'La falta de disponibilidad de servicios y de medicamentos es más grande que la falta de financiación': Iris Marín

La defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre la crisis en el sistema de la salud que está viviendo Colombia y cuál puede ser la solución. También, se refirió a la reforma de la salud planteada por el Gobierno que está a pocos días de iniciar su trámite en la Comisión Séptima del Senado.

Ustedes lanzaron una alerta sobre la crisis en la salud en la señalan que se han aumentado las quejas. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué ha encontrado la Defensoría?

La Defensoría del Pueblo tiene un monitoreo permanente de la situación de salud de todas las personas en Colombia, porque cuenta con un sistema de recepción de quejas constante. Desde hace algunos años, la Defensoría recibe quejas sobre la salud, que es la primera causa de recepción de quejas en Colombia. Lo que hemos notado adicionalmente es que, desde el año 2022, estas quejas han crecido en varios aspectos.

¿Cuáles aspectos?

Por ejemplo, el primero es el acceso a servicios médicos especializados, en el que prácticamente las quejas se han duplicado; un segundo aspecto son los servicios médicos básicos, en los que ha habido un incremento de alrededor del 40%; el tercero es el acceso a los medicamentos, donde también ha habido un alza importante en las quejas; y el cuarto, que es tal vez uno de los temas más críticos, es que las quejas ante la Superintendencia de Salud, las tutelas e inclusive, los desacatos no son suficientes para lograr el cumplimiento por parte de los prestadores de salud. Esto hace que prácticamente las personas que necesitan estos servicios se queden sin ninguna herramienta. Es decir, acuden a nosotros y nos dicen: "Mire, tengo esta situación de urgencia, y ya no vale ni siquiera poner una tutela o, inclusive, que se declare el desacato, porque esto no genera el cumplimiento ni la prestación del servicio". Todo esto genera una desatención muy alta en el derecho a la salud, que está poniendo en riesgo la vida, tanto por las condiciones de deterioro de la salud como por el hecho de que algunas personas se pongan en riesgo por la falta de estos servicios.

Este fin de semana el presidente estuvo activo a través de su cuenta de X y dentro de lo que dijo es que había un acaparamiento de los medicamentos. ¿Cómo Defensoría qué saben sobre esto?

No tenemos información para sostener que hay un acaparamiento como tal en los medicamentos, porque el hecho de que haya bodegas con medicamentos no necesariamente supone el acaparamiento, porque son bodegas donde se guardan los equipamientos. Lo que sí es fundamental es que hay un consenso entre los diferentes actores del sistema en que, este momento en Colombia, hay medicamentos para la atención de pacientes, pero esos medicamentos no están disponibles para la atención de salud de los pacientes que lo requieren, en todos los casos. No es igual en todos los departamentos del país, no es igual respecto a todas las prestadoras de salud. Sin embargo, esa falta de disponibilidad está afectando el derecho a la salud, a pesar de que el sistema de salud cuenta con recursos para la financiación de estos medicamentos.

¿Cuánto es el presupuesto asignado para la salud?

El presupuesto es de 99.6 billones de pesos, esto quiere decir que es un recurso que, sin bien puede que no sea suficiente, porque la Corte Constitucional lo ha dicho, tampoco es tan insuficiente como para que haya una falta de disponibilidad de medicamentos. Varios han dicho que no estamos ante una situación de desabastecimiento, sino es falta de disponibilidad de los medicamentos en los servicios de salud.

Uno de los debates se ha enfocado en el incremento de la UPC algunos congresistas y especialistas han asegurado que no es suficiente. ¿Desde la Defensoría como ven este tema, sí alcanza o efectivamente se necesita más?

Efectivamente, no alcanza, esto ya lo determinó la Corte Constitucional en un auto de principios de este año. Lo que sí está pendiente por definir es el porcentaje de desfinanciación de la UPC, porque hay diferentes posturas: algunos dicen que es menor, pero otros afirman que es mayor. Sin embargo, uno de los problemas del sistema de salud que es necesario afrontar con la reforma es que haya un sistema de información robusto que permita, efectivamente, saber cuáles son los gastos de salud en Colombia. Es decir, cuáles son las enfermedades prevalentes, cuáles son los servicios más requeridos, cuál es la estimación y los gastos del personal, los equipos y los hospitales. Con base en un estudio y, además, con estadísticas reales y serias, se podría proyectar la UPC. Hoy en día, existen diferentes estudios, y por esa razón la Corte Constitucional ordenó establecer una mesa que defina cuál es el porcentaje de desfinanciación de la UPC.

¿Qué han encontrado?

Nosotros también encontramos que la falta de disponibilidad de servicios y de medicamentos es más grande que la falta de financiación que pueda existir. Es decir, que aquí hay un tema de que hay unos recursos que están para el servicio de salud y que no están llegando a la finalidad que es tener disponibles los servicios para la población.

Usted dice que ya no hay mecanismos para que los pacientes puedan tener respuesta por parte de los prestadores de salud. ¿Qué les dicen desde el Ministerio de Salud?

Nosotros le hemos solicitado una reunión urgente al ministro de Salud para establecer puestos de mando unificado en las regiones donde haya más dificultades, a fin de resolver de manera práctica esta situación. Tenemos unos mecanismos en algunas regiones que generalmente funcionan, pero que cada vez están más limitados. La propuesta es esa: poder atender y aclarar ese hilo que está enredado, para facilitar la entrega de medicamentos y la prestación de servicios urgentes.

¿Cuáles los mecanismos que tienen en las regiones?

En algunas regiones existen mesas en las que participan los entes territoriales, las EPS y la Defensoría del Pueblo y se da solución y trámite a casos urgentes. Dado que la crisis se ha aumentado en algunos lugares, proponemos que se hagan algunos puestos de mando unificado en esas regiones más afectadas, en donde también participa el Gobierno y se pueda dar solución practica de los casos.

¿Cómo se puede solucionar esta crisis para que no quede solo en el debate político?

Creo que estas mesas de solución de casos específicos pueden ayudar a resolver problemas concretos. Sin embargo, aquí hay un criterio muy importante y es que hay una obligación de disponer de los servicios máxime que estamos ante un presupuesto grande, casi 100 billones de pesos disponibles que estamos para salud, entonces lo que hay que hacer es resolver los problemas financieros por un canal que sea distinto al canal de respuesta a solicitudes específicas de salud.

La reforma a la salud ha generado bastante controversia, ya va a iniciar el trámite en la Comisión Séptima. ¿Cómo ve esta iniciativa?

La Defensoría del Pueblo considera que la reforma a la salud es saludable, valga la redundancia, es necesaria e importante. Si nos damos cuenta, esta crisis, más allá de las responsabilidades que puedan tener algunos actores, inclusive el propio Gobierno, se está presentando dentro de este sistema de salud. Es decir, no podemos partir del hecho de que este sistema de salud es perfecto y sigue funcionando adecuadamente. Además, esta crisis, aunque estamos diciendo que en los dos últimos años las quejas han subido, es una crisis que viene desde atrás. La Corte Constitucional declaró que había una situación de falta de garantía del derecho a la salud en 2008 y continúa haciendo seguimiento. Es decir, tenemos un sistema de salud que no se adecúa a la garantía del derecho a la salud, por lo que existe una necesidad de cambio.

¿Cuáles son los consensos en torno a la reforma?

Hay consenso entre diferentes actores sobre algunas reformas necesarias en el sistema. Por ejemplo, fortalecer la atención primaria en salud y el carácter preventivo del sistema. Eso es algo en lo que hay consenso. Mejorar las condiciones laborales de los servidores y de las personas que trabajan en el sector salud también es un consenso.

¿Cuáles son los temas de debate?

Existen temas de debate, como que la reforma no sea de tal magnitud que ponga en riesgo lo que el sistema de salud ha logrado en estos 30 años. Aunque no es perfecto, tiene cierta solidez, especialmente en lo que respecta al sistema de aseguramiento, que permite que cualquier persona acceda al derecho a la salud, incluso sin recursos. Esto es algo que es importante mantener. Sin embargo, para garantizarlo, es necesario establecer, por ejemplo, cuál es la capacidad de la ADRES, que será la encargada de hacer los pagos del sistema, para asegurarse de que se hagan a tiempo. No está claro quién será la entidad encargada de supervisar que los recursos efectivamente alcancen para el sistema y para todos los servicios que deben prestarse. Eso también debe definirse. Además, hay que establecer un plan de transición serio, con metas, que estudie las capacidades institucionales y permita una adaptación gradual de los diferentes actores según los nuevos requerimientos del sistema.

¿Cuál es el más importante?

El aspecto más importante: la financiación. Hoy existe un concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda que dice que la reforma sí está financiada, pero que es importante poner al día las deudas que vienen de atrás. Es un concepto válido, pero con ese condicionamiento queda en duda hasta qué punto no vamos a seguir en lo que estamos hoy. Los actores del sistema de salud están recibiendo recursos, pero dicen que estos recursos están yendo mal, pagando deudas pasadas, y por eso no están prestando los servicios actuales. No podemos reproducir este problema. Por eso, estamos invitando a que se realice un concepto de impacto fiscal independiente, que nos permita tener claridad sobre los recursos necesarios para hacer una transición que no afecte el derecho a la salud.

¿El concepto de la Defensoría ya fue enviado a la Comisión Séptimo?

Ya lo remitimos, lo remitimos justamente esta mañana.

¿Cómo va la crisis en el Catatumbo? ¿Qué es lo último que tiene la Defensoría en cifras?

Muy complicado. Entre esta semana, no sé si alcancemos hoy o tal vez mañana, vamos a sacar un informe actualizado de la situación del Catatumbo. Como se sabe, el frente de 33 de las disidencias de las extintas Farc se han reorganizado y han emprendido una serie de acciones que han generado combates y secuestros. El ELN tampoco ha dejado su accionar violento y sigue afectando a la población civil. Tenemos casos de violencia sexual, casos todavía de confinamientos. Hemos recibido reportes de la entrada del ELN al resguardo del pueblo Barí y la situación no se ha normalizado obviamente no estamos en el nivel de intensidad de principios de enero, pero sigue habiendo no sólo la presencia del ELN sino ahora como las retaliaciones de parte de las disidencias del frente de 33 y esto pues está agravando las situaciones sigue siendo muy delicada la situación allí.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política