Las amenazas en contra de la congresista Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, encendieron las alarmas en el Congreso. La gravedad de las denuncias de la parlamentaria de Cambio Radical despertaron un amplio respaldo desde distintos sectores políticos, que exigen garantías para el ejercicio de la oposición.
Garrido reveló el pasado 15 de mayo que fue citada a un “consejo de guerra” por las disidencias de las Farc en la vereda Siberia, del municipio de Tame, Arauca.
Esta fue la última amenaza que recibió la representante Lina María Garrido. Foto:Archivo particular
“Soy Lina María Garrido, segunda vicepresidenta del Congreso de la República de Colombia, y como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que representa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, me quieren matar”, dijo la representante en un video publicado en su cuenta de X.
Ante esta situación, distintas voces del Congreso salieron en defensa de la congresista. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal anunció que radicará una solicitud ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para que se pronuncie y tome acciones. “No podemos permitir que el terrorismo impida el ejercicio de oposición en este país”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el representante liberal Octavio Cardona expresó: “Usted es una de las voces más escuchadas y con más autoridad en la Cámara. Tal vez por eso los terroristas la amenazan. Adelante, mujer”.
El también representante Juan Espinal, del Centro Democrático, lamentó la situación y señaló: “Es lamentable que con el Gobierno de Gustavo Petro la oposición no tengamos garantías. Estamos bajo amenaza constante por los bandidos y por el mismo Gobierno”.
La denuncia de Garrido
La más reciente denuncia se suma a otras tres que ha realizado en menos de dos años. Las anteriores datan del 5 de abril y 25 de julio de 2024, atribuidas al Eln, y del 4 de noviembre del mismo año, presuntamente por las disidencias de las Farc.
La última amenaza, fechada el 15 de mayo de 2025, lleva la firma de un presunto cabecilla identificado como Héctor Aguilar, e incluye una citación directa en términos militares: “Léase y cúmplase”, dice el mensaje.
Esta fue la amenaza que recibió el 5 de abril de 2024 la representante. Foto:Archivo particular
A pesar de haber presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección (UNP), Garrido afirma que no ha recibido respuestas efectivas.
“También han hecho llamadas para notificarme. Las únicas respuestas que recibí fueron una resolución de la UNP, en octubre de 2024, notificándome que debilitarían mi esquema de seguridad, y otra de la Policía indicándome que las amenazas no representaban riesgo porque se estaban enviando por medio de WhatsApp”, aseguró.
Cabe mencionar que en diciembre de 2024, el Juzgado 67 Administrativo de Bogotá falló una tutela a su favor, ordenando a la UNP restablecer y reforzar su esquema de protección con tres vehículos blindados y tres escoltas. Además, exigió un nuevo estudio de seguridad en un plazo de treinta días. No obstante, según la congresista, la sentencia no se ha materializado.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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