Las minas siguen sembrando terror en el país y cada vez hay más personas expuestas

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Reportero gráfico - Enviado Especial de EL TIEMPO a Caquetá | Redacción Política

23 de marzo 2025, 10:33 P.M. Actualizado:23.03.2025 22:33

Las minas antipersona siguen siendo una grave amenaza en Colombia, afectando tanto a militares como a civiles.

El soldado profesional Vladimir Golu Solarte retrocede despacio mientras no pierde de vista la estaca que marca la posición de la mina, a la que, hace apenas unos instantes, le retiró la tierra que la rodeaba. Un paso en falso en medio de la selva espesa puede significar la pérdida de una de sus extremidades o de su propia vida, por lo que hacer ese protocolo con precisión es clave. Solo cuando se encuentra a una distancia segura, lo suficientemente lejos para evitar la onda expansiva, la carga colocada bajo el artefacto es detonada.

La mina que los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario n.° 5 acaban de detonar en Montañita, Caquetá, es solo una de las muchas que los grupos armados ilegales continúan instalando en todo el país y que siguen cobrando víctimas mortales. Solo en 2024, según datos de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma), en Colombia se destruyeron 302 minas, 103 municiones sin explosionar y 137 explosivos improvisados, sumando un total de 542 artefactos neutralizados.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, el número de artefactos destruidos asciende a 3.590 en un periodo de seis años. Y es que, lejos de ser un problema del pasado, las minas antipersonal siguen marcando la vida cotidiana de miles de comunidades en regiones apartadas. Según el informe anual de Unmas (Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas), el número de personas en riesgo por artefactos explosivos en el país ha aumentado de forma constante desde 2021. Ese año, en plena pandemia, la cifra era de 268.319 personas; para 2024, la cantidad se ha más que duplicado, alcanzando las 607.910 personas en peligro.

Si bien el número de víctimas ha disminuido desde 2020, y el país está lejos de los 1.224 casos de muertos o heridos registrados en 2006 —el año con más incidentes—, las cifras siguen siendo preocupantes. Alcanzar los niveles de 2017, cuando tras la firma del acuerdo de paz solo se reportaron 59 episodios, parece cada vez más difícil. En 2024, por ejemplo, hubo 104 víctimas, de las cuales cuatro perdieron la vida. Y en lo que va de 2025, según datos de Aicma, ya se han registrado 28 incidentes, con un saldo de un fallecido.

Una de las personas que cayó en una mina y vivió para contarlo es Arley Cardozo, un soldado de 23 años oriundo de Florencia, Caquetá. Hace poco más de un mes, el 20 de febrero, su unidad realizaba operativos de destrucción de laboratorios de narcotráfico en el municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando se enfrentaron en combate con un grupo armado ilegal. Eran las 8:30 de la mañana cuando, mientras avanzaba por una trocha junto a otros soldados, pisó una mina. Lo que vio en ese instante es una imagen que aún no puede borrar de su mente. “Cuando me miré, ya no tenía el pie; casi me desangro porque hasta me afectó un testículo. (…) En ese momento, solo podía pensar en mi hermano y mi papá”, relata el soldado.

Lo que vino después es difícil de describir para el soldado: el impacto de la mina, el estruendo de las balas y los gritos de sus compañeros se mezclan en su mente. Sin embargo, hay un momento que jamás olvidará: la cirugía en la que le amputaron lo que quedaba de su pierna derecha. “Me operaron el 22 en Cúcuta, ese día me mochan la pierna”, relata con crudeza.

Desde que se tienen registros de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar, 7.434 miembros de la Fuerza Pública han resultado afectados, lo que representa el 59 % de los casos documentados. De ellos, 1.460 han perdido la vida en distintas circunstancias, siendo los departamentos más impactados Antioquia (219), Meta (157), Tolima (142), Arauca (137) y Caquetá (98).

Varios de los heridos llegan al Batallón de Sanidad ‘Soldado José María Hernández’, perteneciente a la Brigada Logística n.° 1, donde son recibidos por el teniente coronel Jairo Alberto Álvarez Carvajal. De carácter firme, pero con una notable capacidad para infundir ánimo en los jóvenes soldados que enfrentan amputaciones, Álvarez Carvajal entiende su dolor mejor que nadie. El 13 de mayo de 2009, en zona selvática de San Vicente del Caguán, también en Caquetá, una mina antipersonal le arrebató su pierna izquierda.

“Es un milagro de Dios estar vivo. Esa prótesis representa volver a nacer, volver a vivir, porque ese día pudo haber sido el último de mi vida”, cuenta mientras mira con atención la primera prótesis que tuvo que utilizar para caminar, aquella que durante los primeros usos le tallaba. Desde su cargo, Álvarez trabaja junto a un equipo multidisciplinario para apoyar a los uniformados que han sido víctimas de lo que describe como el “soldado perfecto”. “No come, no duerme, no se enferma y siempre está vigilante. No distingue ni color, ni sexo, ni rango ni estado. Solo espera el momento para activarse y atacar”, agrega.

En el Batallón de Sanidad, el teniente coronel les ofrece a los jóvenes soldados atención médica, psicológica y oportunidades de educación. Además, se promueve en ellos el deporte como una herramienta clave en la recuperación.

Un tormento para civiles

En los 5.106 episodios restantes registrados por Aicma, las víctimas han sido civiles. Uno de ellos es Alonso Ramírez Guaca, un hombre nacido en Florencia hace 60 años. El 24 de mayo de 1994, en la vereda Las Ilusiones, municipio de Cartagena del Chairá, Alonso tenía una cita a las 11 de la mañana para jugar un partido de fútbol. Durante el entretiempo, caminó unos metros para beber agua de una fuente cercana y luego avanzó unos 20 metros más para orinar, sin imaginar que en segundos su vida cambiaría para siempre.

“Ahí explotó la mina antipersonal, yo mismo la activé y no me acuerdo de más. Como a los 30 días desperté y ya me encontraba en una cama. Yo fui atendido por el grupo armado. No tuve quien me prestara los primeros auxilios en el momento del accidente, no tenía amigos, solo los que estaban jugando conmigo ese día. En ese tiempo, yo era raspachín”, narra Alonso Ramírez Guaca.

Aunque han pasado 30 años desde aquel episodio, el miedo a caer en una zona contaminada con explosivos sigue latente para muchas comunidades en Caquetá. En este departamento, la Brigada de Desminado Humanitario continúa realizando operaciones de eliminación de minas, con el objetivo de devolver la seguridad a un territorio que, durante décadas, ha sido epicentro de la violencia.

Este departamento, particularmente en los municipios de Cartagena del Chairá y Solano, es escenario de una cruenta guerra entre el frente ‘Jhon Linares’, perteneciente al bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ y comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y el bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Mordisco.

Según la Alerta Temprana 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, en medio de la disputa por el control territorial, estos dos grupos han recurrido al uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, poniendo en riesgo a las comunidades de la región.

Uno de los miembros de la Brigada de Desminado Humanitario que no solo debe lidiar con la presencia de minas, sino también con la constante amenaza de estos grupos armados, es el soldado Golu Solarte. Lleva 9 años en esta unidad y ya perdió la cuenta de cuántas minas ayudó a desactivar. Nació en Santander de Quilichao (Cauca) y, desde muy joven, tuvo claro que quería ser militar, aunque jamás imaginó que terminaría en una unidad que no porta armas y cuyo equipo de protección es un pesado traje azul que alcanza los 8 kilos.

Los nervios y el temor que sintió en su primera operación en Puerto Rico, Caquetá, hoy han desaparecido. Sin embargo, el riesgo en las zonas donde opera va mucho más allá de las minas. “Ha habido compañeros que han sido mordidos por serpientes, que sufren golpes de calor o, en su defecto, los pican avispas mientras realizan el procedimiento de corte de vegetación. Esas son situaciones comunes”, explica el soldado Golu Solarte, quien ha aprendido a lidiar con los peligros que acechan en cada misión.

El peligro persiste

Mientras los soldados arriesgan su integridad para eliminar las minas ocultas en la selva, los campesinos continúan luchando por recuperar sus tierras y trabajar en paz, como es el caso de María Eunice Cuesta Mora, quien ha enfrentado de primera mano las consecuencias de la violencia en el territorio.

La señora María Eunice no conoce otra vida más allá de la que ofrece el campo. Desde que sus padres dejaron Viotá, en Cundinamarca, para establecerse en el municipio de Montañita, Caquetá, su día a día ha girado en torno a la agricultura y, desde 2008, al cultivo de cacao. Hoy es propietaria de una finca de 22 hectáreas, cuyo destino no solo ha dependido de las fluctuaciones en el precio del cacao, sino también de la violencia que por años ha marcado la región.

Esta mujer de 59 años recuerda que, apenas meses después de comprar su finca en 2002, la guerrilla de las Farc atacó la región. No solo lanzaron bombas, sino que también instalaron minas alrededor de las propiedades de los agricultores, convirtiendo el territorio en una trampa mortal para quienes intentaban trabajar la tierra. “En 2003 hubo ataques por el lado de El Cinco. Inclusive, acá al lado, al vecino le tumbaron la casa en un bombazo. El problema es que, como dejaron las minas, hubo varios animales afectados. Nosotros, al ver eso, entramos en pánico porque no sabíamos que estaba minado todo esto”, dice.

De ahí que para María Eunice, ver a los miembros de la Brigada de Desminado Humanitario y del Ejército tenga un significado especial. “Hoy andamos tranquilos, hay minas, pero no se ha vuelto a escuchar de afectados”, dice con alivio, aunque sabe que el peligro aún no ha desaparecido por completo.

Como reseña el teniente coronel Julián Alexis Morales Herrera, comandante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario n.° 5, Caquetá presenta complejidades “bastante particulares” para el desminado. A la presencia de grupos armados en la zona se suman las inclemencias del clima, que dificultan aún más las operaciones.

Por ello, el trabajo de despeje en esta región requiere no solo de precisión y paciencia, sino también de una estrategia que se adapte a las condiciones geográficas y a la población. “Nosotros no tenemos armamento, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con operaciones militares. Nos dedicamos única y exclusivamente a esa parte humanitaria. Ayudamos a mejorar la calidad de vida con programas, con acciones sociales, por ejemplo, con entrega de estufas ecoeficientes a las familias o en la reconstrucción de vías cuando se requiere”, afirma el oficial.

En cuanto a la parte técnica del desminado, el teniente coronel explica que, además del método manual, existen dos enfoques adicionales para la detección y eliminación de minas. El primero es el uso de Caninos Detectores de Minas (CDM), cuyo adiestramiento les permite identificar con precisión la presencia de explosivos ocultos en el terreno. El segundo es el desminado mecánico, que se lleva a cabo mediante el uso de maquinaria especializada. “Contamos con equipos como barreminas, desmalezadoras, plantas eléctricas, drones y otras herramientas que nos permiten operar en terrenos de difícil acceso y continuar con nuestra labor de desminado”, detalla el oficial.

El trabajo de estas brigadas y de los operadores de desminado humanitario en el departamento ha permitido la limpieza de 1’720.978 metros cuadrados desde 2004, año en el que se inició el registro oficial. A nivel nacional, el análisis anual de Aicma revela un aumento del 42,2 % en las áreas despejadas entre 2020 y 2023, pasando de 1’425.570 a 2’027.811 metros cuadrados. Sin embargo, los retos persisten.

“Hasta el momento, los recursos que tenemos son limitados. Nos ayudan a mantener nuestra operación de desminado humanitario del departamento, pero no en la magnitud que quisiéramos. Además, por más que quiera intervenir en todos los municipios del departamento, no puedo por las condiciones de seguridad”, concluye.

SERGIO ACERO - REPORTERO GRÁFICO - ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A CAQUETÁ

CAMILO A. CASTILLO - REDACCIÓN POLÍTICA