Controversia en el Cesar: hospital infantil lleva el nombre de exgobernador condenado por corrupción en el PAE

En medio de un acto oficial celebrado el miércoles 21 de mayo, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de El Paso inauguraron formalmente el Hospital Materno Infantil del corregimiento de La Loma, una infraestructura médica que, a pesar de los aplausos por su culminación, ha desatado una fuerte controversia nacional: el centro asistencial lleva el nombre de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado en primera instancia por corrupción.

La polémica se desató tras conocerse que el hospital fue bautizado como “Hospital Materno Infantil Luis Alberto Monsalvo Gnecco”, en reconocimiento —según el alcalde de El Paso, Jesús Ortiz— al papel que jugó el exmandatario departamental en la gestión de recursos para la finalización del proyecto, una obra que durante años permaneció inconclusa y abandonada.

La edificación fue originalmente concebida por la administración municipal de El Paso, pero solo hasta el año 2023 recibió un impulso definitivo. La Gobernación del Cesar asignó una inversión de 3.298 millones de pesos para culminar su construcción y dotación. Finalmente, el hospital abrió sus puertas a mediados de 2024 y fue entregado a la comunidad con un acto oficial donde se exaltó la gestión de Monsalvo.

Un nombre que divide opiniones 

La decisión de ponerle el nombre del exgobernador al hospital ha sido celebrada por algunos sectores políticos locales, que lo consideran un acto de gratitud hacia quien —según dicen— desbloqueó un proyecto estancado por años. Sin embargo, en redes sociales y desde varios sectores de la sociedad civil y organizaciones anticorrupción, la medida ha sido duramente cuestionada.

“Es inadmisible que un centro médico, símbolo de salud pública, lleve el nombre de una persona condenada por corrupción. Esto envía un mensaje negativo a la ciudadanía”, declaró a EL TIEMPO un líder regional que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.

La controversia no es menor. Luis Alberto Monsalvo fue condenado en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de octubre de 2023, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Los hechos ocurrieron durante su primer mandato como gobernador del Cesar (2012–2015), específicamente en relación con un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) firmado en 2015, por un valor de más de 17.000 millones de pesos.

Según el fallo judicial, el entonces gobernador suscribió un contrato sin licitación previa con la Fundación Amigos del Viajero, entidad que —según la Corte— no tenía la idoneidad ni la experiencia necesarias para ejecutar el suministro de alimentos escolares en varias instituciones del departamento. Además, se identificaron sobrecostos y fallas graves en la ejecución del contrato, lo que derivó en un presunto detrimento patrimonial superior a los 3.000 millones de pesos.

Aunque Monsalvo ha negado los cargos y su defensa interpuso un recurso de apelación, actualmente se encuentra privado de la libertad en un cantón militar en Bogotá, cumpliendo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en segunda instancia.

¿Es legal homenajear a una persona condenada?

Desde el punto de vista jurídico, no existe una prohibición expresa que impida a una administración municipal nombrar una obra pública con el nombre de una persona condenada en primera instancia, salvo que haya una sentencia definitiva, explicó un delegado de Transparencia por Colombia a EL TIEMPO. Sin embargo, el acto ha sido calificado como éticamente cuestionable y contrario a los principios de la función pública.

“La condena en primera instancia debería ser motivo suficiente para abstenerse de rendir homenajes oficiales. Estamos ante un país donde la lucha contra la corrupción exige señales claras”, manifestó el representante de Transparencia por Colombia.

Mientras avanza el proceso judicial contra Monsalvo en la Corte Suprema, la polémica por el hospital que lleva su nombre parece lejos de disiparse. En medio del debate, el politólogo, Edar Romero se pregunta: “¿debe el reconocimiento público ignorar las cuentas pendientes con la justicia?”.

Para Romero, este tipo de actos en el sector público —como bautizar infraestructuras con el nombre de figuras cuestionadas— pone en evidencia una cultura política que muchas veces prioriza los vínculos de lealtad personal o partidista sobre la ética institucional.

“En Colombia, donde las condenas por corrupción no siempre implican una pérdida del capital político, este tipo de homenajes refleja una desconexión entre las exigencias ciudadanas por transparencia y las prácticas reales del poder local. Además, debilita los mensajes pedagógicos que deberían transmitirse desde las instituciones sobre la rendición de cuentas y las consecuencias del uso indebido de recursos públicos", destaca el experto en política. 

La comunidad, entre la gratitud y la indignación

En La Loma, corregimiento históricamente golpeado por el abandono estatal, muchos habitantes recibieron con alivio la apertura del hospital, que promete mejorar el acceso a servicios de salud para madres gestantes y niños en una región con altas tasas de vulnerabilidad.

“Por años, tuvimos que ir hasta Bosconia o Valledupar para que nos atendieran. Ahora al menos tenemos dónde llevar a nuestros hijos”, expresó Carmen Ríos, residente del sector. No obstante, otros vecinos aseguran que el nombre del hospital genera una incomodidad silenciosa. “No entiendo por qué no pudieron dejarlo con un nombre neutral o de algún médico ejemplar. Eso hubiera sido mejor”, añadió otro habitante.

Por ahora, el hospital opera con normalidad, pero su nombre lo ha convertido en un símbolo incómodo de cómo la infraestructura pública puede convertirse en campo de disputa política y ética en Colombia.

Este video le puede interesar: