Latinoamérica, la principal región exportadora de alimentos, pero una de las que más sufre de hambre

Lorena Hernández conduce hasta un almacén de alimentos, donde llena su todoterreno con bolsas de puré de papas, botellas de jugo de frutas y cajas de brócoli congelado. Apenas queda espacio para que ella quepa tras el volante. Esa comida, proporcionada por la organización sin ánimo de lucro Bancos de Alimentos de Argentina, la lleva a un centro comunitario de Tigre, al norte de Buenos Aires, una población a la que turistas acuden en masa por sus tiendas de artesanías, restaurantes a orillas del río y excursiones en barco.

El centro comunitario se encuentra en una zona muy castigada de Tigre, de casas de ladrillo de una sola planta, donde los turistas no se aparecen y cuyos residentes suelen estar desempleados y hambrientos.

Allí, niños y niñas devoran panes y tazones de estofado de ternera ante la mirada de Hernández. Durante los 17 años que lleva visitando el centro comunitario, ha medido cómo está Argentina. Cuando las cosas van bien, la demanda de comida disminuye y los niños rechazan alimentos que no les atraen, como las lentejas. Pero en la actualidad, el lugar está siempre lleno. Y los niños ya no se ponen de quisquillosos. “Ahora lo devoran todo”, dice.

Escenas similares se repiten hoy en gran parte de América Latina. Aunque la región produce y exporta más alimentos que nunca, se enfrenta a enormes dificultades para alimentar a su propia población: se trata de la paradoja alimentaria.

América Latina se ha convertido en muchos sentidos en el granero del mundo. En las dos últimas décadas, el valor de sus exportaciones agrícolas aumentó un 500 %, alcanzando los $316.000 millones de dólares en 2022, el último año con datos completos y disponibles. Ninguna otra región tiene un excedente agrícola mayor. De ella procede más del 60 % del comercio mundial de soya, casi la mitad del maíz y más de una cuarta parte de la carne vacuna. También tres de cada cuatro aguacates proceden de América Latina, al igual que gran parte del café que se consume en el mundo.

Al mismo tiempo, alrededor del 28 % de las personas en América Latina y el Caribe sufren hoy de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que carecen de acceso regular a suficientes alimentos saludables y nutritivos para una salud y un desarrollo normales. Esta cifra es inferior a la máxima registrada durante la pandemia del covid-19, pero sigue siendo seis puntos porcentuales superior a la de 2014, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida como FAO). Esto significa que 48 millones de personas adicionales sufren inseguridad alimentaria en comparación con hace una década.

La paradoja alimentaria indigna a gente como Martín Caparrós, escritor argentino y autor de Hambre, un célebre y galardonado análisis centrado en por qué tantas personas pasan hambre en un mundo de abundancia. Ha calificado a Argentina de “un caso extremo de una situación muy vergonzosa”.

Sin embargo, el fenómeno afecta a toda la región y está íntimamente ligado a los recientes altibajos económicos. América Latina avanzó considerablemente en la reducción de la pobreza y el hambre durante la próspera década de 2000, pero varias de las mayores economías, como Argentina y Brasil, sufrieron graves recesiones a partir de mediados de 2010, mientras que Venezuela estuvo al borde del colapso. Luego llegó el covid-19, que golpeó con especial dureza a la región, donde las consecuencias del desempleo, inflación y hambre aún se dejan sentir.

“Perdimos 15 años con el covid,” explicó a Americas Quarterly (AQ) Máximo Torero, el economista jefe de la FAO. “Es decir, los niveles de hambre que tenemos hoy son los mismos de hace 15 años”.

"Los niveles de hambre que tenemos hoy son los mismos de hace 15 años”.

La buena noticia es que gran parte de América Latina está retomando poco a poco el camino correcto. De México a Colombia, pasando por Brasil, los presidentes han declarado que la lucha contra el hambre es una prioridad absoluta. Agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones privadas están ideando formas, a menudo novedosas, de hacer llegar una mayor variedad de alimentos nutritivos a un mayor número de personas. El objetivo es crear un mejor granero, una América Latina capaz de alimentar al mundo y, al mismo tiempo, proporcionar seguridad alimentaria a su propia población.

Misión rescate

Gran parte del trabajo va mucho más allá de la mera distribución de alimentos a los más necesitados.

En La Plata, capital de provincia a 56 kilómetros al sureste de Buenos Aires, Sebastián Laguto, voluntario de un banco de alimentos de la zona, visita a los agricultores de las afueras de la ciudad para recuperar naranjas, espinacas y otros productos que presentan malformaciones, ligeras magulladuras o están un poco pasados. Las empresas alimentarias y los supermercados suelen rechazar estos productos, aunque sean perfectamente comestibles. El gobierno argentino calcula que la mitad de las frutas y verduras del país acaban en el vertedero, un porcentaje similar al de muchos otros países.

“La comida desperdiciada podría resolver el problema del hambre. La verdad es que hay suficiente para todos” dijo Laguto a AQ.

Uno de los donantes habituales del banco de alimentos de La Plata es Nicolás Marinelli, un agricultor de la zona. Le encanta trabajar la tierra negra y rica, pero la imprevisibilidad de la agricultura le ha pasado factura. Una temporada de calor hizo que maduraran en exceso 1.800 kilogramos de brócoli, por lo que los compradores sólo se llevaron 113 kilogramos. Más recientemente, un viento frío arrancó las hojas verdes y blancas de sus acelgas, haciéndolas impresentables para los supermercados. “Pero no han perdido ninguno de sus nutrientes”, dice encogiéndose de hombros, señalando que al menos el banco de alimentos acepta sus productos imperfectos.

Argentina no puede permitirse el lujo de desperdiciar más alimentos. El año pasado, la inflación se disparó por encima del 200 %, dejando a mucha gente con dificultades para llegar a fin de mes. Desde que el presidente Javier Milei asumió el poder en diciembre, su gobierno ha devaluado el peso, recortado la plantilla del gobierno y reducido las subvenciones a la electricidad y el transporte público. Esto ha bajado la inflación, pero ha contribuido a un aumento de la pobreza, al menos por ahora. Según Unicef, alrededor de 1.5 millones de niños argentinos carecen de al menos una comida al día.

Los Bancos de Alimentos de Argentina, que incluye el de La Plata, se fundaron en 2001, durante la peor crisis económica del país. La red cuenta ahora con 20 dependencias de alimentos en todo el país, que distribuyen restos de productos y comestibles donados por agricultores, empresas alimentarias y supermercados, a unos 4.500 grupos comunitarios. La financiación procede de varias fuentes, entre ellas la Fundación Citi.

Una de las beneficiarias es Daniela Sussani, una madre soltera de 19 años que vive en las afueras de Buenos Aires y actualmente está desempleada. Las estanterías del apartamento que comparte con su madre a veces están vacías. Así que, en lugar de darle a su hijo la comida sólida que necesita, a veces intenta amamantarlo para que se duerma. “Si come, duerme toda la noche. Pero si no, se despierta todo el tiempo”, comenta Sussani.

Obstáculos

Esta situación de hambre e inseguridad alimentaria que vive América Latina evitará probablemente que la región no alcance los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que apuntan a eliminar estos dos problemas para 2030.

Uno de los retos es el precio. Según la FAO, el costo de una dieta sana en América Latina y el Caribe es hoy, en promedio, más alto que en cualquier otra región del mundo. Esto se debe en parte al costo excepcionalmente elevado de las importaciones de alimentos en las naciones caribeñas.

José Graziano, ex director general de la FAO que ayudó a diseñar el elogiado programa brasileño Hambre Cero a principios de la década de 2000, señaló que el impulso de la región para la exportación de productos agrícolas básicos puede hacer subir los precios de esos mismos alimentos básicos en su propio país. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo. Pero el país a menudo no tiene suficiente para el consumo local y acaba importando el grano, lo que encarece los precios para los brasileños. “Es un sistema perverso”, lamenta Graziano.

“América Latina tiene ahora el doble de personas que padecen obesidad en comparación con las que pasan hambre”.

Debido a que muchas personas recurren a alimentos baratos y procesados que tienen una vida útil prolongada y pueden sobrevivir a largos trayectos hasta aldeas remotas de la selva y la montaña, el número de personas con sobrepeso y obesidad está aumentando paralelamente. Según Eugenio Díaz-Bonilla, asesor especial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, “América Latina tiene ahora el doble de personas que padecen obesidad en comparación con las que pasan hambre”.

También es culpable el cambio climático, que contribuye a las malas cosechas y a la propagación de hongos, como la roya del café y el Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), que ataca a los plátanos. La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 elevó los precios de los fertilizantes, poniéndolos fuera del alcance de muchos pequeños agricultores de América Latina. Eso significó menores rendimientos y precios más altos en los supermercados.

Otro factor es el número sin precedentes de personas de toda la región que hacen las maletas y se marchan. El caso más dramático es el de Venezuela, donde casi una cuarta parte de la población ha huido al extranjero en medio de la debacle económica del país.

“El desplazamiento de personas conlleva a la pérdida de acceso a los alimentos y a la protección social”, afirmó Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria y nutrición en Venezuela. “Esto está ocurriendo en toda América Latina”.

Ante tales retos, algunos gobiernos han actuado con lentitud o se han visto atrapados en otras crisis —como la violencia de los grupos criminales y las catástrofes naturales— como para prestar toda su atención a la seguridad alimentaria.

Tomemos el caso de Perú. El país va en su séptimo presidente en los últimos siete años. Esto ha supuesto una alternancia en la cúpula de los ministerios del gobierno, lo que ha dificultado enormemente la ejecución de programas coherentes de protección social. Actualmente, 51 % de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria. Hace una década, ese porcentaje era del 38 %.

“Si preguntas: ¿Quién es responsable de la seguridad alimentaria en Perú?, la respuesta es: nadie”, declara Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre 2011 y 2013.

Por otro lado, varios programas gubernamentales de distribución de alimentos se han visto afectados por robos, sobornos y delincuencia organizada. El caso más infame involucró a Alex Saab, un empresario colombiano que suministró alimentos para un programa de distribución de alimentos básicos en Venezuela conocido como CLAP. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Saab, alegando que utilizó contratos sobrevalorados del CLAP para “saquear cientos de millones de dólares de venezolanos hambrientos”. Además, era comida de mala calidad. Un análisis químico de la leche en polvo del CLAP demostró que, para obtener su dosis diaria de calcio, los niños habrían tenido que tomar hasta 41 vasos del producto.

En México, la fiscalía ha imputado a unas 90 personas de Segalmex (la agencia gubernamental de seguridad alimentaria), en una investigación sobre la presunta malversación de más de $500 millones de dólares. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció en su discurso de investidura en 2022 que la lucha contra el hambre sería su principal prioridad. Pero su gobierno se ha visto debilitado por un creciente escándalo de malversación de fondos en torno a la compra de camiones cisterna con precios excesivos para suministrar agua potable a aldeas indígenas pobres. “Petro habla todo el tiempo del hambre, pero no ha hecho gran cosa”, dijo Felipe Roa-Clavijo, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de los Andes.

En Argentina, Milei suspendió temporalmente la distribución de alimentos públicos a comedores sociales para investigar la presunta corrupción del gobierno anterior. En mayo estalló un nuevo escándalo cuando se descubrieron 5.000 kilos de leche, harina de maíz, frijoles y otros alimentos básicos a punto de caducar en almacenes públicos de Buenos Aires y Tucumán.

Tablas nutricionales

Los expertos afirman que los gobiernos latinoamericanos deben dar prioridad a la seguridad alimentaria y aumentar el gasto en programas que hayan tenido éxito, como las campañas de alimentación escolar. También deben reorganizar los programas existentes —como las ayudas monetarias y alimentarias— y utilizar herramientas como la política fiscal y la normativa nutricional para promover una alimentación más sana.

“Se necesita una estrategia global y hay que financiarla. De lo contrario, es sólo una lista de deseos”, dijo Díaz-Bonilla, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Muchos países han adoptado las transferencias monetarias condicionadas, las cuales impulsan a que los padres a inviertan en sus hijos manteniéndolos en la escuela y haciéndoles revisiones médicas y vacunaciones, a cambio de estipendios mensuales que permiten comprar, entre otras cosas, más alimentos a las familias. América Latina fue pionera en los programas de transferencias monetarias. México fue el primero que lo puso en marcha en 1997. Pero necesitan un reajuste. "Hoy utilizamos las mismas herramientas que hace 10 años, pero la pobreza y el hambre son diferentes” afirma Trivelli, ex ministra peruana.

"Hoy utilizamos las mismas herramientas que hace 10 años, pero la pobreza y el hambre son diferentes”

Por ejemplo, los habitantes pobres de las zonas rurales siguen emigrando a las ciudades latinoamericanas. Estos recién llegados tienden a mudarse con frecuencia y a alternar entre empleos informales, lo que hace más difícil que puedan registrarse para recibir transferencias de efectivo y otras ayudas.

La vivienda, el pasaje del bus, el fácil acceso al alcohol y la extorsión de las bandas criminales encarecen las ciudades, aunque los estipendios a menudo siguen estando indexados al costo de la vida en el campo. “Es mucho más difícil hacer frente a la pobreza urbana que a la rural”, aseguró Graziano, ex director general de la FAO.

También es necesario introducir ajustes en el sistema porque las transferencias no siempre van a parar a los bolsillos de los más necesitados. Según un estudio de la ONU publicado el año pasado, algo más de la mitad de los beneficiarios de transferencias monetarias en América Latina viven por encima del umbral de la pobreza.

Ese fue el caso de México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó programas de bienestar social que existían desde hacía tiempo en favor de otros nuevos para ayudar a los ancianos, los jóvenes desempleados, los agricultores y las personas con discapacidad. Pero los más pobres de México acabaron recibiendo una proporción menor del gasto social, según datos gubernamentales recopilados por Associated Press. Y la pobreza extrema aumentó.

Las ayudas gubernamentales también pueden impedir que los funcionarios vean el panorama general. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las transferencias de efectivo pueden generar votos. Pero no deben suplantar a proyectos que puedan tener más impacto, afirmó Ignacio Gavilán, director de asociaciones de sistemas alimentarios de la Red Global de Bancos de Alimentos, que trabajó durante años en América Central y del Sur. “En la selva tropical del Petén, en Guatemala, todo el mundo bebe Pepsi porque el agua no es potable. El gobierno prefiere dar subvenciones a construir sistemas de agua”, señaló.

Para promover dietas más sanas y hacer llegar más dinero a los pequeños agricultores, los organismos públicos colombianos tienen el mandato de comprar directamente alimentos frescos a los productores locales. De este modo se eliminan los intermediarios, que pueden llevar estos productos a mercados lejanos, pero que pagan precios más bajos a los agricultores. También, el Congreso colombiano ha aprobado exenciones fiscales para las empresas que hagan donaciones a los bancos de alimentos.

Torero, economista Jefe de la FAO, dijo que para progresar es necesaria una mejor coordinación, refiriéndose a las enormes sumas malgastadas en proyectos que se superponen por parte de los organismos multilaterales. Muchos de ellos, sin darse cuenta, terminan “financiando la misma cosa en el mismo país”.

La piscicultura es una forma relativamente barata y eficaz de producir proteínas. Pero Torero dijo que los países también deben mejorar el almacenamiento y el transporte en cadena de frío para que el pescado y otros productos perecederos puedan llegar a más personas en zonas remotas.

Para evitar duplicidades, los gobiernos podrían engranar la ayuda en caso de catástrofe con los programas alimentarios habituales. En la mayoría de los países, la responsabilidad de la nutrición y la seguridad alimentaria está repartida entre los ministerios de agricultura, sanidad y protección social, lo que a menudo genera confusión e inercia. “Los gobiernos podrían nombrar un zar de la alimentación para coordinarlo todo”, propone Trivelli.

También hay lecciones que aprender de Brasil, que saltó a los titulares mediáticos a principios de la década de 2000 por sus fructíferos esfuerzos para reducir la pobreza y el hambre bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese país recurrió a una combinación de sólidas transferencias de efectivo, alimentación escolar y otros programas, a la vez que creaba una completa base de datos de familias en situación de riesgo. Según Mary Arends-Kuenning, demógrafa económica de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign que ha llevado a cabo numerosas investigaciones en Brasil, este registro nacional único permitió a los organismos gubernamentales ampliar rápidamente la asistencia durante la pandemia del covid-19 y otras emergencias.

“El hambre no es normal. Es, sobre todo, el resultado de decisiones políticas”

Cuando el año pasado Lula regresó a la presidencia para un tercer mandato, retomó las cosas donde las había dejado. Restableció el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, prohibió los alimentos ultraprocesados en el programa de alimentación escolar y aumentó el gasto destinado a ese programa en un 35 %.

Destinar más dinero a la lucha contra el hambre tiene sentido desde el punto de vista económico. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos concluyó que a los países les costaría el 1.5 % de su PIB anual proporcionar alimentos sanos a las personas necesitadas. En cambio, el costo de no hacer nada —en términos de atención sanitaria y pérdida de productividad— sería del 6.4 % del PIB.

Lula respaldó este planteamiento en una cumbre celebrada en julio en Río de Janeiro, en la que propuso formar una alianza mundial contra el hambre. “El hambre no es normal. Es, sobre todo, el resultado de decisiones políticas”, pronunció en su discurso.

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Yanet Lozano no sabe a quién culpar. Madre soltera de tres niños pequeños, gana $400 dólares al mes limpiando casas en los barrios más elegantes de Tigre, pero dice que la inflación hace casi imposible mantener a su familia alimentada. Tendiendo la ropa en el patio de su casa durante su día libre, Lozano, de 31 años, dijo: “Este país produce tanto, pero todo es demasiado caro”.

Su humor mejora cuando se habla del centro comunitario que dirige Lorena Hernández, situado a unas manzanas de distancia. En su cocina, los cocineros transforman papas, pasta, zanahorias y otros alimentos suministrados por los Bancos de Alimentos de Argentina en platos sencillos, pero nutritivos.

A veces, Lozano manda a sus hijos a la cama sólo con té y pan, pero al menos reciben una comida sólida. Y añade: “No sé qué haríamos sin él”.

JOHN OTIS (*)

Americas Quarterly

(*) Escritor y periodista residente en Colombia. Antes fue jefe de la oficina para Sudamérica del Houston Chronicle.