Contrabando afecta finanzas del Atlántico : evasión fiscal por licor y cigarrillos ilegales supera los $3 mil millones

hace 1 mes 30

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El departamento del Atlántico deja de percibir cerca de 3 mil millones de pesos debido a la evasión de impuestos generada por el ingreso ilegal de licor y cigarrillos, según informaron las autoridades al término de la más reciente reunión del comité interinstitucional de lucha contra el contrabando.

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Este preocupante fenómeno está afectando seriamente las finanzas públicas, ya que representa una evasión del 50% en los ingresos proyectados por el consumo de estos productos.

La secretaria de Hacienda del Atlántico, Nini Cantillo, destacó que el contrabando no solo impacta las arcas del departamento, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores.

“El licor adquirido en lugares no autorizados puede representar un grave peligro para la salud. Además, los recursos que se dejan de percibir por esta evasión estaban destinados a sectores cruciales como el deporte, la educación y la salud”, advirtió Cantillo.

Como parte de las acciones para contrarrestar este fenómeno, la Gobernación del Atlántico ha intensificado los operativos en todo el departamento.

En los últimos meses, se han realizado alrededor de 1.363 visitas a establecimientos comerciales, con el objetivo de informar a los dueños y administradores sobre la importancia de evitar la comercialización de mercancías que ingresan al país sin el pago correspondiente de impuestos.

Tercer Comité Interinstitucional del Programa Anticontrabando evaluó resultados hasta el momento.

Estas visitas buscan concienciar sobre el impacto negativo que el contrabando tiene no solo en las finanzas públicas, sino también en la legalidad del comercio local.

Cantillo también informó que, hasta la fecha, se han logrado incautar más de 340 millones de pesos en productos ilegales, en su mayoría licor y cigarrillos. Sin embargo, las autoridades reconocen que la lucha contra este flagelo debe continuar y que se requerirá una mayor colaboración entre las instituciones públicas y la ciudadanía para reducir significativamente el contrabando.