“Si uno no presiona a las entidades, se quedan dormidas”: Andrea Padilla y su agenda por los animales

En abril el Presidente sancionó cuatro leyes clave de bienestar animal impulsadas por la senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla: un programa nacional de esterilización estatal para gatos y perros, sanciones penales y administrativas contra el maltrato, regulación de guarderías y servicios para mascotas, y un plan para sustituir progresivamente a los perros en seguridad privada.

En paralelo, Padilla lleva al debate propuestas para agilizar el traslado de fauna silvestre incautada, crear centros regionales de atención animal y añadir protección animal al currículo escolar, mientras enfrenta objeciones por el impacto fiscal y la presión de los gremios de seguridad y servicios veterinarios. En una conversación con EL TIEMPO, la senadora habló sobre los avances animalistas en materia de protección animal y las dificultades que se han presentado desde el congreso para poder sacarlos adelante.

¿Cuáles son los puntos clave de las leyes animalistas sancionadas el mes pasado?

En una auténtica maratón legislativa, el 23 de abril se sancionaron cuatro normas clave para la protección animal: la Ley Esterilizar Salva, que crea la Política Nacional de Esterilización de Gatos y Perros con financiamiento del Estado; la Ley Ángel, que establece sanciones penales, administrativas y policiales contra la crueldad animal e incorpora formación pedagógica para operadores de justicia con el fin de disuadir estos delitos y enviar un mensaje claro de rechazo estatal; la Ley Lorenzo, que impulsa la transición hacia tecnologías que reemplacen progresivamente a los perros en labores de seguridad y vigilancia privada, mientras se implementa un estricto cuerpo reglamentario de bienestar animal; y la Ley Kiara, actualmente en conciliación, que regula por primera vez los servicios para animales de compañía —guarderías, hoteles, grooming, pet shops, paseadores y servicios veterinarios— en un sector que en los últimos tres años facturó tres billones de pesos sin ningún tipo de normativa.

¿Cómo es esta hoja de ruta de la Ley Lorenzo para que desaparezca progresivamente la utilización de perros en seguridad y vigilancia?

La hoja de ruta de la Ley Lorenzo arranca reconociendo que hoy hay más de 6.000 perros en seguridad privada, en dos modalidades: defensa controlada (bozal y disuasión, 35 %) y detección por olfato (narcóticos, armas, divisas). Se encomienda al Ministerio de las TIC desarrollar tecnologías que reemplacen principalmente a los perros de defensa controlada, mientras el Ministerio de Ambiente, con la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, coordina el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.

Entre los hitos está reducir la edad máxima de retiro de ocho a seis años, elevar de ocho a doce meses la edad mínima de ingreso al servicio y exigir planes de retiro que eviten la eutanasia, promoviendo la adopción de canes sanos y entrenados.

Paralelamente, se fortalece el bienestar: los caniles deberán contar con ventilación, luz natural, camas adecuadas y más horas de esparcimiento (hoy solo una), así como atención veterinaria 24 h. Además, los contratistas (bancos, universidades, centros comerciales) asumirán corresponsabilidad en la protección y cuidado de los perros durante el servicio, garantizando condiciones dignas y permanentes para los animales

¿Cuáles fueron los obstáculos políticos y técnicos durante la tramitación de cada una de estas leyes?

Se identificaron tres obstáculos principales en la tramitación de estas leyes:

1. Impacto fiscal: Todas implican un costo para el Estado y compiten por recursos limitados destinados a seguridad, salud, empleo y derechos. Fue especialmente notable el caso de la Ley Esterilizar Salva, ya que se consiguió que la nación financie por completo el programa de esterilización en los municipios de categorías 4, 5 y 6 (el 90 % del territorio) y cofinancie en los de categorías 2 y 3, asegurando así su viabilidad presupuestal.

2. Lobbies sectoriales: Grupos empresariales ejercieron presión para suavizar o bloquear requisitos. En la Ley Kiara, el sector de guarderías y hoteles de animales se resistió a la instalación de cámaras de videovigilancia, a la formalización de contratos y registros; en la Ley Lorenzo, fueron las empresas de seguridad privada las que opusieron resistencia.

Además, el agendamiento en el Congreso fue complicado: unos congresistas rechazan atribuir más responsabilidades a las alcaldías; otros consideran que la protección animal es un tema menor y, por ello, evitan asignarle tiempo (falta de quórum, retrasos o rechazo sin argumentos). Aun así, la presión local en sus regiones facilitó la aprobación de la Ley Esterilizar Salva y de la Ley Ángel.

- ¿Y qué otros proyectos de ley relacionados con fauna silvestre y doméstica tiene en la agenda para lo que queda del año y el siguiente?

En lo que resta de este año y el siguiente, la agenda incluye desde normas ya convertidas en ley hasta varias iniciativas en trámite que buscan fortalecer la protección de la fauna silvestre y de compañía. Ya está vigente la ley que facilita el traslado urgente de animales silvestres víctimas del tráfico —permitiendo, por ejemplo, que especímenes incautados en el sur del país sean devueltos con rapidez a su región Caribe de origen— y, en segundo debate, avanza un proyecto que reconoce y apoya a las miles de mujeres que, sin ayuda estatal, rescatan y albergan en sus hogares o fundaciones decenas o incluso cientos de gatos y perros.

En paralelo, la llamada “Ley Empatía” se encuentra en tercer debate y obligará a colegios públicos y privados a incluir en su currículo actividades y contenidos de protección animal para cultivar una cultura de respeto desde la infancia. Próxima a su aprobación en último debate va la ley de centros regionales de bienestar animal, que permitirá a varios municipios asociarse para construir instalaciones dotadas y reguladas por el Ministerio de Ambiente, destinadas a atender urgencias y casos de maltrato sin doliente. Asimismo, se tramita la ley Zoópolis, que ajustará la normativa de propiedad horizontal para prevenir conflictos por tenencia de mascotas en conjuntos residenciales; la iniciativa sobre corralejas, que reglamentará estos espectáculos taurinos prohibiendo instrumentos cortopunzantes, alcohol y menores, y exigiendo pólizas, licencias y servicios veterinarios; y, finalmente, la “Ley Yoko”, que busca declarar a Colombia libre de grandes simios en cautiverio, prohibir la importación de animales exóticos y redirigir esfuerzos hacia la protección de la fauna endémica.

¿Qué mecanismos de fiscalización o seguimiento impulsará o están impulsando en el Congreso para asegurar que estas leyes se cumplan?

Cada ley cuenta con un órgano encargado de su inspección, vigilancia y control: la Ley Lorenzo recae en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; la Ley Ángel se supervisa en el ámbito policivo a través de inspectores de policía y alcaldes, y en el penal por la Fiscalía y los jueces; y la Ley Kiara está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, si bien su reglamentación corresponde al Ministerio de Ambiente.

En el caso de la Ley Esterilizar Salva, el Ministerio de Ambiente debía expedir la reglamentación y poner en marcha el fondo-cuenta para administrar los recursos desde el 12 de enero, pero no lo ha hecho, por lo que se presentó una acción de cumplimiento para obligar al ministerio a actuar con celeridad. Esta labor de supervisión forma parte de la construcción de una verdadera institucionalidad estatal en favor de los animales, que hasta ahora han permanecido prácticamente “huérfanos” de mecanismos efectivos de control y financiación.

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DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO