Las primeras alzas del año y su impacto en el bolsillo

El 2025 comienza con el incremento de diferentes bienes y servicios básicos que podrían poner más presión a la economía de las familias, sobre todo a las de menores recursos, en medio de una situación de incertidumbre presupuestal que tiene en veremos al actual sistema de subsidios.

Si bien el Gobierno decretó un alza de 9,53 por ciento para el mínimo de este año pasó de 1,3 a 1,42 millones de pesos más el auxilio de transporte de 200.000 pesos, este aumento solo beneficiará a unos 3,7 millones de personas que ganan este salario en Colombia, además de los pensionados que también reciben ese valor.

Esto porque, de un lado, hay más de 10 millones de personas en la informalidad que no llegan ni a recibir este ingreso y, del otro, los empleadores no tienen la obligación de subirles el sueldo a los trabajadores que ganan más de ese valor. Lo que suelen hacer algunas empresas para que las personas no pierdan su poder adquisitivo es ajustar de manera voluntaria los salarios sobre la base de la inflación, un dato que se conocería el 9 de enero y que los expertos estiman que llegue a alrededor de 5,2 por ciento.

No obstante, todos tendrán que hacer frente desde ya, o en algunos casos puntuales en los próximos días, a una serie de alzas de precios que están indexadas a ese aumento del mínimo, a la inflación, a la Unidad de Valor Tributario (UVT) –medida utilizada que permite calcular impuestos y que para el 2025 quedó en 49.799 pesos– o a la Unidad de Valor Básico (UVB) –nació para mitigar el impacto de la inflación y será de 11.552 pesos–.

Lo que sube

Los ajustes de comienzo de año afectan a sectores como el del transporte. No solo subirán los pasajes en las diferentes ciudades, como por ejemplo Bogotá, donde el valor del TransMilenio será de 3.200 pesos, un 8,47 por ciento más que en 2024, a partir del 18 de enero. Además, el Gobierno anunció que en el 2025 habrá tres alzas en las tarifas de los peajes que estaban congeladas para poder mitigar el impacto en el aumento del costo de vida.

El primer aumento de 2,7 por ciento se materializó este 1.º de enero y corresponde al 60 por ciento del valor pendiente de normalizar de la inflación de 2023, que fue de 9,28 por ciento. El segundo vendría a partir del 16 de enero y sería el dato de inflación del 2024 y el tercero se haría en abril y completaría esa inflación de hace dos años (1,9 por ciento).

Mientras que gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) han aplaudido esta medida por fomentar “la estabilidad del modelo en el que la participación pública y empresarial se complementan de cara a la construcción, operación y mantenimiento de las vías”, otros como la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) dicen que impactaría a los propietarios de los camiones, quienes también se están enfrentando al encarecimiento del diésel.

Hay que recordar que tras el paro camionero que se realizó los primeros días de septiembre el Gobierno acordó con ellos subir 800 pesos el precio del galón del ACPM y no 1.904 pesos como se había decretado. El acuerdo fue que este incremento se realizaría en dos momentos: 400 pesos de manera inmediata y otros 400 pesos el 1.º de diciembre.

Adicional a ello, en ese momento se suspendieron los dos aumentos de 2.000 pesos que se pretendían adelantar en el 2025 hasta lograr una serie de transformaciones estructurales en el sector. Entre otros, se pidió revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC), el cual controla los fletes; y analizar la fórmula con la que se calcula el precio de los combustibles.

Sin embargo, los camioneros dicen que los acuerdos no se han logrado y le están lanzando un ultimátum al Gobierno: si anuncia más alzas, irán de nuevo a huelga. “No se llamó a la mesa técnica acordada para revisar la política. Pedimos suspender las alzas hasta que se logren las transformaciones estructurales. (…) Si no tenemos soluciones claras y contundentes por parte del Gobierno, declararemos la hora cero para un cese de actividades”, alertaron a través de una carta conjunta con otras asociaciones camioneras.

No obstante, la ministra del Transporte, María Constanza García, aseguró en su cuenta de X que en los tres meses de trabajo que llevan con las bases camioneras sí ha habido avances. Por ejemplo, mencionó que se han emitido dos resoluciones para actualizar el Sice-TAC y el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

De momento, debido a las indexaciones habituales de cada inicio de año de algunos componentes en la estructura de precios, los ministerios de Minas y Energía, Transporte y Hacienda anunciaron que a partir del 1.º de enero el precio del diésel tendrá un ajuste de 169 pesos, hasta los 10.725 pesos. Entre tanto, la gasolina se ajustó en 91 pesos, hasta los 16.085 pesos.

Otros aumentos

Con el nuevo año también hay otros ajustes en temas de salud como los copagos y las cuotas moderadoras que se pagan a las entidades prestadoras de salud (EPS). Para este año, las personas que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales deberán cancelar 4.700 pesos, los que reciben entre dos y cinco aportarán 19.200 pesos, y los que cobran más de 5 salarios mínimos tendrán que aportar 50.300 pesos.

Adicional a ello, también tendrán un incremento de precio los trámites notariales o las multas. Por ejemplo, las infracciones tipo A como no transitar por la derecha de la vía cuestan cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que para este año representa 189.800 pesos; las tipo B, entre las que están no llevar la licencia de conducción, ir sin placas o no pagar el peaje, tienen ahora un valor de 379.600 pesos; las tipo C, como estacionar en sitios prohibidos o no usar el cinturón de seguridad, llegan a 711.750 pesos, y las D, entre las que están conducir sin Soat vigente o ir del lado contrario, ascienden a 1’423.500.

Igualmente, la Superfinanciera anunció ajustes en el precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) a partir del 1.º de enero. La entidad dispuso que las categorías con rango diferencial subirán un 5,81 por ciento; sin embargo, el resto tendrá una disminución de 8,68 por ciento. Así, por ejemplo, se propone que los ciclomotores paguen 117.900 pesos este año, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos (c. c.), un valor de 243.000 pesos; entre 100 y 200 c. c., de 326.300 pesos, y las de más de 200 c. c., de 758.300 pesos.

Finalmente, otro de los precios que suelen subir por estas fechas con el dato de la inflación del año anterior es el menú ejecutivo, mejor conocido como ‘corrientazo’, que ofrecen en los lugares de almuerzo.

¿De cuánto será el golpe de los arriendos?

Las personas que viven en arriendo también están a la expectativa de conocer cuánto más tendrán que pagar este año por el apartamento o vivienda en la que residen.

La buena noticia es que luego de varios años de altos incrementos –el año pasado fue de 9,28 por ciento y el anterior, 13,1 por ciento– , la subida del 2025 sería menor gracias a la caída que ha tenido en los últimos meses la inflación.

El índice de precios al consumidor (IPC) que mide el Dane –dato por el cual se rige cada año la subida del arriendo– ha experimentado una disminución gradual hasta ubicarse en noviembre en 5,20 por ciento, la tasa más baja registrada en el país desde octubre del 2021.

El dato de cierre de año se conocerá el próximo 9 de enero y los analistas esperan que se ubique en niveles similares. Además, hacia adelante, el centro de pensamiento Fedesarrollo espera que la inflación siga descendiendo y quede en 4,02 por ciento en este 2025.

Esta situación, en principio, podría llevar a que el Banco de la República siga reduciendo las tasas de interés de política monetaria, que en la actualidad están en 9,5 por ciento. Sin embargo, hay alertas por las presiones que podría tener la inflación por cuenta del aumento de 9,53 por ciento del salario mínimo.

Desde la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) recuerdan que el aumento del arriendo no es automático en enero, sino que se hace efectivo al completarse un año de haber firmado el contrato de arrendamiento, es decir, podría darse incluso a finales del 2025.

Adicional a ello, si el arrendador de vivienda urbana incrementa el canon por encima de lo establecido en la ley, el arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto al cobro de sanciones económicas.

Hoy en día, según Fedelonjas, en el sector residencial aproximadamente el 40,2 por ciento de los colombianos viven en arriendo, lo que equivale a cerca de 7 millones de hogares. Además, dice que de cada 100 contratos que se celebran en Colombia, 57 son verbales.

Noelia Cigüenza Riaño

Subeditora de Economía y Negocios