Giro inesperado: el país africano que podría aceptar a los migrantes deportados de Estados Unidos

En su esfuerzo por luchar contra la inmigración ilegal, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la negociación con el gobierno de Ruanda para enviar al país africano a los migrantes deportados del territorio norteamericano.

Luego del primer envío de migrantes hacia una prisión de El Salvador, que estuvo en el centro de la polémica durante semanas, el gobierno estadounidense busca redoblar la apuesta. Pese a las complicaciones que representó esta acción, la administración Trump inició conversaciones con Ruanda para enviar allí a ciertos migrantes deportados, informó el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista, según NBC News.

En diálogo con el medio local Rwanda TV, Olivier Nduhungirehe reveló que las primeras conversaciones están teniendo éxito. "Estamos en conversaciones con Estados Unidos. Aún no hemos llegado a una etapa en la que podamos decir exactamente cómo se procederá, pero las conversaciones siguen en curso... aún se encuentran en sus etapas iniciales", explicó entonces.

Las declaraciones de Nduhungirehe despiertan nuevas preocupaciones para los grupos de defensa de los derechos humanos, que en ocasiones anteriores manifestaron su inquietud sobre el gobierno de 30 años del presidente Paul Kagame y el apoyo que ofreció a una rebelión violenta en el país vecino de la República del Congo.

En Estados Unidos, a pesar de las constantes afirmaciones sobre la "deportación masiva más grande de la historia", Trump deportó en el mes de febrero a menos migrantes que su predecesor, el demócrata Joe Biden, durante el mismo período de 2024.

El antecedente del país africano con las deportaciones

En 2022, el país africano firmó un acuerdo con el primer ministro británico Boris Johnson para recibir a criminales deportados del Reino Unido, pero su voluntad fue frustrada en reiteradas ocasiones por preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

El acuerdo finalmente fue desestimado por el primer ministro Keir Stramer tras la llegada al poder del Partido Laborista el año pasado, afirmando que el plan costó al Reino Unido aproximadamente US$929'000.000 y que solo cuatro personas fueron deportadas.