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hace 3 semanas
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El llamado acuerdo de Chicoral fue un pacto firmado en enero del año 1972 por el expresidente Misael Pastrana, en el centro poblado de Chicoral, en el municipio de El Espinal en el Tolima. En ese acuerdo se buscaba frenar la reforma agraria promovida por gobiernos liberales, incluida la administración del expresidente Alberto Lleras Camargo.
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Hoy, la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, anuncia en este reportaje para EL TIEMPO, que promoverá un proyecto ‘anti Chicoral’ para defender la reforma agraria.
La ministra Carvajalino es abogada especialista en Derecho Constitucional y Máster en Derecho. Es una destacada jurista, experta en temas agrarios y ambientales.
Hay un problema con la leche, o con la superproducción, ¿qué va a hacer?
La leche, así como otras cadenas productivas, tiene el impacto de la implementación de los tratados de libre comercio. Nos acercamos al arancel cero de la leche, lo que implica que habrá más importaciones de leche.
¿Estamos importando leche?
Sí señor. Se importa leche, por tratados vigentes.
Y también exportamos leche…
Fundamentalmente a Venezuela.
Mejor dicho, nosotros estamos importando y exportando leche. ¿Cómo es eso?
Así funciona gran parte de nuestras cadenas. Exportamos arroz e importamos arroz. Eso tiene que ver con las reglas del mercado, los precios bajan y suben.
Carvajalino también fue viceministra de Desarrollo Rural, y desde julio de este año está al frente del Ministerio de Agricultura.
Foto:MAURICIO MORENO. EL TIEMPO
¿Nuestra agricultura es fuerte?
El país fundamentalmente se surte de la economía de extracción de fósiles y nosotros queremos transitar hacia la economía de la agricultura, y creo que hemos venido demostrando que eso se puede hacer. Nosotros necesitamos pensar en economías competitivas, con un acompañamiento más cierto del Estado. Vamos a concentrar nuestra política pública en fortalecer nuestra agricultura. Entonces vamos a decir “el 25 es el año de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria”, y eso nos permite llevar al primer trimestre del 2026 la estructuración de unas apuestas muy importantes hacia la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
¿Y eso?
El Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, que es un Consejo donde están los Gobiernos, está la sociedad civil y están los expertos, nos aprobó hace unos días en Roma, por unanimidad, ser sede en el primer trimestre de 2026 con el apoyo técnico de la FAO de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. En Colombia, esperamos poner en discusión global la importancia de la tierra y vamos a reunir a las naciones del mundo, para hablar de la tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios frente al cambio climático. Nos apoyaron Estados Unidos, Brasil, India, Camerún, el Congo, la Unión Europea. Nuestra elección como sede fue hecha por aclamación.
¿Y el objetivo?
Discutir en el escenario global las relaciones de tenencia de la tierra, las reformas agrarias y el desarrollo rural como una apuesta para luchar contra el hambre en el mundo, fortalecer los sistemas agroalimentarios y luchar frente al cambio climático.
Desde que asumió el cargo hasta hoy, ¿cuál ha sido el mayor problema que ha encontrado?
La condición del sector agropecuario en el país ha estado determinada por la guerra y por el conflicto. Hay guerra en el campo porque no hay desarrollo ni política de tierras, y no hay política de tierras ni política agropecuaria porque hay guerra en el campo.
¿Y cuál es la solución?
Ahí yo creo que entra de manera muy importante la implementación del Acuerdo de Paz y la apuesta de ‘paz total’. El acuerdo de paz nos dice que se deben formalizar 7 millones de hectáreas de tierra que no tienen legalizado su título.
Hay mucha gente que reclama por los procesos de comercialización…
Así es, y nos dicen que por qué no hacemos hoy lo que hacía el Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario). El Idema acopiaba. El Idema permitía regular de alguna manera si los precios subían, si los precios bajaban y ayudaba a la agrologística de la producción agropecuaria. Hoy no tenemos Idema. Hoy no tenemos esa institucionalidad para hacerlo.
¿Entonces, usted es partidaria de resucitar de alguna manera al Idema?
Hay que resucitar o crear una institucionalidad que sea capaz de identificar qué se produce, dónde se produce, facilitar el acopio, la transformación y la comercialización…
¿Qué fue lo que hizo quebrar al Idema?
Yo creo que fueron decisiones de política. De política pública y de gestión administrativa. Derecho administrativo, deficiencias en la gestión.
¿Usted cree que el país necesita un Idema?
Se necesita recuperar una institucionalidad fuerte para el proceso de acopio. Yo soy partidaria del regreso del Idema.
¿Y por qué no lo hace?
Estamos trabajando en un proyecto de ley. Hay que robustecer la autoridad de tierras, hay que robustecer a la Agencia de Desarrollo Rural, no como formuladora e implementadora de proyectos, sino como una autoridad que construya la prospectiva de la producción agropecuaria y facilite el fortalecimiento de la agricultura campesina y no de manera segregada. Necesitamos una gran estructura del sector agrario que nos permita tener una política agropecuaria estatal, una política agropecuaria donde el Estado pueda dar respuesta permanente a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios. Pero necesitamos robustecer la institucionalidad agropecuaria en el país.
¿Cómo se hace eso?
Estamos preparando un proyecto de ley sobre cómo reconstruir la institucionalidad agraria. Los sindicatos vienen trabajando una propuesta, las comunidades vienen alistando otra propuesta. Yo creo que hoy tenemos el mejor de los escenarios para recuperar al país de cara al campo colombiano. Para hacer adquisición directa de tierras por oferta voluntaria. Concentrar allí nuestro trabajo porque es la apuesta de la redistribución, comprar grandes extensiones de tierra para redistribuirlas.
¿Y con qué recursos?
Del Presupuesto General de la Nación. Eso está incluido y hemos venido comprando. Ya hemos adquirido 265.000 hectáreas de tierra, más de la mitad de ellas para comunidades campesinas, las otras para pueblos indígenas.
¿Y ese proceso cómo se inició?
Compramos 9.000 hectáreas en el proceso de Buenavista que va a ser nuestro primer distrito agrario porque hemos comprado allí la mayor cantidad de tierras.
¿Cuáles son las funciones del juez agrario que el Congreso ya aprobó?
El juez agrario es un juez independiente de la jurisdicción ordinaria, independiente de la jurisdicción contenciosa, que en un distrito define el Consejo Superior de la Judicatura, con la necesidad de que podamos tener el otro año los jueces y los tribunales en funcionamiento allí donde el Consejo Superior de la Judicatura priorice que deben entrar a funcionar.
Pero se va a hacer…
Se va a hacer. Por eso hemos solicitado el mensaje de urgencia para que nosotros podamos tener el otro año los primeros jueces y los primeros magistrados agrarios ejerciendo sus cargos.
Otro tema: ¿qué va a pasar con los páramos?
La Ley 1930 es clara sobre las actividades permitidas. Dentro de ellas están las actividades agropecuarias de bajo impacto.
En consecuencia... ¿Qué tiene que hacer el Estado?
Concurrir a que los campesinos que los han habitado y protegido, sigan ahí. No nuevos campesinos. No nos interesa ocupar más los páramos. Creo que podemos aplicar una política donde los campesinos sean guardianes del páramo.
Si la reforma agraria ya está en ejercicio, ¿cuál es la cifra más importante para afirmar eso?
265.000 hectáreas adquiridas de manera directa y 450.000 hectáreas gestionadas de manera integral para la redistribución de la tierra.
¿Y cómo será esa redistribución?
Entregándola a las familias campesinas. Tenemos 160.000 y 162.000 hectáreas que vienen siendo entregadas a familias campesinas.
Señora ministra: ¿qué es lo que su cartera está preparando sobre el llamado acuerdo de Chicoral?
Nosotros vamos a hacer una reunión este año con organizaciones campesinas y con sectores de la sociedad, fundamentalmente sobre el nuevo acuerdo de Chicoral. Es una forma de resignificar la reforma agraria en Colombia. Ese pacto de Chicoral que en el año 72 se usó para frenar la reforma agraria de Carlos Lleras, hoy queremos resignificarlo para que el país se vuelva a poner de acuerdo pero en sentido contrario.
No lo entiendo. ¿Qué era el pacto de Chicoral?
Fue una forma de unos grupos de detener la reforma agraria del 61 y de frenar el avance en los procesos de redistribución de tierra. Y frenaron la reforma agraria. Hoy queremos resignificar eso.
¿Qué quiere decir?
Vamos a hacer este año el nuevo acuerdo de Chicoral. Esta vez para impulsar la reforma agraria.
Mejor dicho, un antiacuerdo de Chicoral...
Un proacuerdo de la reforma agraria.
¿Y cuándo va a ser eso?
En diciembre.
¿En dónde?
En Chicoral, que es un municipio del Tolima. Allá donde hace 50 años nos pararon la reforma agraria, hoy nos vamos a reunir para impulsarla, para hacer la reforma agraria.
¿Quiénes asisten?
Vamos a citar a todos los comités de reforma agraria que se han venido constituyendo, a todas las instituciones y a quienes quieran acompañar ese encuentro.
Es un antipacto de Chicoral...
Es un nuevo pacto. Es revertir el pacto de Chicoral.
Revertir el pacto de Chicoral para acabar con el pacto de Chicoral.
Eso es así. Es un acuerdo de toda la sociedad para impulsar la reforma agraria.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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