El presidente del partido nacionalista conservador flamenco N-VA, Bart De Wever, prestó juramento este lunes como primer ministro belga, al igual que los catorce miembros del nuevo gobierno de coalición integrado por cinco partidos, ante el rey Felipe de Bélgica.
De Weber, que reconoce que ser primer ministro belga nunca fue su "sueño" y que necesita una década para "sanear" la situación presupuestaria del país, prestó juramento ante el monarca en las tres lenguas oficiales del país (francés, flamenco y alemán) sobre las nueve de la mañana. "¡Y ahora, a trabajar!", dijo en sus redes el primer nacionalista flamenco que asume este cargo.
Esta es la hoja de ruta del nuevo gobierno belga
Además de acelerar la inversión en Defensa - con el objetivo de destinar el 2 % del PIB a más tardar en 2029 y del 2,5 %, en 2034 - el pacto de gobierno incluye reformas financieras, laborales y de pensiones, así como endurecer la política migratoria y reactivar la energía nuclear.
Pero las piedras angulares del proyecto de gobierno son las reformas financieras, laborales y de pensiones, dado el estado de las arcas públicas.
En las finanzas destaca la creación de un impuesto sobre las ganancias del capital para que Bélgica deje de ser un "paraíso fiscal" en materia de plusvalías.
En el aspecto laboral, el pacto gubernamental prevé limitar los pagos del subsidio por desempleo, a un máximo de dos años. Por otra parte, habrá una diferencia de 500 euros entre las prestaciones sociales y los salarios más bajos.
En cuanto a las pensiones, el importe se penalizará un 2 % (hasta 2030), 4 % (hasta 2040), 5 % (a partir de 2040) por año de jubilación anticipada respecto a la edad legal (66 años) si la persona cumple las condiciones pero no ha trabajado durante 35 años. Por el contrario, para quienes se van después, se bonificará a la inversa.
Por último, figura la reforma del Estado, un proyecto a más largo plazo que quedará directamente en las manos de De Wever para idear una distribución de competencias "más homogénea y eficiente".
De Wever promete la política migratoria más estricta de la historia de Bélgica
En cuanto a la migración, expertos aseguran que el recién estrenado Gobierno de De Wever tiene previsto poner en marcha la política migratoria más estricta de la historia del país.
El objetivo es hacer menos atractivo para los solicitantes de asilo viajar a Bélgica.
En una primera fase se reducirá el número de llegadas de demandantes de asilo y, en una segunda, también de las plazas de acogida. Además, se autorizará el acceso con policía al domicilio de quienes hayan agotado todas las vías de recurso.
Así, De Wever aspira a facilitar el acceso solo a los migrantes que entran por motivos laborales y de estudios y a las "personas que añaden valor directo" a la sociedad, informa este lunes la cadena flamenca VRTnews.
Otros cambios para reducir la migración a Bélgica
Entre otras novedades, los ciudadanos extranjeros no podrán reclamar prestaciones de la Seguridad Social en Bélgica hasta que lleven cinco años en el país, según el mismo medio.
Solo esa medida, precisa la televisión pública francófona RTBF, permitirá un ahorro de más de 600 millones de euros durante la legislatura.
Por otra parte, en adelante se concederá un estatuto de protección "subsidiaria" a las personas que lleguen huyendo de la guerra y se reducirán los derechos vinculados a ese estatus.
Por ejemplo, a esos ciudadanos les resultará más difícil traer a sus familias a Bélgica y obtendrán menos recursos para empezar una vida en el país.
Los solicitantes que quieran un permiso de residencia permanente deberán en adelante tener trabajo y aprobar un examen de idioma.
En el caso de los refugiados con permiso de residencia, su expediente se reabrirá si la situación del país de origen cambia, con vistas a su posible devolución.
El mismo medio explica que uno de los primeros trámites que llevarán a cabo las autoridades belgas cuando lleguen los solicitantes de asilo será examinar su teléfono móvil y otros dispositivos para detectar cualquier posible fraude. Quienes se nieguen a ello serán, en principio, rechazados, al igual que los solicitantes que no pidan asilo inmediatamente al llegar.
El nuevo gobierno quiere, por otra parte, terminar con la recepción de solicitantes de asilo a "gran escala", en centros comerciales de ciudades y municipios y limitarla a lugares de acogida colectiva "austeros".
Por otro lado, se endurecerán las condiciones para quienes quieran reunirse con su pareja y sus hijos, introduciendo un período de espera de uno a dos años, que no se aplicará sin embargo a los trabajadores migrantes altamente cualificados.
Las personas protegidas subsidiariamente (es decir, los refugiados de guerra) también tendrán que esperar al menos dos años antes de hacer posible una reunificación familiar.