La reforma que plantea el Gobierno para aumentar el monto del sistema general de participaciones (SGP), ha generado polémica y debate en torno a las consecuencias que podría traer esta iniciativa.
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Uno de los que ha planteado su postura en contra es el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien manifiesta que se están poniendo en juego las finanzas del Estado.
Además, planteó cuatro "problemas" que según su criterio tiene esta reforma: "El primero que ha sido señalado, incluso, por el ministro de Hacienda se entregan los recursos y no se definen las competencias y las responsabilidades. Es como decir ahí va la plata después veremos en que se gastan".
El segundo es que, según Gaviria, no se da un debate serio sobre la transferencia de competencias de la Nación a las entidades territoriales: "Si fuéramos serios por ejemplo debería eliminarse el DPS, pues ya departamentos y municipios ejecutarían esos recursos. Debería eliminarse también el Fondo de Inversiones para la Infraestructura Educativa pues lo mismo ya esas competencias van a ser transferidas a las entidades territoriales".
Y agregó: "Nada se dice sobre la agenda oculta digámoslo así de la descentralización. Esto es la construcción de capacidades en departamentos y municipios para la formulación y ejecución de proyectos. 12 años o 13 años de la reforma las regalías muestran que esas capacidades son muy débiles y que nada ganamos con transferir recursos si no se construyen capacidades".
El exministro también aseveró que dentro del Gobierno no se han puesto de acuerdo sobre este proyecto: "Visto desde afuera este proyecto parece más una estrategia electoral que un proyecto que se tome en serio la necesidad de profundizar la descentralización en Colombia".
El acuerdo del Gobierno
El gobierno de Gustavo Petro y el ponente, el senador Ariel Ávila, acordaron una serie de cambios con los que se busca generar los consensos suficientes para apaciguar los ánimos y garantizar el éxito de la propuesta.
En total son siete los acuerdos que salieron de las mesas de trabajo del senador de la Alianza Verde con la cartera de Ricardo Bonilla (Hacienda) y Juan Fernando Cristo (Interior). La principal modificación es que ya no será 46,5 por ciento el aumento de los recursos corrientes de la nación al SGP, sino que la cifra quedará en 39,5 por ciento. Son siete puntos porcentuales menos que la propuesta original. Este es el eje central del acuerdo y el aspecto en el que todavía se mantiene el debate.
Es un punto medio frente a la propuesta de otros congresistas, que pedían que se bajara hasta 37,5 por ciento. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, es una de las que ha insistido en que debía bajarse el porcentaje fijado inicialmente, pues considera que es insostenible.
"La reforma al SGP a municipios y departamentos es urgente y justa. No perdamos esta oportunidad, hagámoslo ya y hagámoslo bien: Aumentar del 21 al 37% como propuso la Misión de Descentralización es enorme salto", dijo Lozano.
Esta postura también la comparte el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que en la previa al debate de este lunes le dijo a los medios que "lo que se había aprobado en el quinto debate era insostenible fiscalmente". Este coincidió también con la postura de Angelica Lozano de que la cifra oportuna sería la que fijó la Misión de Descentralización.
El exministro de Hacienda y excandidato presidencial Juan Carlos Echeverry no vio con buenos ojos el cambio y aseveró que la propuesta sigue siendo peligrosa. "No será 46,5% de los ingresos corrientes de la nación al SGP, sino 39,5 %. Ministros y congresistas, con 46.5% el Estado queda 200% quebrado. Con 39.5% el Estado queda 180% quebrado. Dejen de jugar con candela"; dijo.
La misma postura la tuvo la senadora Paloma Valencia, de la oposición: "La nueva propuesta del gobierno aunque disminuye la presión fiscal sigue creando un hueco en el presupuesto general. Pasaríamos de un hueco de 881 billones a 12 años a uno de 503 billones".
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Política