Consejo de Seguridad de la ONU recibe informe sobre Colombia que da cuenta de crisis humanitaria

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentará este martes, ante del Consejo de Seguridad de dicho organismo, el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc. 

El documento abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024 y, si bien destaca un impulso en la búsqueda de la paz, menciona la crítica situación humanitaria a causa de la violencia de grupos armados en al menos 13 departamentos.

Entre el 1.º de enero y el 31 de agosto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) reportó más de 137.200 personas desplazadas de manera forzada y 94.700 personas confinadas. Las regiones más afectadas fueron la del Pacífico, el noroeste y parte de la frontera con Venezuela, Putumayo, Caquetá, sur de Bolívar y La Guajira.

“Si bien reconozco el importante trabajo realizado y la magnitud de algunos de estos desafíos, hago un llamado a todos los involucrados para que redoblen sus esfuerzos y mantengan su enfoque en el objetivo general: alcanzar la paz por el bien de los millones de colombianos y colombianas, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, que aún se ven afectados en su vida cotidiana por el flagelo de la violencia”, dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

En entrevista con EL TIEMPO para la edición del domingo, Massieu señaló que los confinamientos de comunidades que están siendo desplazadas se dan por cuenta, sobre todo, de enfrentamientos entre grupos armados en diferentes lugares del territorio. “Son de números de consideración. Hay tareas pendientes y obviamente todo lo que se pueda hacer en materia de seguridad se tiene que hacer”, dijo.

De acuerdo con la Ocha, las “operaciones militares y hostilidades que impiden operaciones humanitarias” son la categoría de restricciones al acceso humanitario que se ha presentado con mayor frecuencia durante 2024. En las operaciones militares y hostilidades se incluyen enfrentamientos armados entre las partes, como combates, hostigamientos, emboscadas y acciones bélicas.

“Teniendo en cuenta los escenarios de diálogo, cese del fuego y negociación actuales, se requiere priorizar como punto central el respeto por parte de todos los actores armados al derecho internacional humanitario (DIH) y a los nueve estándares humanitarios básicos para proteger a la población civil”, expuso la dependencia del secretariado general de las Naciones Unidas.

Ahora bien, Massieu aseveró a este diario que hay indicadores que han mejorado, sin que esto signifique que ya se han resuelto. En este punto puso como ejemplo el caso de los asesinatos y amenazas contra excombatientes.

La Ocha indica que durante el periodo reportado se presentaron 9 asesinatos de excombatientes y 8 tentativas de homicidio. Y desde la firma del acuerdo hasta el 26 de septiembre del presente año han sido asesinados 432 excombatientes, de los cuales 11 eran mujeres; 57, afrocolombianos y 56, indígenas.

Por otro lado, ONU Derechos Humanos registró 33 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos (9 verificadas, 15 en proceso de verificación y 9 no concluyentes); 22 menos que el trimestre anterior.

Los voceros de Colombia

En la jornada de este martes habrá varios representantes del gobierno de Gustavo Petro. El canciller, Luis Gilberto Murillo, será el encargado de intervenir ante esa instancia en compañía del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata; y también se espera la participación del comisionado de Paz, Otty Patiño.

De hecho, el ministro Cristo –quien ha asumido la labor de impulsar la implementación– fue uno de los primeros en llegar a Nueva York para ambientar la presentación del plan de choque de esta administración para acelerar la ejecución del acuerdo.

Dicha hoja de ruta establece que potenciar obras que impacten la calidad de vida en el corto plazo, enfocarse en territorios Pdet y mover una sola agenda de paz serán los principios que regirán seis ejes de trabajo: pactos territoriales, reforma rural integral, agenda legislativa, seguridad en el territorio, pacto político y la creación de las instancias respectivas –gabinete de paz– para hacer seguimiento a la agilización de la implementación.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia aseguró que “la elaboración que está teniendo lugar de un plan de choque para acelerar la implementación con diferentes componentes importantes ha dado impulso”.

Y agregó: “Nosotros lo vemos siempre de manera positiva y estamos seguros de que, ahora que el Consejo de Seguridad atienda el informe y atienda este tipo de decisiones, también tendrá una acogida positiva”.

La sesión se llevará a cabo tres meses después de la visita del presidente Gustavo Petro en la que sorprendió con la idea de utilizar el fast track para reducir los plazos del tiempo de la agenda legislativa en materia de paz y cumplir así con efectividad el acuerdo de paz firmado. En aquella ocasión, Petro no denunció (como lo había anunciado) la supuesta negativa del Estado colombiano a cumplir el acuerdo con las Farc.

En esa comparecencia, el jefe de Estado tampoco hizo referencia a la idea del “poder constituyente” –opción que el excanciller Álvaro Leyva Durán considera implícita en el acuerdo de paz–. En su lugar, pidió una extensión de siete años para cumplir con los objetivos de lo firmado en La Habana (Cuba), en 2016.

'Hay que encontrar soluciones para las mesas de diálogo'

Al final del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hay comentarios sobre los avances de la política de ‘paz total’.

En este punto se hace énfasis en que es necesario encontrar pronto soluciones a las iniciativas de diálogo, en especial la que está congelada con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

“Sigan demostrando su compromiso con la paz a través de acciones concretas y que muestren la flexibilidad y la visión necesarias para superar sus diferencias por el bien del futuro de su país”, indica el secretario general, António Guterres.

En ese sentido, se recomienda restablecer lo antes posible el cese del fuego bilateral, con un Mecanismo de Monitoreo y Verificación suficientemente robusto.

Según la ONU, durante el cese del fuego bilateral que expiró el 3 de agosto de 2024, el canal de comunicación a nivel nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación ayudó a prevenir el contacto armado entre las partes en 61 ocasiones.

En cambio, desde el fin del cese del fuego bilateral hasta el 25 de septiembre han muerto 11 miembros de la Fuerza Pública y 15 miembros del Eln, duplicando el número de bajas que se produjo durante el año de duración del cese del fuego.

Ahora bien, el documento recuerda otros episodios que afectaron la confianza en ese proceso. “Entre el 11 y el 19 de agosto, el Eln aplicó medidas que las autoridades consideraron un confinamiento forzado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, se vieron afectadas unas 20.000 personas en el departamento del Chocó”, agregan.

En el texto se reseñan otros procesos de negociación en curso. Destacan los encuentros con comunidades que han realizado los voceros del Gobierno y de las disidencias del autodenominado ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc-EP’ en Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander, y el inicio del proceso de negociación con la ‘Segunda Marquetalia’.

Otros desafíos encontrados en la implementación del acuerdo

El informe del secretario general de la ONU hace un llamado a acelerar la adjudicación y la formalización de la tierra. Desde 2017 hasta agosto de 2024, 129.656 hectáreas se han adjudicado, 86 por ciento de ellas durante esta administración. 

En contravía, se señala un rezago importante en el cumplimiento de los indicadores de género del Plan Marco de Implementación. En cuanto a la implementación del capítulo étnico, su progreso fue limitado. 

El secretario general resaltó la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades gubernamentales con responsabilidades relativas al capítulo étnico con el fin de lograr avances más rápidos y concretos. 

Guterres también hace un llamado al Gobierno a que garantice las condiciones para la implementación de las sanciones propias de la JEP, así como la financiación adecuada de los proyectos restaurativos y las medidas de seguridad de los sancionados. “No puede subestimarse la importancia para el proceso de paz de una implementación fluida y efectiva del sistema de justicia transicional”, afirmó.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política