El gobierno de Nicaragua anunció este jueves su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en rechazo al informe de expertos del organismo que lo acusa de represión y de acabar con el Estado de derecho en el país centroamericano.
Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo. Foto:Presidencia de Nicaragua/ AFP
"Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites", dijo en medio oficialistas Rosario Murillo, copresidenta junto a su esposo, Daniel Ortega, de Nicaragua.
¿Qué dice el informe?
Este miércoles el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, dijo que el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, cuenta con una "amplia estructura" de vigilancia e inteligencia que identifica a funcionarios públicos, opositores y otras personas de interés a investigar,
La estructura está compuesta principalmente por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, y utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio", afirmó el Grupo en un informe presentado en Ginebra y compartido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Miles de exiliados en Costa Rica protestaron contra los comicios en Nicaragua. Foto:EZEQUIEL BECERRA / AFP
El objetivo: identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos, señaló el Grupo.
Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso a Nicaragua o despojar arbitrariamente de la nacionalidad, según el informe.
Entre otros hallazgos, dice la ONU, que el Ejército también desempeñó un papel central en la ejecución de las expulsiones de opositores y disidentes, y el jefe y miembros de la Dirección de Información para la Defensa se dedicaron a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno.