El desafío de enfrentar una pandemia de crimen organizado a nivel mundial

La delincuencia organizada transnacional es una paradoja: omnipresente pero invisible. Si bien las tácticas delictivas evolucionan rápidamente, las respuestas dirigidas por los gobiernos suelen ser estáticas. Cuando las redes delictivas se ven acorraladas en una jurisdicción, rápidamente se multiplican en otra. Aunque el problema afecta a todos, a menudo se considera demasiado delicado como para discutirlo a nivel nacional, y mucho menos a nivel mundial. Como resultado, la comunidad internacional –incluidas las Naciones Unidas y sus Estados miembros– carece de una estrategia coherente y coordinada para abordarlo.

Esto tiene que cambiar. La delincuencia organizada transfronteriza constituye una grave amenaza para la paz, la seguridad, los derechos humanos, la gobernanza, el medioambiente y el desarrollo sostenible. Según la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más del 80 % de la población mundial vive en países con niveles de criminalidad peligrosamente altos. Si bien parece haber una creciente conciencia del problema, las respuestas siguen siendo reactivas, fragmentadas y con financiación insuficiente.

El crimen organizado transnacional –desde el tráfico de drogas y el tráfico de personas hasta la venta de productos falsificados y el cibercrimen– llega a la mayoría de las ciudades, barrios y hogares. En Estados Unidos, más del 90 % de los billetes de un dólar en circulación están contaminados con restos de cocaína y otras drogas. En la India, el 66 % de las personas afirman haber sido víctimas de estafas en línea.

Sin embargo, pese a su omnipresencia, es frustrantemente difícil cuantificar el crimen organizado. Todavía no existe una definición acordada a nivel mundial del término ni hay incentivos sólidos para alentar la cooperación internacional contra la delincuencia transfronteriza. Mientras tanto, los actores y comportamientos criminales se están extendiendo desde el submundo, infiltrándose en instituciones gubernamentales, empresas privadas e interacciones cotidianas.

El fenómeno ha explotado desde el fin de la Guerra Fría, debido a tres grandes tendencias. La primera es la globalización: la creciente interdependencia generada por los flujos transfronterizos de bienes y servicios, inversiones, personas e información. La expansión del comercio, la falta de regulación del capital y la proliferación de paraísos fiscales y zonas económicas especiales han permitido a los grupos criminales llegar a nuevos públicos en todo el mundo, aprovechar las cadenas de suministro globales y explotar las laxas regulaciones bancarias de algunos países. Cuando se han endurecido los controles fronterizos, como en los últimos años, las redes criminales transnacionales han obtenido ganancias aún mayores, porque se les paga más por trasladar bienes ilícitos para satisfacer la demanda.

En segundo lugar, la digitalización también está acelerando la propagación del crimen organizado al ayudar a los malos actores a llegar a nuevos clientes y víctimas. La difusión de internet, la nube, el cifrado y la inteligencia artificial han reducido drásticamente los costos del delito al facilitar la evasión de la ley y el salto de una jurisdicción a otra. Las nuevas tecnologías también están dando lugar a innovaciones que van desde armas de fuego impresas en 3D y drogas sintéticas (que a menudo se comercializan en mercados ilícitos en la red oscura) hasta nuevas estafas en línea. Los sindicatos criminales están aumentando los ataques en línea, compartiendo técnicas comerciales, explotando nuevas vulnerabilidades cibernéticas y blanqueando las ganancias.

Por último, las crecientes tensiones geopolíticas han amplificado aún más la amenaza y la complejidad de la delincuencia transfronteriza. Los conflictos violentos, las disputas económicas y la profundización de la polarización interna están distrayendo a los gobiernos de un enfoque integral para combatir el crimen organizado transnacional. Al mismo tiempo, la mayor competencia global ha debilitado el incentivo de los gobiernos para cooperar, incluso en amenazas compartidas, como el cambio climático, las pandemias y el crimen. Para empeorar las cosas, los gobiernos sancionados (Irán, Birmania, Corea del Norte, Rusia, Venezuela) están en connivencia directa e indirecta con actores criminales y redes intermediarias, mientras recorren los mercados negros para obtener de todo, desde minerales hasta microchips.

Por supuesto, existen otros factores que impulsan el crimen organizado transnacional más allá de estas tres grandes tendencias. Por ejemplo, la creciente desigualdad es un factor importante porque puede socavar el Estado de derecho y alimentar la corrupción. Los shocks y tensiones externas, como las sanciones económicas, las crisis financieras, las pandemias y el cambio climático, también pueden influir en los mercados criminales.

Un gran negocio

La desconfianza entre gobiernos está degradando el régimen internacional de control del delito. Ha habido poca evolución en la gobernanza desde la Convención de 2003 contra la Corrupción y la Convención de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con sus tres protocolos sobre trata de personas, tráfico de migrantes y armas de fuego. Los avances en las recientes negociaciones de la ONU para un tratado sobre el delito cibernético han sido difíciles, debido a profundos desacuerdos sobre sus implicaciones para los derechos humanos, entre otros.

Aunque la intensidad de estos fenómenos varía de un lugar a otro, el tráfico de drogas, armas de fuego y personas, así como los delitos ambientales, el comercio de vida silvestre y productos falsificados y los delitos cibernéticos, parecen estar aumentando. En 2023, la Interpol describió la expansión del crimen organizado transnacional como una “epidemia” que requiere una aplicación coordinada de la ley “en todas las regiones”. Y en abril, la Unión Europea calificó el problema como “una de las mayores amenazas actuales” y una “gran amenaza para la seguridad interna de la UE”.

Aunque es difícil de medir, el ecosistema de corrupción, lavado de dinero y economías subterráneas que posibilita el crimen organizado también se ha expandido. La UE estima que al menos dos tercios de todos los delincuentes cometen actos de corrupción de manera habitual y que más del 80 % de las redes delictivas utilizan estructuras comerciales legales. Estos desafíos no se limitan a Europa: dos tercios de todos los países tienen problemas “graves” de corrupción y han mostrado poco o ningún progreso para abordarla.

El crimen organizado genera perjuicios de amplio alcance, sobre todo porque es uno de los negocios más grandes del mundo, con ingresos anuales de hasta 4 billones de dólares. Si se suman los costos económicos de los delitos cibernéticos (en 2022), esa cifra se triplica hasta los 12 billones de dólares. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que entre el 2 y el 5 % del PIB mundial se blanquea cada año, lo que refleja hasta qué punto las economías legales e ilícitas están entrelazadas a través de transferencias financieras clandestinas, formas de inversión dudosas y negocios legítimos.

Para tener una perspectiva más local de los costos económicos del crimen organizado, basta con pensar que la producción de drogas ilícitas de Colombia está valorada en 18.000 millones de dólares, que rivaliza con el petróleo y el gas como principales productos de exportación. Según autoridades brasileñas, el contrabando, la piratería, el robo de agua y electricidad y el fraude fiscal le cuestan a la economía unos 85.000 millones de dólares al año. Y se dice que el año pasado los delitos cibernéticos generaron pérdidas por 320.000 millones de dólares a la economía estadounidense, aunque es casi seguro una subestimación, dada la baja tasa de denuncias.

Lejos de quedarse quietas, las redes delictivas organizadas están expandiendo sus mercados y volviéndose más transnacionales. Habiendo evolucionado rápidamente en un período de rápida globalización, están entrelazadas con negocios legales y son expertas en entregas justo a tiempo, en deslocalizar la producción para evadir la detección y en diversificar sus cadenas de suministro para gestionar el riesgo. Algunos grupos criminales también se están expandiendo hacia nuevos productos y servicios.

Los grupos de narcotraficantes brasileños, colombianos, mexicanos e incluso balcánicos que operan en la cuenca del Amazonas han ingresado a nuevos mercados como Chile y Ecuador, y a sectores nuevos, como la tala de árboles y la minería de oro. Entre tanto, sindicatos criminales en el Triángulo Dorado (Birmania, Tailandia y Laos) han pasado de las apuestas localizadas a las llamadas operaciones de “matanza de cerdos” (estafas de dinero por correo electrónico o en línea en las que se “engordan para el matadero” a víctimas involuntarias) que involucran a miles de personas traficadas.

Mercados criminales al alza

La rápida expansión de redes criminales con carteras diversas está desbordando la capacidad de la mayoría de las autoridades de seguridad nacional y judiciales. Y estos grupos criminales no solo están proliferando, sino que también se están fragmentando. El crecimiento de los mercados criminales transfronterizos, las menores barreras de entrada y la pandemia de covid-19 han impulsado una oleada de nuevos actores que buscan sumarse a la acción. Desde Afganistán e Irak hasta Haití y Trinidad y Tobago, cientos de grupos criminales compiten y se confabulan para ganar participación en el mercado. A partir de este año, Europol cree que hay al menos 820 redes criminales con más de 25.000 personas operando en toda la UE.

Algunos de estos sindicatos están adoptando modelos de franquicia, tras haber sustituido ya una estructura jerárquica por una estructura de red. Muchas organizaciones criminales descentralizan y subcontratan servicios, como asesinatos selectivos, operaciones de ciberdelincuencia o el transbordo de cocaína y drogas sintéticas. Mientras tanto, las respuestas agresivas de las fuerzas del orden –incluidas las estrategias de “capo” (que apuntan al líder principal) y de “mano dura” (tolerancia cero)– han tenido consecuencias no deseadas, ya que a menudo han dividido a los grupos en facciones más pequeñas e hiperviolentas. En lugar de un puñado de organizaciones criminales globales consolidadas –la mafia italiana, las tríadas chinas, los carteles colombianos, la Yakuza japonesa o los sindicatos de los Balcanes–, nos quedamos con docenas de “supercarteles” y miles de actores más pequeños.

Para empeorar las cosas, los grupos del crimen organizado están infiltrando y subvirtiendo a los gobiernos nacionales y locales, así como a las empresas legítimas. Una combinación de carteles, mafias, pandillas, milicias y otros grupos compiten alternativamente contra las instituciones estatales, se confabulan con ellas y, en algunos casos, las capturan. No son solo los organismos de seguridad, justicia, penales y aduanas los que están en la mira; también las infraestructuras críticas, las contrataciones públicas, los proveedores de servicios e incluso las agencias de inteligencia.

Están utilizando múltiples estrategias para expandir su poder: intermediando con los gobiernos, participando en operaciones conjuntas, utilizando tácticas terroristas o suplantando a los gobiernos por completo. El submundo criminal está saliendo de las sombras para escoger candidatos, atacar a los opositores, financiar campañas e influir de otras maneras en los resultados electorales. Irónicamente, cuando la política misma se criminaliza, el apoyo a líderes populistas y autoritarios que prometen “mano dura contra el crimen” puede alimentar un círculo vicioso que afianza aún más el poder del crimen organizado.

Algunos gobiernos también se abastecen directa o indirectamente de productos y servicios del mercado criminal global, y otros han difuminado por completo las fronteras entre política, negocios y crimen. Los líderes autoritarios que supervisan el “crimen organizado estatal” contratan sicarios, reclutan blanqueadores de dinero profesionales, despliegan mercenarios privados y contratan piratas informáticos para atacar a disidentes y robar todo, desde bitcoines hasta oro. En 2023, el director de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido destacó tardíamente “los vínculos emergentes entre el crimen grave y organizado y los Estados hostiles”, citando a piratas informáticos respaldados por Corea del Norte y grupos de ciberdelincuencia empleados por las autoridades rusas. La participación de estos gobiernos en actividades criminales hace más difícil crear alianzas estratégicas y gestionar los riesgos de escalada a través de organismos globales y regionales.

Verdad incómoda

Una verdad incómoda complica aún más las cosas: el crimen organizado genera con frecuencia beneficios perversos y bienes públicos para grandes segmentos de la población en algunos países, especialmente aquellos que experimentan altos niveles de desigualdad, pobreza y corrupción. Los líderes de algunos grupos del crimen organizado suelen ser vistos como “héroes” en las áreas locales desfavorecidas donde operan.

El crimen organizado está generando niveles de violencia extremadamente altos. Una proporción significativa de los homicidios denunciados –hasta el 90 % en algunos países de América Latina y el Caribe– está vinculada a él

En lugar de concebir el crimen organizado como una aberración social, tal vez sea más apropiado entenderlo como una búsqueda racional de ganancias materiales mediante la depredación, la competencia, la colusión (pacto ilegal para eliminar la competencia) y la captura. Este es ciertamente el caso en aquellas partes de Brasil, México, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica donde la penetración del Estado es débil. 

Los grupos criminales pueden sostener vastas economías informales y entregar una amplia gama de bienes esenciales durante las emergencias. En otras áreas urbanas y rurales económicamente marginadas, millones de personas dependen de las economías informales e ilícitas para servicios básicos, desde seguridad hasta electricidad y acceso a internet. En México, los carteles son considerados el quinto empleador más grande del país, con hasta 185.000 miembros. 

Lo más importante es que el crimen organizado está generando niveles de violencia extremadamente altos. Una proporción significativa de los homicidios denunciados –hasta el 90 % en algunos países de América Latina y el Caribe– está vinculada a él, especialmente en las ciudades. La impunidad está muy extendida. No sorprende que en países donde se registran niveles comparativamente altos o en aumento de esa violencia –desde Ecuador y Brasil hasta Bélgica y los Países Bajos– el crimen organizado sea la principal preocupación de los votantes. En Europa y otras regiones, el crecimiento del crimen organizado se ha convertido en un tema que estimula los partidos de derecha.

Sin embargo, la violencia es solo la punta del iceberg. Si bien los carteles, las milicias y las bandas suelen instrumentalizar el derramamiento de sangre para asegurar mercados y proteger territorios, una proporción aún mayor del crimen organizado es no violenta. La extorsión, la intimidación y el miedo también generan efectos dominó que socavan los medios de vida, la calidad de los servicios, la confianza en los espacios digitales, la legitimidad de las instituciones policiales y judiciales y los cimientos de la gobernanza democrática. 

El cibercrimen no violento plantea una amenaza grave no porque cause lesiones físicas, sino porque socava la confianza en el entorno en línea, desestabiliza los sistemas financieros y perturba servicios críticos. Precisamente cuando se necesita urgentemente una coordinación global para contrarrestar el crimen organizado transnacional, el multilateralismo se ha vuelto cada vez más problemático. Las respuestas globales que deberían ser integrales, decisivas y rápidas se ven frustradas por el desacuerdo y la desconfianza. 

A pesar de los desmantelamientos ocasionalmente espectaculares de redes criminales por parte de organismos como Interpol y Europol, el enfoque internacional actual es lamentablemente insuficiente.

ROBERT MUGGAH (*)

PROJECT SYNDICATE

RÍO DE JANEIRO

(*) Cofundador del Instituto Igarapé y del Grupo SecDev, es miembro del Consejo Global del Futuro sobre Ciudades del Mañana del Foro Económico Mundial.

Esta nota fue editada por razones de espacio.