cómo se gestó el escándalo de la criptomoneda $LIBRA?

Tras una publicación del mandatario el pasado 14 de febrero en la que promocionó $LIBRA, la divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias, lo que generó a continuación el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.

El mandatario dijo haber obrado "de buena fe" y enfatizó que había difundido la criptomoneda, pero sin promocionarla, al tiempo que se negó a asumir responsabilidad por los damnificados.

Moratoria previsional

Además de los proyectos relacionados con la estafa $LIBRA, la oposición incluyó en el temario las distintas iniciativas que procuran dar una solución al problema que generó el vencimiento de la última moratoria previsional, que permitía jubilarse a aquellas personas que cumplieron la edad de retiro pero no los 30 años de aportes que exige la ley.

La oposición no pretende que se apruebe alguno de estos proyectos pues, al no tener dictamen, requerirían una mayoría agravada de votos. En cambio, intentarán al menos emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, para que abra el debate sobre ambos temas.

El temario, viariopinto, también incluye un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el gobierno nacional, en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Además, se incorporó un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.