Hundido el presupuesto del 2025, el nuevo ‘round’ Gobierno-Congreso se dará en el trámite de la tributaria: ¿qué viene?

La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2025, un proyecto que cada año llega al Congreso y cuya aprobación casi se da por descontada, puso al país esta semana frente a la consolidación de dos realidades políticas: la negativa del Gobierno a concertar pese a sus repetidos llamados al ‘acuerdo nacional’ y el fortalecimiento de las fuerzas que se le oponen, especialmente en el Senado.

El inédito hundimiento del presupuesto y su consecuente expedición por decreto presidencial pone al país en un confuso panorama jurídico y político cuyas repercusiones económicas están aún por establecerse.

Dos semanas después de un primer pulso en el Congreso en el que las comisiones de Senado terminaron negando el monto desfinanciado del presupuesto que planteó el Gobierno, la discusión del articulado llegó a la fecha definitiva, el martes, con dos cargas de profundidad para la conciliación disparadas desde el Ejecutivo. La primera, la negativa cerrada a revisar a la baja el monto, como lo pedían analistas y los sectores políticos independientes y de oposición por una realidad simple: el descuadre de 12 billones de pesos entre los ingresos reales y los gastos, que el Gobierno amarra a la aprobación de una nueva, e incierta, reforma tributaria.

La segunda carga fue la aparición en la ponencia oficial de un ‘mico’ que reducía el presupuesto de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral en pleno año preelectoral y en medio de las acerbas críticas del presidente Petro al sistema electoral colombiana, del que ha dicho incluso que es menos confiable que el controlado en Venezuela por el régimen de Maduro.

El escándalo forzó el retiro de ese polémico aparte, que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, atribuyó a un error. Pero para ese momento la posibilidad de un diálogo ya estaba enterrada: las comisiones económicas, rompiendo el quorum, hundieron la ponencia, tal y como lo habían hecho hace dos semanas con el monto. En los dos episodios, el Senado, donde el Gobierno no tiene mayorías, fue determinante.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Foto:Juan Diego Cano. Presidencia

La decisión del Congreso, que está enmarcada dentro de sus funciones, fue respondida por el Presidente con un trino desde Nueva York: “Se decreta el presupuesto que inicialmente el Gobierno presentó al Congreso” ($ 523 billones), escribió el mandatario en respuesta a las declaraciones del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien aseguró que las normas señalan claramente que lo único que podría decretarse es el presupuesto financiado, “no lo que no tiene una fuente de recursos”. Es decir, no podría ser superior a los $ 511 billones, según Cepeda.

En esencia, el presupuesto es una ley que se debe aprobar cada año con el plan del Gobierno sobre sus gastos y sus fuentes de ingresos. La discusión en el Congreso usualmente se centra más en cómo se reparte esa torta que en el monto total de la misma. Y normalmente la aprobación deja contentos a todos los actores del proceso.

Pero este año, en momentos de incertidumbre económica y después de haber tenido que hacer recortes en inversión sobre el presupuesto de este año, que calculó mal, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió volver a calcular el gasto sobre una base de ingresos incierta. Ya no fueron cuentas ligeras sobre los ingresos por impuestos y los pleitos de la Dian sino que amarró 12 billones desfinanciados a la aprobación de su ‘ley de financiamiento’.

“El Gobierno se empecina en sumar en el monto del presupuesto del 2025 peras con manzanas: peras, los ingresos ciertos; manzanas, los ingresos provenientes de una reforma tributaria que ni siquiera se ha empezado a discutir (...) Cree equivocadamente que incorporando los $ 12 billones de la incierta reforma tributaria en el monto del presupuesto va, de alguna manera, a asegurar la aprobación de la ley de financiamiento”, explicó en su cuenta de X el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.

Desde un principio, en el Legislativo hubo resistencia al proyecto presentado por el Gobierno. Si se aprobaba el monto de $ 523 billones prácticamente el Congreso se comprometía a aprobar la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La negativa a esa fórmula desató el primer cruce entre Cepeda y el presidente Petro, quien acusó a las comisiones económicas de promover un bloqueo legislativo que, además, relacionó con el supuesto ‘golpe blando’ que, asegura, está en marcha para sacarlo de Palacio.

Cepeda, sin hacer una mención directa al tema, insistió esta semana en el encuentro de la Corte Constitucional en Manizales que la Constitución señala que “las leyes se discuten en el Congreso libremente, sin presiones, sin descalificaciones y sin señalamientos”.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso

Foto:X: @FNDCol

A partir del 20 de octubre (la fecha límite que impone la ley para abrirle la puerta al presupuesto por decreto) se debe venir la decisión final del Gobierno. ¿Serán los 523 billones desfinanciados? ¿Los 511 ajustados a la tributaria? ¿El Presidente solo podría decretar el presupuesto vigente (es decir, el de 2024, por $502,6 billones? Esas son preguntas que tendrán que resolver al final la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues ya se anuncian demandas.

“Negado el presupuesto también se da por hecho de que vamos a negar la reforma tributaria, que le mete la mano al bolsillo de los colombianos”, dice la representante ‘verde’ Katherine Miranda.

Así las cosas, si la tributaria no es aprobada, o si el Congreso no les da la bendición a todos los recursos que espera recaudar el Ejecutivo, cuando se liquide el presupuesto se tendrán que reducir los montos. Pero el Gobierno no se ha quedado quieto. En las regiones hay preocupación pues se vendría un recorte de la plata de la Nación para los departamentos. El presidente Petro condicionó los recursos que necesitan las gobernaciones a la aprobación de la tributaria: “La ley de financiamiento es fundamental y necesitamos del apoyo de los gobernadores con sus bancadas para aprobarla”.

Los escenarios políticos

La tensa relación entre el Gobierno y el Congreso no es nueva. Lo que nadie esperaba era que esa tensión se manifestara en un proyecto que la mayoría de las veces se aprueba prácticamente a pupitrazo. Por eso hay dudas sobre lo que le espera al Ejecutivo con iniciativas mucho más polémicas, como la misma reforma tributaria, la laboral, de educación, de salud y, ahora, la política.

“Si bien el ministro Cristo ha anunciado que expondrá las líneas del cacareado acuerdo nacional, no hay ambiente político. No solo el Gobierno ha demostrado poca flexibilidad para llegar a consensos, sino que el desgaste mismo de la administración hará muy difícil que se pueda volver a consolidar un bloque de apoyos al gobierno”, opinó el analista político Gabriel Cifuentes.

Una vez más quedó en evidencia que el Ejecutivo tiene las mayorías en Cámara, aunque no muy sólidas, gracias al respaldo de ‘la U’, los liberales y a algunos conservadores rebeldes. Pero también volvió a demostrarse que en Senado esas mayorías no existen –allí se hundió la reforma de la salud en abril de este año–, por lo que al Gobierno no le quedarían más caminos que negociar consensos.

Pero precisamente la falta de consensos y de acuerdos fue la determinante en el hundimiento del presupuesto. Cepeda le propuso al presidente Petro en una reunión en la Casa de Nariño que redujeran el monto del presupuesto a 511 billones de pesos, tramitaran la tributaria y, posteriormente, una adición presupuestal. La idea no fue tenida en cuenta por el Gobierno.

El senador liberal Alejandro Carlos Chacón señala al Gobierno de terco por no querer entender que el Congreso no se iba a dejar imponer una reforma tributaria por derecha. A su vez, la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano lamentó que se haya dado una discusión “tan tensa, innecesariamente, porque fue el Gobierno el que le subió los kilovatios a una discusión tan seria que, lamentablemente, termina en un presupuesto por decreto”.

Para Cifuentes, entre las reflexiones del hundimiento del presupuesto están “la falta de capacidad de negociación del Gobierno Nacional y la terquedad de pretender empujar un presupuesto desfinanciado para presionar una ley de financiamiento”. Por su lado, Luisa Lozano, analista y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, advierte que en ningún caso es un buen escenario que el presupuesto no haya tenido los debates y discusiones respectivos en el Congreso. “Hay un presupuesto que se va a aprobar sin discusión y el sistema está diseñado para que se haga el presupuesto con base en una discusión para definir prioridades, sectores. Un presupuesto sin discusión genera impactos importantes en las regiones”, advirtió.

Ahora, la gran incógnita es cuál camino va a tomar el Gobierno. ¿Seguirá cerrado a la banda y exponiéndose a nuevas derrotas por no ceder un poco, como ahora con el presupuesto y en la legislatura pasada, con las reformas de la salud y de la educación? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cree que aún se puede llegar a acuerdos, “si hay discusiones responsables”.

El siguiente round, que no es otro que la propia ley de financiamiento, se jugará en las mismas comisiones económicas donde ya naufragó el presupuesto.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política