El presupuesto de 523 billones de pesos presentado por el gobierno de Gustavo Petro para el año 2025 no logró avanzar en el Congreso luego de que las comisiones económicas decidieron no debatirlo, confirmando así la mala hora entre el Ejecutivo y el Legislativo. La jornada del martes replicó el escenario ocurrido hace dos semanas, cuando las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado rechazaron la propuesta radicada por el Ministerio de Hacienda. En esta ocasión, la sesión fue suspendida al romperse el quórum mínimo, debido a que varios congresistas se rehusaron a participar argumentando que, tras el rechazo del monto el 11 de septiembre, no era viable discutir la ponencia.
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De acuerdo con el estatuto orgánico del presupuesto, que regula el trámite de este tipo de proyectos, el Congreso tenía como fecha límite el 25 de septiembre para aprobar un texto en primer debate. Ahora, en un escenario inusual y sin antecedentes en el pasado cercano -ocurrió con Pastrana, pero en otro contexto-, será el presidente -así lo faculta la ley- quien decrete el presupuesto. El problema es que recurrir a este mecanismo elimina la posibilidad de realizar ajustes y modificaciones a través del trámite legislativo regular, lo que deja al país en un escenario complejo puesto que el monto presentado por el Gobierno está desfinanciado en al menos 12 billones de pesos.
Lo que pasó en el Congreso este martes plantea un escenario económico complejo, pero también deja varias lecturas políticas y preguntas en el aire. ¿Qué pesó en el hundimiento? ¿Es un golpe político que podría dinamitar la salida del ministro Bonilla de su cargo? ¿Hay ambiente para sacar adelante una ley de financiamiento?
Sobre esta última pregunta, clave debido a que tiene que ver directamente con la estabilidad fiscal del país, el panorama no es claro. Un hecho que no se puede obviar y que es bastante diciente, es que el no haber logrado la aprobación de la ley del presupuesto, un proyecto que casi siempre logra consensos en el Congreso, termina mostrando lo difícil que puede ser para el gobierno Petro el trámite de proyectos más polémicos.
A esto hay que sumarle la polémica y el mal ambiente que generó la reducción presupuestaria planteada para la Registraduría y al CNE en pleno año preelectoral y cuando ambas entidades se preparan para el certamen de 2026. Si bien el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que fue un error que se iba a ajustar, el daño estaba hecho.
“Este Gobierno ha sido poderoso en materia fiscal, logró sacar la reforma tributaria más grande desde 1985 en materia de recaudo, logró aprobar el plan de desarrollo y un par de presupuestos enormes, pero esto puede marcar un punto de quiebre en el poder que tiene en el Congreso. Si las cosas no cambian yo no veo que tenga capacidad política para pasar una reforma tributaria”, señaló economista y analista Jorge Restrepo.
El Gobierno parece ser consciente del poco ambiente que hay hoy en el Legislativo para sacar adelante su tributaria. De hecho, el presidente Petro ya anticipó cuál será el camino que tomarán en caso de que la ley de financiamiento sea negada. “Como está desfinanciado, se entrega al Congreso la ley de financiamiento. (...) Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, dijo en un trino el pasado 10 de septiembre.
Otra visión tiene el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien considera que los recursos faltantes no se pueden aprobar a través de un decreto. “Los 12 billones de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto. (...) El Congreso había dicho que podía discutir esa reforma tributaria y luego adicionar, el Gobierno no quiso de manera que lo que rige son los 511 billones de pesos que veníamos hablando en las comisiones económicas”, señaló.
Además, advirtió que de ser firmado el decreto será la Corte Constitucional la que decida el futuro del presupuesto, hecho que de llegar a ocurrir podría plantear un escenario ideal para que el primer mandatario reactive la narrativa del supuesto “golpe blando”. “Seguramente la Corte recortará los doce porque no tienen una fuente de financiación, no hay reforma tributaria y eso se lo advertimos al Gobierno”, agregó Cepeda.
El analista político y especialista en Congreso Eduardo Piñeros sostiene que por ahora la única salida es la firma de ese decreto y que no es viable hacerlo por un monto menor al que estaba en el proyecto cuando este se radicó en julio.
“La ley es clara. El presidente Petro debe decretar el presupuesto nacional con el monto total inicialmente presentado al Congreso: 523 billones de pesos. La afirmación de Efraín Cepeda de que se deben decretar 511 billones de pesos no tiene peso”, manifestó.
Para Restrepo existe otra salida que puede subsanar el desajuste. “El Gobierno no puede ejecutar gastos si no están respaldados en rentas, el presupuesto tiene que cuadrar. Eso es un principio general en el estatuto orgánico del presupuesto. Lo que sí puede hacer, y que creo que es lo tiene que hacer, es poner los 523 billones, creo que no puede poner menos porque se lo pueden demandar, pero solo poner los 511 cuando vaya a hacer la apropiación presupuestal”, afirmó.
Una lectura adicional que da el analista en términos económicos tiene que ver con cómo puede impactar la aprobación del presupuesto, a través de un decreto, la nota de las calificadoras de riesgo. Restrepo sostiene que la mejor decisión para el país es que el presidente Petro opte por solo apropiar los 511 billones. “Si es así, se reduce el riesgo y supondría una mayor razonabilidad del gasto, pero si el Gobierno insiste en la tributaria, así como insistió con la reforma de la salud, se pondría un escenario de confrontación fiscal con el Congreso muy complejo”, manifestó.
El duro golpe para Bonilla
Luego de que las comisiones económicas no debatieron el presupuesto 2025, el ministro Bonilla enfrentó un debate de moción de censura en la plenaria del Senado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), investigación a la que está vinculado por las acusaciones que han hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla. La sesión fue citada por el senador Jonathan Ferney Pulido (Alianza Verde), quien pidió su salida del cargo.
Si bien no parece haber un ambiente que pueda ocasionar su salida del cargo, lo cierto es que la no aprobación del presupuesto es otro duro golpe para uno de los ministros más poderosos del gabinete. A lo ocurrido este martes en el Capitolio hay que sumarle la crisis generada en el país por cuenta del aumento en el precio del ACPM, batalla en la que el Gobierno terminó cediendo, aun cuando eso implicaba un duro golpe para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
“Yo no diría que esto va a dinamitar la salida, pero sí muestra que él se ha venido gastando el capital político que tiene. Una decisión política del presidente si quiere lanzarse y hacer una reforma tributaria, pero para eso, a mi juicio, necesita un nuevo ministro”, concluyó Restrepo.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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