Frente 33 de las disidencias de las Farc fortaleció control en el Catatumbo bajo paraguas de la 'paz total': HRW

La inédita crisis humanitaria en el Catatumbo, provocada por la escalada de violencia del Eln, que hoy deja más de 60.000 personas desplazadas y llevó al gobierno del presidente Gustavo Petro a declarar el estado de conmoción interior en dicha región, se habría agravado por las acciones del Frente 33 en provecho de la política de 'paz total'. Human Rights Watch (HRW) señaló en un informe publicado hoy que dicha facción de las disidencias de las Farc, grupo que ha sido blanco de ataques del Eln, aprovechó el cese al fuego y los planes de desarrollo local anunciados en el marco de las negociaciones de paz para extender su control sobre las comunidades en los últimos ocho meses.

De acuerdo con la organización internacional, que entrevistó a más de 65 personas, incluyendo desplazados en Cúcuta (Norte de Santander), trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales, el Frente 33 utilizó el cese al fuego entre el gobierno y el ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente’ (del cual forma parte) para reclutar nuevos miembros. Dicho mecanismo se acordó desde mediados de julio de 2024 hasta mediados de abril de 2025.

“Han aprovechado la falta de presencia estatal para establecer su control social en el Catatumbo”, agregó HRW sobre este grupo, sobre el que el presidente Gustavo Petro ha dicho que está en “un proceso de paz franco con el Gobierno” que maneja un grupo de trabajo encabezado por el comisionado Otty Patiño, el cual incluiría un plan de preconcentración con armas mientras se identifica un lugar seguro para ubicar a los integrantes.

La organización indicó que dicha facción de las disidencias actualmente tiene lo que en la región se describe como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados.

“Un hombre de 35 años dijo a Human Rights Watch que, el 8 de diciembre de 2024, miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un “campamentos de resocialización”. Fue llevado allí para “ser investigado” por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares”, expuso HRW.

A 28 personas, según pudo conocer la organización, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días de 4 a.m. a 6:30 p.m. Pero los abusos en esos espacios escalarían a violencia sexual contra mujeres y niñas ejercida por los comandantes del grupo armado y asesinatos a sangre fría. Funcionarios públicos señalaron a Human Rights Watch que recibieron reportes similares.

Además, para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, dice HRW, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del Eln, estructura que ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33.

Por otro lado, el anuncio de proyectos de desarrollo local que implementarían las Juntas de Acción Comunal mientras continuaban las negociaciones entre el gobierno y el Emc -estos incluían el establecimiento de campos de cultivo de arroz y la protección de humedales- habría provocado molestia en el Eln, siendo otro factor de la salida de civiles del territorio en enero. “Los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que los civiles que participaron en la creación de estos planes de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del Eln”.

En diálogo con EL TIEMPO, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el autodenominado ‘Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes’, señaló que el Gobierno no tiene clara la cifra de cuántos combatientes del Frente 33 siguen activos, teniendo en cuenta que aproximadamente 104 integrantes entregaron sus fusiles en este comienzo de año.

“En términos numéricos, unos hablan de 300 efectivos resistiendo, otros hablan de menos de 150. De todas formas, lo fundamental es que la gente (los desplazados) pueda retornar en condiciones realmente autónomas, sin sometimiento a las reglas ni del Frente 33 ni del Eln”, dijo el negociador.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo el Frente 33 se han reorganizado y han emprendido una serie de acciones que han generado combates y secuestros. “El Eln tampoco ha dejado su accionar violento y sigue afectando a la población civil. Tenemos casos de violencia sexual, casos todavía de confinamientos. No estamos en el nivel de intensidad de principios de enero, pero sigue habiendo no sólo la presencia del Eln sino las retaliaciones de parte de las disidencias del Frente 33 y esto está agravando la situación”, informó Iris Marín en entrevista con este diario.

Así va la crisis humanitaria

La organización internacional también entregó un balance de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Las autoridades de Norte de Santander reportaron que 78 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en el Catatumbo entre el 16 de enero y el 8 de marzo. “Esta cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024. También es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados “desaparecieron” a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”, indicó HRW.

Las autoridades han informado que el 3 de marzo el Eln liberó a 22 personas, entre ellas 3 niños, que mantenía secuestradas desde la semana del 16 de enero, aunque HRW advierte que es probable que el número total sea mayor ya que entrevistó a familiares de personas desaparecidas que no han denunciado a las autoridades por temor a sufrir represalias.

También, tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento.

Para HRW, algunas de las limitaciones de la respuesta humanitaria parecen deberse a que el gobierno no previó adecuadamente una crisis de esta magnitud. En cuanto a los gobiernos municipales de Cúcuta y Ocaña, así como el departamental de Norte de Santander, la organización subrayó que han tomado medidas para ayudar a los desplazados, en gran medida gracias al apoyo de organizaciones humanitarias.

En ese sentido, el informe insta al gobierno, además de diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz, a desarrollar un plan de intervención integral para el Catatumbo –este lunes se cumplieron dos meses desde que el gobierno declaró el estado de conmoción interior- dirigido a implementar planes de desarrollo alineados con las necesidades de las comunidades, entre otras recomendaciones.

“La intervención debe mantenerse más allá de esta crisis y debe evitar repetir errores de iniciativas de desarrollo alternativo pasadas, tales como los contraproducentes pagos en efectivo para la sustitución de cultivos de coca”, indicó HRW.

En la vigencia de la conmoción interior (hasta 270 días), el gobierno del presidente Petro planea destruir, vía erradicación voluntaria, 25 mil hectáreas de coca en el Catatumbo.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política