En medio de la polémica que hay entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el presidente Gustavo Petro por la posible investigación a su campaña de 2022, desde el Ejecutivo se radicará un proyecto que busca modificar la estructura interna del tribunal electoral. Una de las quejas históricas ha sido el origen partidista de sus miembros y la iniciativa busca acabar con esto.
Conforme a los criterios de
La propuesta que presentará el ministro Juan Fernando Cristo busca que los periodos de los magistrados del CNE pasen de cuatro a seis años. Acabando con su coincidencia en los cuatrienios del Congreso y la Presidencia. Además, la elección pasaría a estar a cargo de la rama Judicial y no en el Congreso.
La propuesta puntual busca que los magistrados sean elegidos por una convocatoria pública, que incluye un concurso. De esa convocatoria, tres serán elegidos por la Corte Constitucional, tres más por la Corte Suprema y otros tres por el Consejo de Estado. En la actualidad, los nueve magistrados salen de una plancha acordada por los partidos políticos con asiento en el Congreso. La repartición es por cociente electoral.
Por otro lado, se establecen unos requisitos claros que incluyen ser abogados con una experiencia de al menos 15 años. Se le dará más puntaje a los que tengan experiencia profesional o docente en temas electorales.
El proyecto que llegará al Congreso este martes busca establecer una inhabilidad para que los que hayan aspirado u ocupado cargos de elección popular en un tiempo anterior a 7 años no puedan aspirar a dicha magistratura. Esta misma restricción aplicará para los directivos de organizaciones políticas.
Por ese mismo camino se incluyó una incompatibilidad de dos años posterior a la magistratura. Por ese periodo, “los magistrados del CNE no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de Departamentos Administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular”.
El proyecto también le adiciona funciones al CNE, tales como revisar las actuaciones de la Registraduría en el desarrollo del proceso electoral; ejercer la vigilancia y depuración del censo electoral; llevar a cabo la inscripción de candidaturas; fijar los montos máximos para los gastos en las campañas; dirigir el escrutinio; y establecer medidas para colaborar con las entidades encargadas de la investigación administrativa y penal del control de la financiación.
La reforma presentada por el Gobierno también busca reformar funciones del CNE para que se incluya el apoyo a la realización de consultas al interior de los partidos y reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación del Estado.