Día cívico del presidente Petro desata pulso con alcaldes y marca el inicio de su consulta popular

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El mismo día en que la Comisión Séptima del Senado tiene previsto votar la ponencia negativa que podría hundir definitivamente la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro lanzará su estrategia para promover su consulta popular. Esta iniciativa tendrá como punta de lanza el día cívico, medida que ha generado un intenso debate entre sectores políticos y a la que varios mandatarios locales y departamentales ya le bajaron el dedo.

Este día cívico busca facilitar la participación en las marchas programadas para este martes. Estas movilizaciones, convocadas en 32 ciudades del país desde las 7 de la mañana, ya cuentan con la confirmación de sindicatos, estudiantes y del propio jefe de Estado, quien anunció que marchará en Bogotá.

“El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, anunció el presidente Petro la semana pasada.

Este miércoles también hubo protestas frente al Congreso.

El anuncio del mandatario de convocar una consulta popular y de llamar a las calles –que se dio luego de que ocho congresistas firmaron y radicaron la ponencia negativa– responde, según sus declaraciones, a la necesidad de superar lo que califica como un “bloqueo institucional”. Sin embargo, la estrategia ha tenido varias lecturas políticas. Por un lado, es vista como una forma de presión sobre el Legislativo en un momento en el que las relaciones Congreso-Gobierno parecen rotas. Por el otro, es vista como el inicio de la campaña electoral para el petrismo de cara a 2026.

Esta decisión generó críticas inmediatas en diferentes sectores políticos. “Jamás me opondré a mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Carta del 91, faltaba más. Pero que use la presidencia para decretar días cívicos y manosear funcionarios y contratistas en marchas no es democracia”, señaló la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, en X.

Aunque al cierre de esta edición aún no se conocía el decreto que oficializa el día cívico, sectores cercanos al presidente Petro ya han comenzado a movilizarse en las calles.

Este domingo, por ejemplo, la exministra de Ambiente Susana Muhamad encabezó una serie de encuentros en el parque Nacional, donde “socializó” las reformas sociales y la consulta popular como antesala a las marchas.

Alcaldes dicen ‘no’

A estas críticas realizadas por sectores independientes y opositores se sumaron los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Jaime Beltrán (Bucaramanga), Carlos Fernando Galán (Bogotá), Dumek Turbay (Cartagena), Carlos Pinedo (Santa Marta), Alexánder Baquero (Villavicencio), Johana Aranda (Ibagué) y los gobernadores Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Adriana Magali Matiz (Tolima), quienes además ya anunciaron que no acogerán la medida.

La mayoría de los dirigentes que decidieron no aceptar el día cívico argumentaron que no es momento de detener las actividades. Sin embargo, manifestaron que darán todas las garantías para que los ciudadanos que deseen participar lo hagan.

Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.

“Como alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar (...) No existe mejor política social que la generación de empleo”, afirmó Federico Gutiérrez.

En la misma línea, el alcalde Jaime Beltrán dijo: “Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del día cívico del Gobierno Nacional del próximo martes”.

Alejandro Eder, por su parte, hizo un llamado a que se respete la independencia de poderes y señaló que las instituciones democráticas son las que deben resolver los desacuerdos. “Uno puede entrar a una discusión de si era necesaria o no una marcha o la llamada a una consulta. Yo creo que siempre deben primar las instituciones democráticas”, le dijo a EL TIEMPO.

Otros mandatarios como Dilian Francisca Toro y Carlos Pinedo, pese a que no apoyan la medida del Gobierno, anunciaron que dejarán que los funcionarios decidan si asisten a las manifestaciones. El Concejo de Bogotá también anunció que funcionará como en un día común y corriente. Sin embargo, en ciudades como Barranquilla, el alcalde aún no ha definido si el distrito adoptará o no el día cívico.

Pese a esto, la convocatoria ha ido ganando adeptos. Al respaldo que han manifestado desde algunas centrales obreras se suma el anuncio de seis organizaciones indígenas, que ese día llevarán a cabo una minga nacional. “Expresamos nuestro apoyo a la movilización convocada en el país para defender las reformas estructurales que exige la población colombiana”, señalaron desde el Cric, la Opiac, el Aico y la Organización Nacional Indígena de Colombia.

El debate jurídico

Como señala el Departamento Administrativo de la Función Pública, un día cívico es una jornada en la que “por regla general” los servidores o funcionarios públicos no trabajan. Ahora, la pregunta que surge ante la negativa de los alcaldes y gobernadores es si es obligatorio atender dicha jornada. Para el abogado Duván Castañeda, los días cívicos decretados por el Presidente no son de descanso obligatorio ni son un día festivo, por ende, ningún mandatario local está en obligación de permitir que los empleados públicos falten.

Un grupo de personas lideradas por Susana Muhammad se reunieron para socializar las reformas.

“Un día cívico es una fecha que decreta el Gobierno para conmemorar hechos importantes o para promover la participación de los ciudadanos en actividades relevantes”, dijo el jurista, quien añadió: “La medida del presidente Petro implica que las entidades del Gobierno central suspenden sus actividades, pero los gobierno locales y el sector privado pueden decidir si se acogen o no a la decisión”.

La última vez que el Gobierno convocó una jornada de esta naturaleza fue el 19 de abril de 2024, supuestamente para el cuidado del agua; sin embargo, la iniciativa generó críticas ya que coincidió con el cumpleaños del presidente y el aniversario de la fundación del M-19.

Para el penalista Francisco Bernate, el día cívico solo tiene impacto para el funcionario del orden nacional, de manera que los alcaldes y gobernadores “pueden disponer lo contrario sin que esto acarree alguna consecuencia legal. Lo anterior, toda vez que el decreto aplica solo para las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva. Los mandatarios de municipios y departamentos son autónomos al ser las máximas autoridades en sus jurisdicciones”.