Así será el plan de choque con el que el gobierno Petro busca agilizar la implementación del acuerdo de paz

Hace tres meses, había tensión por lo que iba a presentar el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la presentación del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc. Era la primera vez que estaba en esa instancia. En un principio, dijo que iba a denunciar el incumplimiento por parte del Estado colombiano y hasta hubo fuertes versiones de que esto serviría como plataforma para convocar una constituyente por fuera del ordenamiento colombiano. No fue así.

Después de un fuerte debate, incluso al interior del gabinete, su presentación ante la segunda instancia en importancia en la ONU sirvió para hacer un recuento de lo que se había hecho -con mucho énfasis en su administración- y propuso un plan de choque para acelerar la ejecución del acuerdo en los dos años que le quedan de mandato. Noventa días después, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentará ante el Consejo de Seguridad la ruta con la que se busca avanzar en el acuerdo de la Habana de una forma mayor a lo que han logrado las anteriores administraciones.

Hoy, en horas de la mañana y desde Nueva York, se espera que el ministro Cristo -quien quedó encargado de ese nuevo impulso a la paz- dé a conocer a los representantes del Consejo de Seguridad en qué consiste la ruta a seguir con los acuerdos. El encuentro es un día antes de que se exponga el informe trimestral sobre la implementación. En la previa a la presentación, EL TIEMPO pudo conocer los principales puntos que se expondrán y que ya cuentan con el visto bueno presidencial.

En la propuesta se hace un reconocimiento de que en estos ocho años de implementación se ha hecho una labor “lenta y desigual”, tanto en el cumplimiento de lo acordado con las extintas Farc como en la intervención de los municipios en los que se iba a focalizar los beneficios de la paz. En ese sentido se hace un plan de choque que recoge diferentes sugerencias, incluyendo varias propuestas de hechas por el Partido Comunes en un plan de emergencia que presentaron en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI).

Ante la conciencia de que no queda mucho tiempo para cumplir con el acuerdo, el plan de choque se fundamentará en los principios de focalizar y priorizar los esfuerzos en las obras “que efectivamente tenga el potencial de transformar la calidad de vida de la gente” y que puedan tener un impacto amplio en el corto plazo. Después se retomarían otros proyectos. El siguiente principio eje es que la territorialización en cuanto a que el centro de este impulso deben ser los municipios PDET. El último de los puntos básicos es la articulación de todas las entidades de la paz en una misma agenda. “En la construcción de la paz no nos podemos dar el lujo de dividirnos ni tener agendas paralelas”, es el énfasis de la propuesta.

Precisamente como desarrollo de este último eje fue que en la semana pasada se comenzó a concentrar la participación del Ministerio del Interior en las instituciones de la implementación. Por eso, se expidieron dos decretos en los que se incluyó a Juan Fernando Cristo -o a quien delegue- en las juntas directivas de Agencia de la Renovación del Territorio (ART) y en el Fondo Colombia en Paz. Cercanos a la cartera han señalado que el objetivo con estas medidas es garantizar que los recursos converjan en una misma agenda y que no se desvíen entre los múltiples intereses.

Además de los principios rectores, en el plan de choque que se expondrá ante el consejo de seguridad, se deja constancia de los seis pilares sobre los que funcionará la implementación de ahora en adelante.

La principal apuesta de esta agenda son los Pactos Territoriales, que se traduce como el diálogo con las 16 subregiones regiones PDET y la articulación de los tres niveles de Gobierno -de la mano del sector privado y la cooperación internacional- para definir un número concreto de proyectos que permitan “intervenir un territorio y generar una efectiva transformación”. En esta etapa se concentrarán las labores tanto del Ministerio como del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la ART.

El segundo eje implica cumplir con el punto dos del acuerdo, la reforma rural integral. El objetivo en este punto, guiado sobre todo por el Ministerio de Agricultura, es optimizar la política pública de tierras para así lograr mejores procesos de compra y entrega de tierra.

Asimismo, se hará una mejora en la articulación de los proyectos “que permitan acelerar el desarrollo de las ofertas productivas y la generación de ingresos a las familias que reciben la tierra”. Sobre todo, se hará énfasis en el subsistema de adquisición, adjudicación de tierras y de procesos agrarios. Esto incluye una revisión de las necesidades normativas, teniendo como prelación la ley ordinaria de jurisdicción agraria.

Precisamente el tercer eje del plan de choque es la priorización de la agenda legislativa. Según señalaron desde el despacho del ministro del Interior, son muchísimas las leyes que faltan para dar cumplimiento al acuerdo, pero en este periodo buscarán darles prelación a cinco proyectos esenciales: ley ordinaria de jurisdicción agraria, reforma política, reforma al sistema general de participaciones, reglamentación de la protesta social y tratamiento diferencial de los pequeños cultivadores de coca.

La siguiente propuesta es articular la seguridad en el territorio, que va de la mano con la transformación de los mismos. En este sentido se está evaluando la efectividad que ha tenido instancias como el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) para coordinar la seguridad de líderes sociales y firmantes y se estarán haciendo pilotos sobre la aplicación en los territorios de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. Los primeros laboratorios de esta territorialización de la política serán el Magdalena Medio y el Norte del Cauca.

El quinto punto es el acuerdo nacional para un pacto político, aspecto contenido en los acuerdos de con las extintas Farc y que el excanciller Álvaro Leyva quiso aprovechar para usarlo de ventana para una constituyente por fuera del ordenamiento colombiano. En cambio, bajo la labor del ministro Cristo, este punto se ha traducido en el gran acuerdo nacional, cuyos cinco puntos estructurales ya fueron presentados hace dos semanas.

El último punto, el sexto, es la creación de las instancias respectivas -gabinete de paz- para hacer seguimiento a la agilización de la implementación. Este último eje del plan de choque incluye cronogramas de trabajo, compromisos puntuales y herramientas que permitan al público medir los avances. El objetivo de esta última propuesta es que se pueda hacer un control verdadero a las tareas con las que se comprometa las distintas instancias encargadas del cumplimiento del acuerdo de paz.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Periodista de Política