Choques por la Tasa de Seguridad: Gobernación amenaza con cobros coactivos y diputada denuncia falta de gestión

La decisión de la empresa Air-e de permitir que los usuarios elijan si pagan o no la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha encendido las alarmas en la Gobernación del Atlántico.

El Secretario Jurídico, Rachid Nader, advirtió que esta medida pone en riesgo la estabilidad fiscal del departamento y aseguró que los usuarios que no cancelen el tributo podrían enfrentarse a 

Cobros coactivos, embargos y sanciones

“Esto no es un simple ítem opcional en una factura. Es un impuesto establecido por ordenanza. Y su no pago genera una deuda que el Estado puede y debe cobrar”, sostuvo Nader en diálogo con  el portal Zonacero.com dejando claro que la Gobernación se acoge al Estatuto Tributario Departamental para respaldar su postura.

El pronunciamiento ocurre luego de que Air-e informara que, a partir de ahora, el pago de dicha tasa será voluntario y separado mediante códigos independientes en la factura de energía, algo que, según Nader, "tomó por sorpresa" a la administración departamental. 

“Nos encontrábamos en mesas de trabajo conjuntas para resolver este tema, y nunca se nos notificó esta decisión unilateral”, denunció.

No paran las críticas desde la Asamblea

Pero la tensión no solo es técnica ni jurídica. También es política.

Desde la Asamblea del Atlántico, la diputada Isabella Pulgar Mota, del Partido Liberal, cuestionó duramente la falta de respuesta del gobernador Eduardo Verano  frente al nuevo escenario. 

“El gobernador no tiene ni plan ni gestión para enfrentar la inseguridad sin esa tasa. Sus declaraciones son tan irresponsables como peligrosas”, afirmó.

Pulgar fue más allá, al denunciar que el mandatario está condicionando la seguridad del departamento al recaudo de un tributo: “¿Entonces, si la gente no paga, la culpa será de la gente? La seguridad no puede depender de un cupón de pago”.

La diputada, quien en su momento, asegura que  fue la única en votar en contra de la pignoración por diez años de la tasa, advirtió que actualmente existen compromisos financieros adquiridos con base en ese tributo, por lo que la situación deja al departamento “a la deriva, sin saber de dónde saldrán los recursos”.

Por su parte, Nader expresó que no descartan acciones legales contra Air-e y que solicitarán un pronunciamiento oficial por parte de la compañía. 

“Nuestra obligación es garantizar el cumplimiento de la ley. No hacerlo sería incurrir en omisión administrativa”, sentenció.

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