Diversas reacciones y análisis se han generado en las últimas horas, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos definiera este jueves 9 de enero la toma de posesión de Air-e con fines liquidatorios.
De acuerdo con los expertos, la medida responde a la necesidad de los usuarios de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras que otros analistas enfatizan en que el paso a seguir son las inversiones.
Air-e venía en calidad de intervenida desde septiembre del año pasado, cuando la compañía solicitó al gobierno nacional proceder con la medida. Minminas y la Creg dieron el visto bueno y la Superservicios tomó posesión.
Hasta el 12 de enero, la entidad tenía un plazo de definir bajo qué modalidad seguía la intervención del gobierno. Por eso, luego de una reunión realizada este jueves entre el agente interventor Edwin Palma y el superintendente Libardo Yanod Márquez, se determinó el futuro de la compañía.
Tras revisar el informe de Palma sobre la operación y la situación financiera de Air-e, La Superservicios profirió la Resolución No. 20251000004725 en la que estableció la modalidad de toma de posesión de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. (intervenida) con fines liquidatorios.
Incluye una etapa de administración temporal que dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho.
Especialista pide evaluar la solución que se intentó
En diálogo con EL TIEMPO, el especialista en el sector eléctrico, Javier Lastra, dio su punto de vista del significado que tiene esta decisión para la compañía y los usuarios.
“Distribuidoras y comercializadoras de energía en el Caribe colombiano no responden a lo que en su momento fue una solución que se quiso plantear para Electricaribe. Prueba de ello es que tanto Air-e como Afinia están atravesando por la misma situación crítica financiera, con la diferencia en que una está intervenida por la Superservicios y la otra está oxigenada por su dueño, que es Empresas Públicas de Medellín. Entonces el primer análisis que hay que hacer es evaluar la solución que se intentó, estuvo orientada en un incremento tarifario y a mi parecer desconoció la realidad de la región. Unos mercados extremadamente pobres, en los estratos del 0 al 2, estamos hablando casi del 80 % del mercado de la distribución de energía”, expresó el exgerente de Afinia.
Lastra explicó que intervenir una empresa por parte de la Superservicios es darle una asistencia mecánica a un problema estructural, buscando mantener la continuidad del servicio, ayudando con mecanismos que apalanquen la operación.
“Aquí lo que se trata no es que a futuro la empresa se convierte en pública o se convierte en privada, sino cómo vamos a resolver los problemas estructurales que tiene el mercado en la Costa Caribe, con una infraestructura precaria, unos bajos niveles de recaudo y unas pérdidas de energía como palancas de valor importante para mantener la sostenibilidad de una compañía”, aseguró el especialista.
Se requieren inversiones
Javier Lastra sostuvo que se requieren inversiones económicas importantes y de infraestructura los primeros años, para controlar las pérdidas de energía y buscar los recursos por vías distintas a la tarifa que paguen los mercados vulnerables.
“Lo peor que le pudiera pasar al usuario y a la economía regional es que el servicio no sea continuo. Intervenir ya sea con fines de administración o liquidad, su objetivo principal es mantener la continuidad del servicio. El otro tema es pensar que por el hecho de la intervención se van a disminuir las tarifas, eso no guarda relación. El régimen tarifario depende de otras decisiones con el ente regulador”, señaló Lastra.
Usuarios piden conocer auditoría forense
Por su parte, el coordinador de la Liga Nacional de Servicios Públicos en la costa, Norman Alarcón, destacó la determinación que tomó la Superservicios sobre el futuro de Air-e.
“La decisión de la toma de posesión de Air-e con fines de liquidación está en la dirección correcta, como lo venía planteando la Liga Nacional de Usuarios desde el mes de septiembre pasado cuando se inició dicha intervención”, indicó.
Alarcón definió como “demoledor” el informe del agente interventor Edwin Palma dado a conocer hace poco. “Es tan demoledor que no deja otra alternativa que la liquidación”.
“Creemos que lo que sigue es que el Estado mantenga el control y administración de Air-e, porque es el que tiene el músculo financiero para acometer las cuantiosas inversiones, compras de energía, pago a proveedores y a trabajadores, entre otras. Se requiere conocer la auditoría forense que está haciendo la empresa para esclarecer todos los entramados de irregularidades”, manifestó el vocero de los usuarios a este medio.