Conmoción interior en Catatumbo: ¿qué decretos legislativos se caerían tras decisión de la Corte Constitucional?

Tres meses después de expedirse la conmoción interior, la Corte Constitucional decidió limitar su alcance, validando solo las medidas relacionadas con la crisis humanitaria inmediata y la violencia reciente por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. Ante dicha decisión, varios decretos emitidos por el Gobierno que extienden medidas transitorias podrían perder vigencia.

La Corte rechazó todas las medidas que se basaban en problemas estructurales de larga data como la presencia de cultivos ilícitos, las necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiencia en la política social y la falta de infraestructura energética y vial.

Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de no prorrogar el estado de conmoción interior en el Catatumbo, Cúcuta y dos municipios del Cesar, pero sí ampliar la vigencia por 90 días de 11 decretos legislativos emitidos en el marco de esta.

Entre las ordenanzas presidenciales prolongadas están las que crearon el comandante único para el Catatumbo, el plan de sustitución para la zona de la conmoción, la prohibición al traspaso de tierras en la zona, entre otros temas relacionados con la crisis por la ofensiva del Eln y el desplazamiento de hasta 60.000 afectados por la contingencia.

¿Qué decretos se caerían?

Sin que se conozca la sentencia de la Corte Constitucional, que dará mayor detalle de los argumentos del alto tribunal, es casi un hecho que se caería el decreto Legislativo 180, que habla sobre medidas excepcionales para fomentar economías lícitas vinculadas a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito lo que, según el Gobierno, ha permitido que 2.701 núcleos familiares se beneficien del pago humanitario condicionado.

Dentro de ese paquete también podría entrar el decreto Legislativo 134, que estableció la restricción sobre la comercialización y circulación de sustancias para evitar su uso en la producción de clorhidrato de cocaína. El Gobierno argumentó que "ante la persistencia del accionar de las organizaciones armadas ilegales y el uso de economías ilícitas como método de financiamiento, se hace imperativo mantener las medidas adoptadas".

También podría verse afectado el decreto Legislativo 121, que determinó otorgar facultades al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para adelantar de manera directa proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. El Ejecutivo consideró necesario dar continuidad a la medida, dado que el Ministerio ha encontrado que persisten dificultades de acceso a los servicios debido a las alteraciones del orden público en algunas zonas.

La visión del Gobierno

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, consideró que, viendo los argumentos de la Corte en el comunicado, los decretos para atender la movilización extraordinaria generada por la violencia en los municipios donde se aplica la conmoción, la financiación de las necesidades humanas, y medidas para un retorno garantizado con seguridad, se mantendrían activos.

No obstante, consideró que "eso implica quitarle la economía ilícita a los grupos criminales" y la mantener la "prohibición del precursores o de gasolina para la producción de narcotráfico". 

Según Buitrago, de no ser así, las comunidades no tendrían la posibilidad de volver a sus tierras "porque había una decisión de los grupos criminales de permanecer en los territorios a través de violencia generando un lucro", comentó en Blu Radio.

"Yo no lo entiendo como una declaratoria parcial. En el fondo lo que está diciendo la Corte es que había razones para decretar la conmoción interior, y las razones que comparte la Corte significan decir que la conmoción tiene base de institucionalidad y por esa razón se decreta para retornar a la paz y conjurar la violencia. Tendríamos que esperar la sentencia para dar mayores apreciaciones", concluyó.

¿Qué va a pasar con los impuestos?

Otra discusión es el futuro de los decretos tributarios asociados a la conmoción. Estos buscan, por ejemplo, impuesto al valor agregado (IVA) de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar operados, impuesto especial para el Catatumbo que grava con 1 % la extracción de hidrocarburos y carbón, al momento de su primera venta o de su exportación, entre otros.

De acuerdo con el exmagistrado Carlos Alberto Zambrano, las normas sobre impuestos desaparecen, en cuanto nada tengan que ver con los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, ataques a la población civil y la crisis humanitaria surgida a raíz de esas circunstancias.

"Yo creo que sí se mantienen vigentes, esperando la sentencia de la Corte Constitucional, porque es directamente relacionado con la necesidad de mantener condiciones respecto a la población que fue desplazada y la necesidad de usar mayor Fuerza Pública en el sector que fue declarado como conmoción interior. Necesitamos recursos extraordinarios para que esas Fuerzas Públicas tengan los medios para contener la violencia que se ha generado en esos municipios, no son mecanismos ordinarios los que van a poder contener esta situación", expuso, por su parte, la ministra Buitrago.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 175 de 2025, en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, por ende, seguirán todo el año.

Además, según conoció este medio, el recaudo de los impuestos llegó a 108.933 millones de pesos en los dos primeros meses de la declaratoria.

Si bien el Gobierno no aclaró en su decreto cuánto esperaba recaudar con estas medidas, fuentes de la cartera económica calculaban que rondaría los 3 billones de pesos en toda la vigencia fiscal.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política