Injerencia política golpea la calificación de S&P a la regulación de servicios públicos en Colombia

hace 1 día 11

Como parte de la vigilancia que hace de las empresas de servicios públicos que califica, S&P Global Ratings también monitorea los eventos regulatorios que podrían tener implicaciones en las calificaciones que asigna.

En Colombia, una parte de la regulación de los servicios públicos está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que desde mediados de 2022 solo ha funcionado con cuatro de los seis expertos que debe tener.

Además, durante largos periodos no ha podido tomar decisiones por la falta de comisionados, y en múltiples ocasiones se han llenado las vacantes con expertos interinos, quienes al mismo tiempo son funcionarios del Gobierno Nacional.

S&P considera que, en los últimos años, a pesar del funcionamiento autónomo de las entidades reguladoras, se ha observado “un número creciente de interferencias políticas”. En ese sentido, recordó el intento del presidente Gustavo Petro de congelar las tarifas de energía eléctrica.

Además, cree que la autonomía de los organismos reguladores se ha debilitado bajo el actual gobierno, dados los cambios operativos y tarifarios que se han tenido a raíz de una secuencia de decretos y resoluciones de la Creg y el Ministerio de Minas y Energía.

Según argumentó S&P, esta interferencia política ha generado un aumento de la incertidumbre en torno a las operaciones de los servicios públicos regulados, provocando una revisión a la baja de la evaluación de los marcos regulatorios de Colombia.

Esta calificación pasó de ser ‘muy favorables al crédito’ (fuertes/adecuados) a ‘favorables al crédito’ (adecuados), y ahora la evaluación de Colombia está en línea con las de Brasil, Chile, México y Perú.

No obstante, S&P aclaró que esta revisión no significa necesariamente que las regulaciones en torno al servicio de electricidad en Colombia sean menos efectivas, ya que los contratos siguen vigentes y hubo compensaciones financieras o económicas por las intervenciones gubernamentales.

También destacó que, hasta ahora, los intentos del presidente Gustavo Petro de imponer cambios al marco del sector eléctrico no han tenido éxito.

Sin embargo, el Gobierno ha detenido nuevos proyectos hidroeléctricos y reducido las inversiones para termoeléctricas, “lo que puede representar un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico en el futuro”.

Para S&P también hay inquietudes adicionales relacionadas con los retrasos en el otorgamiento de licencias ambientales y la falta de certeza jurídica e institucional para los proyectos de energía no convencional, sumados a la necesidad de que la transmisión integre energía al Sistema Interconectado Nacional en los últimos años.

“Muchos de los nuevos desarrolladores de energía solar, que ganaron la licitación de energía renovable de octubre de 2021, tuvieron que cancelar sus contratos de suministro de energía a largo plazo porque no se construyeron las líneas de transmisión necesarias para permitir la entrega de energía a las áreas de consumo”, agregó.

Adicionalmente, la agencia aseguró que una reforma a la ley de servicios públicos, que podría cambiar las reglas para la energía eléctrica, y la falta de nuevas líneas de transmisión, pueden obstaculizar la construcción de nuevos proyectos de generación.

Aunque S&P continúa considerando que la Creg busca garantizar que todas las empresas puedan cubrir sus costos, y con márgenes que compensen sus inversiones o los riesgos que implica la actividad, también resaltó que el sector eléctrico colombiano ha experimentado una serie de cambios en su esquema de remuneración en los últimos dos años por los altos precios de la energía eléctrica.

Destacó que las regulaciones actuales limitan el incremento máximo del componente de generación, que depende de las características de cada empresa (por ejemplo, podría llegar a ser de 30 por ciento).

“Si bien esta restricción puede afectar la liquidez a corto plazo de las empresas, los costos asociados son totalmente recuperables en los meses siguientes”, comentó S&P en su informe.