Los desafíos jurídicos y políticos que se abren tras apertura de investigación formal contra la campaña del presidente Gustavo Petro

La decisión de siete de los nueve miembros del Nacional Electoral (CNE) de iniciar una investigación formal y formular cargos a Gustavo Petro en calidad de candidato presidencial y altos cuatro miembros de su campaña del 2022 se convierte en todo un desafío jurídico y político para la institucionalidad del país.

Tras semanas de aplazamientos, este martes 8 de octubre el tribunal electoral, conformado por representantes de las principales fuerzas políticas, acogió en sala plena la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada que pedía investigar formalmente al entonces candidato y a su campaña presidencial por la presunta violación de los topes electorales para las dos vueltas presidenciales en al menos 5.300 millones de pesos.

El presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

Foto:Presidencia

En aras de la decisión, que el presidente Gustavo Petro descalificó este martes como el supuesto "inicio del golpe de Estado" en su contra, el CNE avanzará en una investigación formal contra el candidato (caso que de prosperar a una eventual declaración de responsabilidad pasará automáticamente a la Comisión de Acusación de la Cámara); el exgerente de la campaña Ricardo Roa ( hoy presidente de Ecopetrol); María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, tesoreras; y Juan Carlos Lemus Gómez, auditor. También se imputó a los partidos Colombia Humana y UP.

César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (‘la U’), Alfonso Campo (Conservador), Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde), Benjamín Ortiz y Altus Baquero (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) fueron quienes votaron para acoger la ponencia. Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico, se apartaron de la mayoría.

“Ha comenzado el golpe de Estado”, aseveró el presidente Petro minutos después de la decisión vía X. Y luego, en un discurso desde Antioquia hizo un nuevo llamado a la movilización del “pueblo” por la decisión del tribunal electoral.

“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia colombiana. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así. Lo advertí, pero no escucharon. Aquí no hay un pueblo arrodillado”, manifestó.

El mensaje lo reforzó posteriormente en X, donde dijo: “Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”. Además, habló de convocar al cuerpo diplomático “para explicar al mundo por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”.

No es la primera vez en la historia reciente que una ponencia por supuesta financiación ilegal contra la campaña de un presidente en ejercicio prospera. Ernesto Samper fue investigado por el escándalo conocido como el ‘Proceso 8.000’, por la filtración de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial. El CNE le imputó cargos, pero el proceso quedó en el aire por decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, la Fiscalía lo denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. El caso terminó con una polémica preclusión decidida por la mayoría cercana al Gobierno.

Mientras que la investigación no prosperó en los casos de Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht ni en el de Iván Duque por el de la 'Ñeñepolítica'. 

Pero esto no significa que Petro (de nuevo, en su condición de candidato) ni los alfiles de su campaña hayan sido declarados responsables de las presuntas irregularidades.

De hecho, es poco probable que antes de febrero del 2025 se esté llegando a una decisión definitiva en el caso, que puede resolverse a favor de la campaña en caso de que los investigados desvirtúen las pruebas del proceso que apenas se inicia formalmente.

Y en contravía con las declaraciones del Presidente Petro sobre una supuesta violación a su fuero, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional ha reiterado en recientes decisiones la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar las cuentas de todas las campañas políticas, incluidas las del presidente elegido.

Por ejemplo, la Corte Constitucional lo señaló desde mayo, pero hace poco más de un mes publicó un fallo relacionado con un conflicto de competencias entre juzgados. La Corte aseveró que de acuerdo con el mandato del artículo 265 de la Constitución y lo regulado por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 “el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la Campaña Presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente, frente al eventual trámite judicial posterior de una acción popular para reponer la agresión contra los intereses públicos presuntamente afectados por el eventual manejo inadecuado de dineros públicos”.

Mientras que el Consejo de Estado publicó un auto en agosto en el cual informó que CNE "es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República".

E insistió en que "es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza".

También es claro que si el proceso avanza a etapas de decisión, sus efectos en el caso del Presidente de la República corresponden única y exclusivamente a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que de hecho ya adelanta un caso contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña del 2022. Esa investigación está en etapa preliminar, en manos de representantes a la Cámara cercanos al jefe de Estado, como Alirio Uribe.

Gastos e ingresos no aclarados en las dos vueltas presidenciales

Para 2022, el CNE fijó los topes electorales en cerca de 28.500 millones de pesos para la primera vuelta y cerca de 13.300 millones de pesos para la segunda vuelta. Las pruebas recabadas en la ase previa a la investigación formal demostrarían que la campaña presidencial superó por 5.300 millones los gastos autorizados para primera y segunda vuelta.

En primera vuelta, la Campaña Petro Presidente reportó gastos por 28.384 millones de pesos; y 13.199 millones para la segunda vuelta.

Según el tribunal electoral, se detectaron al menos siete graves inconsistencias en las cuentas reportadas.

Por eso, imputó cargos por “omitir el aporte realizado por Fecode por la suma de 500 millones de pesos, omitir el reporte del préstamo realizado por el Polo Democrático por la suma de 500 millones de pesos, omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 900 millones de pesos, omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos, omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por la suma de 202 millones de pesos, omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 1.249 millones de pesos y omitir el reporte de los aportes realizados por la USO por valor de 101 millones de pesos”.

Ricardo Roa, cuya continuidad al frente de Ecopetrol sufre un nuevo embate, responde ante el CNE porque era el gerente de la campaña y, como tal, responsable legal del manejo de finanzas, que además certificaron las otras personas imputadas. El candidato responde debido a la reforma política que forzó el escándalo de Odebrecht hace ya ocho años, cuando el Congreso aprobó que para sancionar la recurrente violación de topes el aspirante incluso podría ver en riesgo la legalidad de su elección si se llegara a comprobar el exceso de gastos y de ingresos.

¿Qué sigue en el proceso?

Ahora procede la notificación del caso a los vinculados al proceso, donde se incluye al primer mandatario. Cuando ocurra esto comenzarán a correr los tiempos. Se darán 15 días hábiles para contestar a los cargos, etapa en la que se ejerce una primera defensa, que incluye petición de pruebas y su controversia. Luego se pasa a un término probatorio de 60 días y luego se termina con los alegatos de conclusión. La decisión final puede ser recurrida ante el mismo CNE ( y además demandada ante el Consejo de Estado, como máxima instancia administrativa), lo que aprieta los tiempos de cara a una eventual preclusión del proceso. El 29 de junio del 2025, si no hay decisión en primera instancia, el caso terminaría por preclusión: esto es, vencimiento de términos legales.

El presidente mencionó esto durante la posesión de una magistrada.

Foto:Presidencia

El Presidente Petro convocó al cuerpo diplomático para denunciar el supuesto intento por violar su fuero presidencial. Fuentes cercanas al Pacto Histórico no descartaron acudir a la acción de tutela para defender los derechos del Jefe de Estado y de sus electores, e incluso buscar medidas cautelares del Sistema Interamericano de Justicia, que ya en el pasado falló a favor del hoy mandatario en el caso de la destitución de la Procuraduría por el caso de las basuras en Bogotá.

Desafío político

Las instituciones colombianas vivirán en los próximos meses duras pruebas.

Por lo pronto, el precario futuro del Acuerdo Político que estaba impulsando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ve aún más complejo.

“Si bien el CNE opera bajo un mandato legal y constitucional, por lo demás reconocido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el oficialismo seguirá insistiendo en la narrativa del golpe blando, de la ruptura institucional y de la necesidad de movilizar a las bases para defender el mandato del presidente”, opinó el analista Gabriel Cifuentes. Cifuentes considera que la oposición, por por su parte, posiblemente “buscará inocular la idea de que el mandato del presidente es espurio y que carece de legitimidad".

Los analistas llaman a la calma y a permitir que las instituciones actúen según sus competencias y con pleno respeto de garantías. “Que las entidades competentes por orden constitucional investiguen de manera imparcial y respetando el debido proceso. No hay golpe de estado. Los demócratas debemos decirlo con claridad: el Presidente debe cumplir con su periodo constitucional. Ni un día más, ni un día menos”, dice el analista Fernando Posada.

Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado

"En modo alguno el CNE podrá tomar determinación sobre la finalización de periodo, o sanción disciplinaria o penal contra el presidente. Ello le correspondería al Congreso. Por eso la tesis del 'golpe blando' no tiene ningún asidero”, señaló, por su parte, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia a la Justicia.

Por lo pronto, la decisión del Consejo Electoral, que aún no se conoce en su integridad porque está en proceso de firmas, será respondida por el Gobierno con marchas. Así lo anticipó el presidente Petro, que llamó de nuevo a la calle aunque por ahora no hay una fecha definida para esa convocatoria.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO Y MATEO GARCÍA 

Redacción Política