El departamento del Cesar, al igual que otras regiones del país, podría enfrentar interrupciones en el servicio eléctrico, debido al retraso del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios de energía a la empresa Afinia. Estos subsidios, destinados a los estratos 1, 2 y 3, ascienden a 657 mil millones de pesos.
Así lo expresó el Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho. En la misiva, EPM manifestó su preocupación por los recientes pronunciamientos del Presidente de la República, en los que criticó el modelo tarifario del servicio de energía y atacó a las instituciones que garantizan la gestión eficiente del mercado, la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de la normatividad que rige la actividad de generación.
“Reiteramos que, si el Gobierno Nacional no cumple con sus compromisos y obligaciones, y no cesa en su propósito de intervenir el mercado de manera desarticulada, debilitando la institucionalidad y el modelo del sector, será inevitable la interrupción del servicio”, recalcó el Grupo EPM.
El total de usuarios de Afinia en el Cesar asciende a 295.054. Esta cifra incluye a los usuarios de diferentes estratos socioeconómicos que dependen del servicio de energía eléctrica proporcionado por la empresa.
El estrato uno, que representa a los hogares con menores ingresos, cuenta con 115.204 usuarios. Estos hogares deben recibir subsidios del gobierno para ayudar a cubrir los costos del servicio de energía.
Por otro lado, el estrato dos, que incluye a los hogares de ingresos medios-bajos, tiene un total de 83.610 usuarios. Estos usuarios también deben recibir subsidios, aunque en menor medida que los del estrato uno.
Un promedio del 38 por ciento, en gran parte asociadas a fraudes y uso ineficiente del servicio. Situación que según Afinia, genera impactos en la factura y en la comunidad que hace un uso correcto del suministro
Finalmente, el estrato tres, que corresponde a los hogares de ingresos medios, cuenta con 28.058 usuarios. Aunque estos hogares tendrían que recibir menos subsidios, deben ser beneficiarios de apoyo gubernamental para el pago del servicio de energía.
La deuda de subsidios de los estratos 1, 2, 3 por parte del Gobierno Nacional es de 657 mil millones de pesos. Recientemente el Gobierno realizó un abono de 33 mil millones de pesos a la deuda de subsidios acumulada desde mayo de 2024. Sin embargo, esta misma deuda alcanzó en diciembre los 691 mil millones de pesos, para enero de este año, ya empezó a correr el pago del subsidio.
“Por ley el Gobierno Nacional subsidia el consumo de subsistencia de los estratos1, 2, 3, con una cantidad mínima de energía mensual, promedio que necesita un hogar. En la Costa Caribe el consumo de subsistencia es de 173 Kwh/mes. Para el estrato uno subsidia el 60 por ciento, estrato dos 50 por ciento y estrato tres 15 por ciento. El estrato cuatro paga tarifa plena y estratos 5 y 6 contribuyen con un 20 por ciento más sobre el valor del consumo para ayudar a subsidiar las personas de estratos 1,2 y 3”, explicó Afinia.
En este momento Afinia registra uno de los indicadores más bajos de recaudo. Solo un 64 por ciento del pago y adicional a ello hay altas pérdidas de energía.
“Un promedio del 38 por ciento, en gran parte asociadas a fraudes y uso ineficiente del servicio. Situación que según Afinia, genera impactos en la factura y en la comunidad que hace un uso correcto del suministro”, resaltó Afinia en un comunicado.
A la fecha, las entidades públicas de la región, entre ellas, colegios, hospitales, cárceles, administraciones u oficinas municipales y acueductos, acumulan una deuda de $52 mil 780 millones.
Las entidades que están en mora son: Empaso ESP Empresa de Servicios Públicos de El Paso ($10.675.500.456), Empobosconia ($9.600.237.919), Hospital Rosario Pumarejo de López ($7.790.654.462).
Entre los municipios que acumulan esta cartera morosa se encuentran, Chiriguaná ($5.082.316.818), La Jagua de Ibirico ($4.558.938.244), Tamalameque ($3.627.188.445), Bosconia ($3.183.886.224), Agustín Codazzi ($2.273.395.428) y Becerril ($2.049.200.649).
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