¿Cómo puede impactar al caso del CNE la estrategia del gobierno Petro de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Mientras el presidente Gustavo Petro llama a la movilización contra el supuesto inicio del golpe de Estado por la formulación de cargos en su contra y la apertura de una investigación formal contra su campaña presidencial por la presunta violación de topes electorales, en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia, ya están acudiendo a instancias internacionales.

"Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano-presidente Gustavo Petro", aseguró este miércoles 9 de octubre el vicecanciller Jorge Rojas, quien ha tomado la vocería del asunto ante la ausencia de Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra cumpliendo agenda internacional.

Para Rojas, hombre cercano a Petro que trabajó con él en la Alcaldía de Bogotá, este es un escenario similar al que vivió cuando destituyeron al entonces mandatario capitalino y lo inhabilitaron por 15 años. De hecho, aseguró que la historia vuelve a repetirse.

 "Esto ya pasó en la alcaldía de Bogotá. Al alcalde Gustavo Petro lo destituyeron de manera arbitraria. En su momento dijeron que solo era una sanción y lo sacaron. Y fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que permitió, junto con algunas acciones legales internas, que el alcalde volviera a su cargo", recordó.

Como aquella vez, ahora bajo la fuerza de la Cancillería, el gobierno de Gustavo Petro espera cobijo por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Consejo Nacional Electoral decidió abrir investigación formal contra la campaña presidencial por la presunta violación de topes en más de 5.300 millones de pesos. En contravía de las declaraciones del Presidente sobre una supuesta violación de su fuero, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han reiterado en recientes decisiones la facultad del CNE para investigar campañas políticas, incluidas las del Presidente.

También es claro que si el proceso avanza a etapas de decisión, sus efectos en el caso del Presidente de la República corresponden exclusivamente a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que ya adelanta un caso contra Petro por presunta financiación irregular de su campaña. Está en etapa preliminar.

El caso de la Alcaldía de Bogotá

El 9 de diciembre de 2013 la Procuraduría General de la Nación, entonces en cabeza de , Alejandro Ordóñez, declaró responsable a Gustavo Petro por irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de Bogotá. Petro fue sancionado con

la pena de destitución de su cargo de alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años.

Sin embargo, fue restituido en el cargo en virtud de una acción de tutela y del cumplimiento de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de marzo de 2014. 

Más adelante, el 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de Gustavo Petro. En particular, la Corte encontró que los derechos políticos de se vieron afectados "como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General de la República". 

Adicionalmente, el Tribunal concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos –como fue el caso de Petro- así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"La Corte Interamericana en ese momento declaró que funcionarios públicos elegidos por voto popular no pueden llegar a ser suspendidos por autoridades administrativas. Únicamente las autoridades judiciales", explica Enrique Prieto-Rios, profesor de la Universidad del Rosario.

Los escenarios en el caso de la campaña presidencial

Presidente Gustavo Petro.

Foto:Presidencia

El presidente Petro convocó al cuerpo diplomático para denunciar el supuesto intento de violar su fuero presidencial. Fuentes cercanas al Pacto Histórico no descartaron acudir a la acción de tutela para defender los derechos del jefe de Estado y de sus electores, y el Gobierno buscará medidas cautelares del Sistema Interamericano de Justicia, que ya en el pasado falló a favor del hoy mandatario.

En ese sentido, el especialista Prieto-Rios recalca que en caso de presentar una solicitud de medidas cautelares esta debe hacerse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera instancia. 

No obstante, Ricardo Abello, profesor de derecho internacional, advierte que "teniendo en cuenta que no se investiga al Presidente, no hay ningún tipo de violación de los derechos humanos del Presidente de la República, por lo que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo podría ser en un sentido muy general".

Para el experto, "seguramente lograrán que haya un pronunciamiento en el sentido que velarán por el cumplimiento de las disposiciones legales del Estado Colombiano, pero no podrán ir mas allá en la medida que el CNE está cumpliendo con las normas relativas a la financiación de las campañas, no de investigar al Presidente".

Prieto-Rios agrega otro escenario en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores podría, con el apoyo otros países, solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre la facultad de las autoridades administrativas para destituir e investigar a autoridades elegidas públicamente por voto popular.

Apoyo diplomático

En paralelo, Rojas mencionó que ya han recibido llamadas de apoyo y solidaridad de varios países de América Latina y de sectores del parlamento europeo. En ese sentido, los analistas creen que fuera de las herramientas jurídicas, el gobierno colombiano acudirá también a las diplomáticas para ejercer presión.

Ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó en esa vía: "Quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, dos años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado", declaró la mandataria al comenzar una conferencia matutina.

Sheinbaum respaldó el argumento de Petro sobre que, "incluso, fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso investigación". "Entonces nuestra solidaridad con el presidente Petro. Es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia, y siempre nuestro apoyo y solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia, es parte de nuestra política (pronunciarse)", concluyó la presidenta.

En su reciente visita a México, el presidente Gustavo Petro se reunió con mandatarios sudamericanos como Lula Da Silva y Gabriel Boric, con quienes compartieron opiniones alrededor de los supuestos intentos de "golpe blando" en los países de la región. 

"Lo que llamamos golpes blandos que se hacen con técnicas jurídicas inconstitucionales pero que burlan igualmente el voto popular, el voto mayoritario de la gente y lo reemplazan por decisiones de poderes facticos que no se aguantan que América Latina tenga una diversidad de opinión política y sobre todo que avance en un camino de democracia plebeya le llamo yo".

Por todo lo anterior, el debate jurídico por el caso de la investigación del CNE escala de a poco al plano internacional, espacio donde el presidente Petro ha querido destacarse como un líder.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política