Congreso no debatió el presupuesto 2025: así será su camino para aprobarse por decreto

Las comisiones económicas del Congreso reafirmaron este martes que no estaban de acuerdo con el presupuesto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para el 2025 y no le dieron debate. De esta forma, se emitirá por decreto. Esta es una potestad que la Constitución le entrega al primer mandatario, pero da un mal mensaje pues se omiten los ajustes y modificaciones que pueden introducirse en el trámite legislativo. 

El desenlace de la jornada del martes siguió el mismo camino de hace dos semanas, cuando las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado rechazaron el monto de 523 billones de pesos fijado por el Gobierno en la propuesta que llevó al Capitolio. Esta vez, se rompió el quorum mínimo y se frenó la sesión. Varios de los congresistas se negaron a participar en las discusiones debido a que compartían la tesis de que, al haberse negado el monto en la sesión del 11 de septiembre, ya no se podía debatir la ponencia para primer debate, sino que se debía emitir por decreto.

Sin embargo, hasta último momento el Gobierno fue partidario de que el Congreso podía seguir adelante con las discusiones, pues el monto iba a salir de lo aprobado en el presupuesto disgregado por cada rubro. Lo anterior iba en contra del concepto del entonces secretario del Senado, Gregorio Eljach –actualmente candidato del Ejecutivo para la Procuraduría–, quien aseguró que ya el monto había sido negado.

Incluso ayer, el Gobierno, a través de la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, intentó pasar una proposición para fijar un monto menor que el presentado inicialmente y de esta manera proceder a votar la ponencia. “He propuesto un presupuesto total de 518 billones de pesos, lo que implica una reducción de 5 billones respecto a la propuesta original del Gobierno Nacional. Esta reducción permitirá redistribuir los recursos de manera más eficiente”, indicó la representante Velásquez. Sin embargo, su propuesta ni siquiera pudo ser debatida ante la renuencia de las comisiones.

No solo era la tesis de que ya el 11 de septiembre se había definido el futuro negativo del presupuesto por la vía legislativa, sino que tampoco hubo ambiente ante las movidas previas del Ejecutivo con la ponencia final por debatir. En el texto, el Gobierno les bajaba los recursos a la Registraduría y al CNE, la reducción era de 77 por ciento y 55 por ciento, respectivamente.

Lo anterior causó amplia polémica, pues la reducción planteada se hacía en pleno año preelectoral, cuando ambas entidades se preparan para las organizaciones del certamen de 2026. Aunque el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que fue un error que se iba a ajustar con una proposición, la posibilidad de dejar desfinanciados a los entes del órgano electoral prendió las alarmas y enrareció aún más las discusiones de ayer.

La ruta a seguir

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Foto:Milton Díaz / EL TIEMPO

Las dudas legales frente al monto y el mal ambiente por la presunta reducción en los recursos del órgano electoral fueron determinantes para que las comisiones económicas decidieran finalizar la sesión sin votar y de esta forma superar el plazo estipulado por la ley para dar el primer debate. Según el estatuto orgánico del presupuesto, que establece el trámite de este proyecto, el Congreso tenía como plazo máximo hasta hoy 25 de septiembre para adoptar un texto en primer debate.

“De acuerdo con lo que pasó hoy, el presupuesto de 2025 sale por decreto y es lo que el Gobierno radicó: 523 billones (de pesos)”, afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la salida del Salón Elíptico de la Cámara. Luego agregó: “Lo que dice la norma es que, dado que no se hizo debate en primera vuelta, no hay ajustes ni modificaciones al proyecto radicado por el Gobierno”.

Ahora, el presupuesto del próximo año está completamente en manos del Gobierno Nacional, como lo estipula la ley. “Si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate”, reza el Decreto 111 de 1996, el cual es la ley orgánica para este trámite.

Así las cosas, el país está ante un escenario del que no había antecedentes en el pasado cercano: que el primer mandatario decrete el presupuesto. A esto se le debe sumar que estará desfinanciado en al menos 12 billones –como se alertó durante todo el trámite en el Legislativo–, por lo que se tendrá que tramitar una reforma tributaria o ley de financiamiento en búsqueda de los dineros faltantes. Dicha iniciativa ya fue radicada por el Ejecutivo.

Como no hay ambiente para esta ley, por el momento, como dejó en evidencia el trámite del presupuesto, lo más probable es que se tenga que recurrir a un recorte presupuestal para adaptar los recursos del 2025 a la realidad fiscal del país. El propio Presidente ya había contemplado este escenario. “Como está desfinanciado, se entrega al Congreso la ley de financiamiento. (...) Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, aseveró en un trino.

Esta opinión también la tuvo la oposición. “El presupuesto se decreta desfinanciado y en enero habrá que hacer recortes por decreto. El Gobierno debe recortar la burocracia, acabar el derroche y la corrupción; solo así la plata alcanza”, argumentó el senador Miguel Uribe tras la sesión de ayer.

Cabe recordar que el Ejecutivo ha insistido en que antes ya se ha planteado una propuesta con estas características. “Esta no es la primera vez en Colombia que se presenta un presupuesto desfinanciado; en varias ocasiones se ha presentado así, con su ley de financiamiento”, señaló hace unas semanas el ministro del Interior.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Periodista de Política