¿Las reformas de autonomía regional en Colombia son viables fiscalmente? Esto dice estudio

Uno de los principales debates alrededor de las iniciativas que hoy se están moviendo en Colombia con el propósito de lograr una mayor autonomía regional es sobre su viabilidad fiscal y su sostenibilidad en el tiempo.

Este fue uno de los ejes clave de la Constitución Política de 1991, pero con el paso de los años y debido a la incapacidad de las regiones para administrar adecuadamente los recursos, se dio marcha atrás a lo establecido en la carta magna, y el nivel central volvió a manejar una gran parte del presupuesto de la Nación.

Sin embargo, en los últimos dos años ha resurgido el clamor por la autonomía regional. Ya el Congreso aprobó el año pasado una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aumentando las transferencias de la Nación a las regiones del 23,5 % al 39,5 %. Solo falta que se apruebe una ley de competencias que defina qué tareas quedarán en el nivel central y cuáles serán transferidas a las regiones.

Además, de la mano del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, nació un referendo que, hasta ahora, ha entregado más de 3 millones de firmas a la Registraduría. En este referendo, se busca que los colombianos, en las urnas, decidan si quieren que los impuestos de los departamentos se queden allí y sean administrados por las gobernaciones. En el caso de las regiones con menores ingresos, se establecerá un fondo común para que nadie reciba menos de lo que hoy le corresponde.

Qué dicen los estudios sobre las reformas

Ya existen estudios que arrojan luces sobre lo que le espera al país. Según un informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Universidad Eafit, la economía podría tener una reacción positiva, siempre y cuando las funciones de cada uno de los niveles de Gobierno estén claramente definidas. 

“La asignación de mayores recursos a las regiones puede convertirse en un motor de desarrollo para todo el país. La mayor eficiencia en su uso, tomando como base el cumplimiento del principio de subsidiariedad, favorecerá no solo el crecimiento regional, sino también el agregado, y por esta vía, otras variables de interés como el empleo”, señala el estudio ‘Efectos económicos de las propuestas de descentralización fiscal en Colombia’.

Por ejemplo, el estudio indica que, al analizar el aumento de los recursos que llegan a las regiones, se prevé un leve aumento del PIB, según las expectativas actuales con las reglas de juego actuales. “Mientras que en el escenario base, donde se mantiene el actual esquema de SGP, se proyecta una tasa de crecimiento promedio del PIB total del 3,05 % entre 2026 y 2035, la implementación de la reforma permitiría un crecimiento promedio anual del 3,2 %. Asimismo, se proyectan disminuciones en la tasa de desempleo de cerca del 0,5 %”.

Pero los efectos positivos, señala el estudio, solo serán posibles si hay una adecuada distribución de las competencias y si los responsables ejecutan las tareas de manera efectiva. 

“Es posible adoptar medidas de descentralización que no perjudiquen a nadie, pero que permitan a los territorios solucionar sus brechas sociales. Debemos diseñar una reforma sustancial que otorgue más recursos a los departamentos, les transfiera competencias acordes y fomente el desarrollo de planes regionales para impulsar la producción”, señaló Jesús Botero, profesor emérito de la Universidad Eafit.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política