Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consiguen poder absoluto en Nicaragua: 'Es la muerte del Estado de derecho'

Daniel Ortega logró esta semana darle una estocada final a la democracia en Nicaragua y con la nueva reforma Constitución consiguió tener poder absoluto sobre el país centroamericano. Por un lado, los cambios a la carta magna le aseguran un controlar las tres ramas del poder y, además, garantiza que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sea su copresidenta, un cargo que elevará aún más el dominio que ambos han acumulado durante los últimos 18 años.

El debate de reforma constitucional en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, fue más bien un proceso protocolario que tardó unos minutos y en el que no se controvirtió a ninguna de las más de 100 modificaciones a la Carta Magna en el proyecto de 66 páginas. 

Esto no sorprende, pues así ha sido en las otras doce veces que Ortega modificó la Constitución desde que asumió el poder en 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.

El texto fue aprobado en segunda legislatura el jueves, y si bien ya había recibido el aval el pasado noviembre, necesitaba una segunda votación para entrar en vigor.

Con un lenguaje ambiguo, la nueva Constitución establece normas que favorecen “la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”, afirmó la ONU el pasado noviembre.

Con estas modificaciones, Ortega y la vicepresidenta -y ahora copresidente- Murillo serán pares, lo que no solo garantiza que tendrán el mismo poder en Nicaragua -algo que ya ocurría en la práctica-, sino que además es el cortafuegos para asegurar un indiscutible sucesor en caso de que alguno de los dos llegara a faltar.

Y es que Ortega, de 79 años, ya sufrió un infarto y, según la prensa de ese país, presenta varias complicaciones de salud como insuficiencia renal crónica y lupus eritematoso, lo cual explicaría que muchos de sus actos los realiza en la noche, para evitar la exposición a los rayos del Sol. Por ello, estaría buscando garantizar que, en caso de que fallezca, el ascenso de Murillo se dé sin percances.

Además, el capítulo II establece en el artículo 132 que los copresidentes tendrán control de “los órganos legislativo, judicial, electoral de control y fiscalización, regionales y municipales”; es decir, todas las otras ramas del poder de ese país. Asimismo, se modifica el artículo 135 para ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años y establece que la Presidencia nombrará a los magistrados judiciales y electorales.

"Estos cambios grotescos son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua", dijo en una carta el abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU. "Oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados", sentenció.

Una cooptación del poder de larga data

Con 18 años continuos en cabeza del Estado, Ortega ha desatado una deriva autoritaria sobre Nicaragua en la que ha logrado acaparar el máximo poder en el país para reprimir y utilizar los órganos judiciales para institucionalizar la persecución, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe en 2023.

“Se verificó cómo el gobierno ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras”, relata AI.

La confección de los cambios que viene diseñando Ortega, quien también fue presidente entre 1985 y 1990 -para un total de 26 años como presidente-, tuvo su peor momento en el 2018 con una violenta represión a estudiantes. Allí, el régimen reprimió las movilizaciones con puño de hierro.

En ese período, más de 300 personas fueron asesinadas y más de 2.000 resultaron heridas por parte de las autoridades, que utilizó -según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- munición real y francotiradores contra los manifestantes. Asimismo, al menos 600 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas sometidas a tortura y encarcelamiento injusto.

La violencia estatal se recrudeció en las elecciones presidenciales de 2021 con el encarcelamiento de opositores, el despojo de la nacionalidad y destierre de cientos activistas y defensores de DDHH, entre ellos 278 periodistas y más de 240 líderes religiosos, así como la disolución de más de 5.600 oenegés y el éxodo de más de 800.000 personas, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Las reformas que socavan la democracia

Para asegurarse que no puedan tener competidores, la nueva Carta Magna diseñada por Ortega establece, vagamente, que no podrán ser candidatos a la presidencia “quienes encabecen o financien un golpe de estado, los que alteren el orden constitucional”, así como aquellos que adquieran otra nacionalidad y quienes “violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la presente Constitución Política”.

Asimismo, el capítulo II establece en el artículo 135 que los copresidentes “gozarán de inmunidad”; mientras que, en caso de falta de los dos copresidentes, se convocarán elecciones extraordinarias que se realizarán en un máximo de 60 días. Mientras que el artículo 130 establece que los copresidentes podrán despedir a cualquier funcionario público que incumpla las nuevas normas.

Otra de las modificaciones la Constitución es la denominada Policía Voluntaria, establecida en el artículo 97 y que funcionará como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional; algo que, según los opositores y comunidades religiosas, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la ayuda de la fuerza pública en la denominada ‘Operación Limpieza’.

“Existe múltiple evidencia sobre la actuación de estos grupos en la comisión de las graves violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense”, advierte un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). Asimismo, elimina el derecho a no ser torturado, “alentando la continuidad de la comisión de tal delito”, señala Wola.

Ortega ya había hecho referencia a esta figura en septiembre de 2022, cuando se refirió a que el Ejército, la policía y la “policía voluntaria” restauraron “la paz” tras las protestas de 2018, las cuales el régimen considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Mientras que, en una nueva ofensiva contra la iglesia, la reforma establece, en el artículo 14 que “ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

Al respecto, cabe recordar que el régimen sandinista acusa a periodistas, políticos y a la iglesia de haber apoyado las protestas de 2018, por lo que, establece además que "los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense", mecanismo que garantiza que no podrán tener ningún tipo de participación política en el país. Esto, debido a que la reforma constitucional considera traidores a la patria a todos aquellos que atenten “contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz de Nicaragua”.

“Después de haber prácticamente erradicado el periodismo independiente en Nicaragua, el gobierno ha eliminado ahora la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación”, destacó la ONU sobre este apartado.

En palabras del presidente del grupo de expertos en DDHH sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon, la nueva Carta Magna, en pocas palabras, “elimina el respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación, poniendo a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial”.

Con la nueva Constitución, Ortega y Murillo llegan al destino de un camino que han ido allanando por casi dos décadas y que le ha costado a un país su democracia, libertad y derechos.