Las claves del proyecto que busca eliminar las extorsiones telefónicas desde las cárceles

En un intento por acabar la extorsión desde los centros carcelarios, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, presentó un proyecto de ley que pretende identificar las líneas telefónicas y asociarlas a una única persona. Para este fin, se pretende la identificación biométrica del titular de cada línea. 

El texto apenas cuenta con dos artículos. El primero fija la "obligatoriedad de identificación biométrica" para la compra de una tarjeta sim o su similar. El texto le ordena a los operadores que registren de "inmediato en sus respectivas bases de datos" todos los datos básicos del titular, incluyendo la identificación biométrica. 

"Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad y prevenir suplantaciones", dice el punto central de la propuesta. 

Para el autor del proyecto, es necesario asociar la identidad del comprado con la SIM puesto que "las llamadas extorsivas fueron la modalidad más frecuente de extorsión en Colombia en el 2023". En la exposición de motivos se reporta que en 2023 hubo 4.766 casos de extorsión telefónica, que implicaron el 43,02 por ciento de los casos de esta práctica delictiva. 

"Con las llamadas extorsivas se generan ingresos con pocos riesgos para los delincuentes, pues desde un solo celular se pueden hacer 250 llamadas extorsivas al día y cambian de SIM card para que los números no puedan ser identificados con facilidad", indicó  el autor en la exposición de motivos. 

A esto añadió que la Policía ha procedido con operativos para bloquear los teléfonos usados para las extorsiones desde las prisiones. "La modalidad carcelaria de extorsión es una práctica común en Colombia, tanto así que, durante el año 2020, la Policía Nacional señala que se han realizado 306 capturas, además de diferentes 'operaciones bloqueo' en las cuales se bloquearon 14.274 IMEI, identificados al interior de las cárceles para la realización de llamadas extorsivas", concluyó el autor. 

Precisamente el segundo artículo del proyecto va en esa línea de los bloqueos de líneas. Para este fin, se le ordenará al Gobierno, al Ministerio de las TIC, al Ministerio de Justicia reglamentar la "la implementación de una estrategia para que mediante sistemas tecnológicos se identifique y alerte a los usuarios sobre las llamadas originadas desde centros penitenciarios y carcelarios". En este punto se hace énfasis en que los operadores tendrá que reportar la procedencia de las llamadas.