En Texas, proponen una ley sobre el aborto que revolucionaría al estado

Los intentos de los políticos de Texas por vetar todas las opciones posibles que podría tener una mujer para acceder a un aborto no terminan. Es con ese objetivo que se ha presentado una ley sin precedentes en Estados Unidos que busca sancionar a quienes fabriquen, distribuyan, envíen por correo, receten o proporcionen un medicamento abortivo.

Sin embargo, eso no es lo preocupante. Lo extraordinario de este proyecto de ley es que impediría que jueces estatales declaren su inconstitucionalidad. La normativa está en análisis de la Cámara de Representantes después de haber sido aprobado por el Senado.

"Lo que intentan hacer aquí es absolutamente inaudito", dijo a Texas Tribune Joanna Grossman, profesora de derecho de la Universidad Metodista del Sur. La especialista dijo no haber revisado todas las leyes de Texas, pero que está segura de que "esto nunca se ha intentado".

El polémico proyecto de ley sobre aborto en Texas

El Proyecto de Ley Senatorial 2880 fue propuesto por el legislador republicano Bryan Hughes y busca multar hasta por US$100.000 a quienes la incumplan.   

Además, pretende incentivar a conocidos y familiares, especialmente a las parejas, de las mujeres que utilizan estas pastillas para abortar al darles un plazo de hasta seis años para dar a conocer este hecho a las autoridades. También le da la facultad al fiscal general del Texas de interponer demandas en nombre de los "hijos no nacidos de residentes de este estado".

La propuesta también establece que ningún juez estatal tiene jurisdicción para decidir sobre su constitucionalidad, y que si lo hicieran de todas formas, podrían ser demandados personalmente por US$100.000, detalla Texas Tribune.

"Nosotros hacemos las reglas", dijo Hughes en el pleno del Senado. "Nosotros fijamos la jurisdicción".

El aborto en Texas

La situación del aborto en Texas es una de las más restrictivas en Estados Unidos. Desde la derogación de Roe v. Wade en 2022, que protegía el derecho al aborto, el estado implementó leyes que prohíben casi por completo la interrupción del embarazo, con excepciones limitadas y ambigüedades legales que complican su aplicación.

La violación de estas normativas pueden incluir penas de cárcel y también altas multas económicas.