Autoridades elevan a 222 el número de muertos por las inundaciones causadas por la dana en España

Las autoridades españolas elevaron este domingo a 222 el número provisional de víctimas morales confirmadas a causa de las fuertes lluvias torrenciales que devastaron principalmente la provincia mediterránea de Valencia, donde los muertos ascienden a 214.

El resto son siete personas fallecidas en la región limítrofe de Castilla-La Mancha (centro) y una más en la de Andalucía (sur).

Ya han sido identificados 195 cuerpos y se han entregado 140 a los familiares.

Además, 36.803 tuvieron que ser rescatadas de situaciones de peligro, 82 de ellas en las últimas horas, según la última actualización de datos oficiales sobre los efectos de la gran riada y las graves inundaciones del 29 de octubre.

El número total de municipios afectados es de 78, de los cuales 75 están en Valencia, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.

Aparte de los daños personales, el desastre natural causó pérdidas materiales multimillonarias en propiedades privadas de todo tipo (viviendas, automóviles, empresas y fincas agrícolas) y en infraestructuras y servicios públicos (carreteras, líneas ferroviarias, telefonía y suministros energéticos), que tratan de restaurarse poco a poco.

Las 156.126 solicitudes de indemnización solicitadas al Consorcio de Compensación de Seguros dan una idea del alcance de los efectos de la tragedia. De ellas, 50.679 corresponden a viviendas y 92.779 a vehículos.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, la gran riada causada por las lluvias torrenciales de hace doce días en la provincia mediterránea española de Valencia arrastró entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos de lodos.

La inmensa mayoría del fango, señalan fuentes ministeriales, corresponde a arrastres de tierras agrícolas no contaminadas y material mezclado con enseres y automóviles, fácilmente clasificables.

Sin embargo, hay otros lodos (mezclados con aguas fecales o procedentes de vertidos industriales) que necesitarán tratamiento previo.

Las lluvias torrenciales y la posterior riada dejaron sin suministro de agua a más de 600.000 personas de 78 municipios, una cantidad ahora reducida a poco más de 7.000 usuarios. Sin embargo, en 60 municipios se mantiene la recomendación de hervir el agua antes del consumo y en otros cinco no es potable en ningún caso.

También hay problemas de alcantarillado en 34 localidades, especialmente en los colectores pequeños, muchos de ellos colmatados. Y 122 depuradoras de la provincia han sufrido daños de diversa consideración.

El Gobierno español y el regional de la Comunidad Valenciana mantienen un fuerte despliegue de personal para las tareas de limpieza, desescombro y reconstrucción, mientras que miles de voluntarios se afanan en ayudar a los miles de vecinos perjudicados.

Las Fuerzas Armadas mantienen 8.495 efectivos en total, apoyados por vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados. Las fuerzas se seguridad están formadas por 9.728 agentes.

Gobierno de Valencia descarta dimisiones

Entre tanto, el gobierno de la región española de la Comunidad Valenciana descartó este domingo cualquier dimisión en estos momentos en relación con la gestión de la catástrofe de las lluvias torrenciales de hace doce días.

Cualquier renuncia de altos cargos regionales "no es una opción", pues el único objetivo ahora es trabajar para reconstruir la zona asolada y no abandonar a las víctimas, argumentó en conferencia de prensa la vicepresidenta valenciana y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Tanto el presidente regional valenciano, el conservador Carlos Mazón, como Camarero expresaron este domingo respeto por el dolor de las víctimas, al ser preguntados por la multitudinaria manifestación de este sábado en la ciudad de Valencia.

En la protesta, 130.000 personas, según datos oficiales, exigieron la dimisión de Mazón por una gestión que consideran nefasta.

También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó este domingo respeto por las manifestaciones siempre que sean pacíficas y conformes con la regulación legal y evitó entrar en polémicas porque los esfuerzos deben centrarse ahora en resolver la grave crisis socioeconómica causada por la gran riada.

El Ejecutivo español tiene previsto aprobar este lunes un nuevo paquete de medidas contra los estragos después de uno primero de 10.600 millones de euros (11.342 millones de dólares) para ayudar a particulares, trabajadores autónomos y empresas de Valencia y las otras regiones afectadas.