Así se fraguó el histórico acuerdo entre Gobierno, gremio de la caña y comunidades que promete ponerle fin a décadas de tensiones en el norte del Cauca

En el corazón del norte del Cauca, un territorio históricamente marcado por tensiones y conflictos en torno al uso de la tierra, el pasado 11 de octubre se vivió un episodio que promete ser un alivio no solo para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que habitan la región, sino para los trabajadores de los ingenios azucareros y el gremio de la caña. En Santander de Quilichao, y tras meses de negociaciones, se firmó el ‘Acuerdo por la defensa de la vida, el territorio y la convivencia’, un pacto que busca dejar atrás décadas de violencia.

La jornada marcó el final de una larga fase de negociación entre los distintos actores sociales que arrancó hace dos años. Las partes involucradas -comunidades afros, campesinado, pueblo nasa, ingenios y trabajadores- lograron una concertación que no solo entregó tierras -se entregaron 1.434 hectáreas, de las cuales 247 se entregaron en Corinto, 404 en Caloto, 229 en Santander de Quilichao y 127 en Miranda-, sino que también promueve proyectos productivos para asegurar el bienestar económico de la región.

No obstante, ahora los conflictos no solo eran entre el pueblo Nasa -que históricamente ha habitado esa región del país- y los ingenios azucareros, también había choques entre campesinos y la empresa privada y entre afros -en su mayoría jornaleros de fincas cañeras- e indígenas.

El reclamo de las comunidades indígenas, que es el mismo desde hace décadas, era claro: pedían más tierra productiva para garantizar su seguridad alimentaria. Los empresarios, por su parte, abogaban por la defensa de la propiedad privada e indicaban que las invasiones repercutían en la pérdida de empleos en la región. Y en medio de esta situación había otro factor que complicaba aún más la situación -y que sigue persistiendo-: la fuerte presencia de grupos armados en la región, fundamentalmente de las disidencias de las Farc.

Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, aseguraba en aquel momento que de las 6.600 hectáreas que en ese momento estaban ocupadas ilegalmente, 4.890 eran totalmente improductivas. Ante el temor de nuevas ocupaciones, trabajadores de ingenios de la zona como Incauca, La Cabaña y Central Castilla habían tomado la decisión de permanecer a un costado de la Panamericana -la columna vertebral que atraviesa todo este departamento- para custodiar las entradas a las fincas, hecho que subió las tensiones a su punto máximo.

La necesidad de un acuerdo

Cuenta Cristóbal Guamanga, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), que hasta el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, no era fácil concertar una agenda entre afros, indígenas y campesinos. Fue en ese año en el que se conformó el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, un espacio que buscaba agrupar a todos los pueblos del norte del Cauca y que se venía fraguando desde que en el año 2000 se llevó a cabo el primer encuentro entre las tres partes. Sin embargo, solo fue hasta el 2020, en pleno año de pandemia, que llegaron a acuerdos concretos.

“A partir del 2020 empezamos a entender que el trabajo debía ser conjunto. En ese año, como Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, logramos ponernos de acuerdo en una propuesta que venía trabajando el movimiento indígena y el movimiento afro y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Norte del Cauca (Anuc)”, señaló.

Dos años después, con una propuesta ya consolidada, vinieron los primeros encuentros con el Gobierno. La primera sesión de la Mesa Nacional de Diálogo -como se denominó al espacio de concertación- se llevó a cabo el 12 de mayo de 2022 en el municipio de Padilla y allí estuvieron presentes tres delegados de las comunidades indígenas, tres de las comunidades negras y tres de las comunidades campesinas, además de trabajadores y contratistas de la industria de caña de azúcar y los propietarios de las tierras.

Este espacio, y los que vinieron después en junio, fueron coordinados por el entonces viceministro del Interior del gobierno Duque, Carlos Alberto Baena, quien insistió en aquel momento en la necesidad de que se firmara un pacto de no agresión y no afectación que permitiera la convivencia pacífica en aras de avanzar en otros acuerdos.

Guamanga narra, que con la llegada de Gustavo Petro al poder la negociación siguió su curso y que, de hecho, durante el primer encuentro con el nuevo Gobierno en la rebautizada ‘Mesa de Diálogo del Norte del Cauca’, el 11 de septiembre de 2022, una de las tareas que quedaron fue ponerse de acuerdo entre todas las partes de la mesa para diseñar y entregar los detalles ese pacto de agresión. Tan solo dos meses antes de ese encuentro, se habían registrado perturbaciones en la finca Santa Bárbara, ubicada en la vía que comunica a los municipios de Caloto y Villa Rica, y en la hacienda Canaima, uno de los sitios elegidos por los Nasa para llevar a cabo su ‘Liberación de la Madre Tierra’, campaña con la que buscaban ampliar su territorio.

De ahí que lograr ese acuerdo no fuera tarea sencilla. “El problema era que los indígenas tienen su tema de recuperación de tierras y los afros no, pero también necesitan tierra. Entonces, ahí era difícil ponernos de acuerdo. Fue difícil llegar a un acuerdo por el caso de Canaima, pero los indígenas entendieron que por el territorio y por organizaciones hermanas y por luchas conjuntas, debía de haber un acuerdo. A partir de allí, hemos trabajado por ponernos de acuerdo y hemos avanzado conjuntamente discutiendo el tema de la tierra y de la gobernabilidad”, contó el líder campesino.

Con los indígenas, los afros y los campesinos tirando hacia un mismo lado, faltaba ver si existía la misma voluntad por parte de los ingenios y, en general, del gremio de la caña.

El intento fallido

La líder gremial recuerda que el año previo al primer encuentro con las comunidades no fue sencillo. Dice que fue el lapso en el que se presentaron las mayores invasiones tanto en área como en eventos. Además, afirma que durante esas primeras reuniones era palpable la desconfianza y la tensión que generaba su presencia, pero que con el paso de los meses empezó a notar que había un interés genuino por hallar un acuerdo que beneficiara a todas las partes. “Una primera medida es que se empezaron a detener las invasiones, es decir, no ocurrieron otras adicionales”, afirmó.

Guamanga, de hecho, también destaca la actitud de la contraparte en la mesa en esos primeros encuentros, sobre todo en momentos en los que parecía que no se llegaría a un acuerdo. “Desde el 11 de septiembre de 2022 que la vicepresidente Francia Márquez dijo que había que empezar a producir de manera más diversa y empezar a aflojar la tierra, y que les dijo a los indígenas, campesinos y afros que debían ser agroindustriales, a partir de ese momento, ellos han estado ahí, nunca han faltado a las reuniones por difíciles que sean las discusiones”, dijo el líder campesino.

Pese a que hubo avances en temas fundamentales y se acordó un canal de diálogo y un protocolo para dirimir las diferencias, el pacto tambaleo. En primer lugar, porque no había acuerdo sobre la armonización de sus propuestas con el Plan de Desarrollo de este Gobierno. De hecho, según cuenta Calero, se esperaba que a principio de este año se hicieran los primeros anuncios sobre el pacto y las primeras entrega de tierras, hecho que no sucedió.

Por tal motivo, las partes volvieron a la mesa. “Todos los actores mostraban la voluntad de conversar y de dialogar, pero lo que se necesitaba era llevar la mesa a otro nivel y ese otro nivel eran acciones concretas”, dice Calero, quien recuerda que en mayo de este año se dio un primer paso con la firma de un convenio que promete invertir de aquí hasta 2026 47.000 millones para fortalecer los procesos productivos de más de productores de café, panela y cacao de la región.

El acuerdo

Impulsados por el pacto de no agresión y por el compromiso del gremio de la caña de impulsar los proyectos de las comunidades, de a poco las partes fueron trazando la hoja de ruta del ‘Acuerdo por la defensa de la vida, el territorio y la convivencia’, el cual fue firmado por el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, Asocaña, Procaña, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los representantes de los trabajadores de la caña.

En este pacto las partes se comprometieron a reconocer la diversidad social y cultural de la región, la importancia del diálogo, a respaldar la implementación de una política integral de desarrollo para la región, a aunar esfuerzos para el trámite por vía institucional de las pretensiones territoriales, a trabajar por el fortalecimiento de las figuras territoriales colectivas y a avanzar en la construcción de una política de mitigación de la crisis generada por el cambio climático.

“Nuestras tierras son fuertes y benditas, entre toda esta abundancia a nosotros lo único que nos falta es la paz. Por eso, como vicepresidenta de la República de Colombia, hago un llamado a los grupos armados para que dejen al Cauca vivir en paz. Les permita a los nortecaucanos y nortecaucanas vivir en paz y en alegría, porque estas tierras caucanas anhelan un cambio”, señaló la vicepresidente Francia Márquez el 11 de octubre tras anunciar los puntos que contenía el acuerdo.

“Para el pueblo negro es una satisfacción haber llegado a este momento, porque le hemos venido apostando desde los territorios, desde cada familia, para que esto hoy se vea materializado. Recibir la entrega del predio Canaima resignifica para el pueblo negro 'la territorialidad', es el poder tener donde recrear nuestro plan de buen vivir individual y colectivo y, por supuesto, la juntanza de nuestras familias alrededor de la producción y la conservación ambiental”, afirmó, por su parte, Rossana Mejía Caicedo, Consejera Mayor de la Asociación de Consejo Comunitarios del Norte del Cauca.

El pacto también incluye un acuerdo para el impulso de los proyectos productivos para las comunidades. De hecho, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) construirá un protocolo de relacionamiento con los sujetos colectivos que se agrupan en el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del norte del Cauca y la financiación de proyectos estratégicos integrales en los predios entregados.

“Nosotros estamos concentrados en el desarrollo de las líneas de café, cacao y caña panelera de manera que mejoremos los cultivos, su acopio, su transformación y comercialización. Al final del proceso esperamos haber establecido empresas comunitarias sólidas que generen desarrollo, empleo formal y cuyos propietarios sean las propias comunidades”, dijo Calero, quien concluyó que con este acuerdo buscan enviar un mensaje: “Todos entendimos que nadie se debe ir de la región y que en este territorio cabemos todos”.

Aunque el acuerdo representa un gran avance, puesto que las comunidades firmaron un pacto de no agresión inédito, durante las sesiones de la mesa no se fijó un compromiso para la no invasión de las tierras. Según las comunidades, no pueden firmar dicho compromiso hasta que no haya un avance real en la reforma rural.

“Nosotros eso no lo hemos conversado con las comunidades que están en territorio recuperando la tierra y no podemos atrevernos a eso. ¿Por qué no podemos? Porque en Colombia no se ha hecho la reforma agraria y, mientras no se haga la reforma agraria, no podemos firmar parte de no invasión”, señaló uno de los líderes indígenas que asistió a la firma del compromiso, y quien pidió no ser mencionado.

Sobre este último aspecto, tanto el Gobierno como el gremio de la caña esperan que todas las quejas se puedan tramitar por la vía institucional como establece el acuerdo y confían en que este asunto no será un impedimento para avanzar en los demás compromisos. 

CAMILO A. CASTILLO
Enviado especial a Santander de Quilichao, Cauca
Redacción Política
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