Denuncian nuevo desplazamiento masivo de firmantes de paz por enfrentamientos entre disidencias

La crítica situación de seguridad que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz de 2016 sumará este martes un nuevo capítulo. Mediante un comunicado de prensa, los excombatientes asentados en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad, ubicada en Mesetas (Meta), anunciaron su decisión de abandonar dicho territorio debido a los constantes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.

En total, 88 personas (entre los firmantes y sus familiares) saldrán de ese espacio, ubicado a unos 15 minutos del ETCR Buenavista, ante la falta de garantías de seguridad. “Dado el riesgo inminente que corren nuestras vidas, hemos decidido llevar a cabo nuestra salida del territorio el día 25 de febrero de 2025”, dicen en el comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro.

En el documento señalan que desde el 17 de febrero alertaron a diversas autoridades y organizaciones sobre el riesgo que enfrentaba y sobre la posibilidad del desplazamiento si no se tomaban medidas urgentes. Además, recuerdan que la situación en la región ya había sido denunciada en dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

En la 018 de 2024, la entidad pone el foco sobre la consolidación, expansión y control territorial de las facciones disidentes de las Farc, principalmente del Bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura que actualmente participa en una mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.

Asimismo, en la 001 de enero de este año alertan sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las facciones leales a alias Calarcá Córdoba y las que abandonaron el proceso de paz y hoy están al mando de alias Iván Mordisco. Además, advierten sobre las consecuencias de esos combates en la población firmante.

“(...) los riesgos que afectan de forma general a los/as firmantes de paz, especial mención merecen los riesgos para quienes adelantan sus procesos de reincorporación de manera individual”, dice la alerta temprana.

Pliego de peticiones

En su pronunciamiento de este martes, los firmantes del acuerdo le piden al Gobierno nacional que se activen de manera inmediata y efectiva los mecanismos de respuesta establecidos en el Plan de Contingencia aprobado en el Comité Territorial de Justicia Transicional el 27 de junio de 2024 y la adopción de medidas inmediatas por parte del Estado colombiano que garanticen su seguridad.

“El hecho que vivimos hoy en la NAR Libertad Simón Trinidad demuestra que el Estado sigue sin brindar las garantías de seguridad de la población firmante, tal cual fue reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-020 de 2022, que establece el estado de Cosas Inconstitucionales”, indican.

Entre las peticiones específicas se incluye un plan de evacuación integral con recursos logísticos, transporte y protección para las familias, proyectos productivos y bienes, la articulación interinstitucional para garantizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, y seguridad y la atención humanitaria en el lugar de acogida, con acceso a condiciones básicas de vida digna y protección.

Asimismo, hablan de garantías de acceso a la tierra y solución definitiva con el establecimiento de un nuevo asentamiento y viviendas dignas, además de garantizar la educación de los niños y adolescentes.

“Exigimos que las entidades competentes, tanto del orden nacional como territorial, actúen de manera urgente y coordinada para evitar mayores afectaciones a nuestra comunidad y garantizar nuestra estabilidad y seguridad”, agregan.

La preocupación de los firmantes continúa

Este desplazamiento ocurre un mes después de la segunda sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional que declaró la Corte Constitucional por la violencia que viven los firmantes desde la firma del Acuerdo de Paz.

La audiencia contó con la presencia de las cabezas de las entidades claves para su protección, como la defensora del Pueblo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, comandantes de las Fuerzas Militares, entre otras y coincidió con la coyuntura del pico de homicidios registrado en la más reciente crisis de orden público en el Catatumbo, una escalada criminal que deja más de seis excombatientes asesinados.

A estos episodios hay que sumarles a las protestas de organizaciones de firmantes y campesinos que se presentaron la semana pasada en la vía Bogotá-Girardot, manifestaciones que dieron lugar a una mesa de trabajo entre los excombatientes y el Gobierno nacional.

Entre las principales preocupaciones denunciadas se encuentran los retrasos en el pago de la renta básica, los retrasos en la reforma rural y los problemas de seguridad a los que día a día se enfrentan. Según datos de Indepaz, este año han sido asesinados 11 firmantes de paz.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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