Amenazas y extorsiones a profesores del Magdalena ya comienzan a generar parálisis académica

hace 2 meses 18

Desde el 17 de marzo del año pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta a las autoridades del Magdalena sobre la grave crisis de seguridad que enfrentan los docentes de colegios públicos en el departamento, especialmente en la zona rural.

Sin embargo, las extorsiones y amenazas han continuado, generando un clima de miedo que ha llevado incluso a la suspensión de clases en instituciones.

A pesar de la advertencia del Ministerio Público, los grupos armados ilegales persisten en sus hostigamientos. La Procuradora Regional advirtió en su momento que los docentes estaban recibiendo amenazas contra su vida e integridad, así como exigencias de pago de extorsiones por parte de estas estructuras delictivas.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la Institución Educativa Rosa Cortina, en el municipio de Plato, donde hombres armados irrumpieron en el colegio y amenazaron al rector y a los docentes frente a sus propios alumnos.

Según testigos, los agresores los increparon por no residir en el corregimiento y los acusaron de un supuesto mal servicio educativo.

A pesar de los llamados urgentes de la Procuraduría para que la Gobernación, la Alcaldía de Santa Marta y las administraciones municipales tomaran medidas para frenar esta crisis, el panorama sigue empeorando.

El miedo silencia las aulas

El caso más reciente de violencia contra docentes en el Magdalena se registró en la sede Sabanas de Las Flores de la Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, en la zona rural de El Banco.

Allí, los maestros recibieron reiteradas amenazas y exigencias económicas por parte de individuos que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Las llamadas extorsivas, provenientes de tres números distintos, exigían el pago de una 'vacuna' para permitirles seguir trabajando. Ante la imposibilidad de pagar y el temor por sus vidas, los docentes decidieron cesar actividades, dejando a más de 300 estudiantes sin clases.

“No tenemos cómo pagar lo que nos piden, pero tampoco queremos arriesgar nuestra vida. Lo único que nos quedó fue suspender las clases, aunque eso signifique que los niños y adolescentes se queden sin educación”, expresó un docente, quien pidió anonimato por miedo a represalias.

Padres de familia de la comunidad manifestaron su preocupación por la interrupción de las clases y el impacto que esto tiene en la educación de sus hijos.

“Nosotros queremos que nuestros niños estudien, pero entendemos el miedo de los profesores. No es justo que tengan que elegir entre su vida y su trabajo”, lamentó Ana María Torres, madre de uno de los estudiantes afectados.

La escuela afectada se encuentra a solo cinco kilómetros del casco urbano de El Banco, pero la cercanía con el centro del municipio no ha sido suficiente para que las autoridades garanticen la seguridad de la comunidad educativa.

Mientras tanto, otras instituciones de la región continúan operando con normalidad, pero existe una sensación de vulnerabilidad en la zona.

El gremio docente exige protección

Hugo Campo, directivo del sindicato de docentes en Magdalena, denunció la situación y rechazó las amenazas.

“Es inaceptable que quienes dedican su vida a la formación de nuestros niños sean sometidos a este tipo de extorsiones y amenazas. Esta problemática no solo pone en riesgo a nuestros profesores, sino que también vulnera el derecho a una educación segura y de calidad”, dijo.

El impacto del conflicto en la educación preocupa no solo a los maestros y padres de familia, sino también a los propios estudiantes, quienes ven truncado su derecho a aprender.

“Queremos volver a la escuela, pero los profes tienen miedo y nosotros también. No sabemos qué va a pasar”, expresó Manuel Pérez, un estudiante de 14 años.

Ante la crisis, la comunidad educativa ha exigido respuestas inmediatas de las autoridades para garantizar la seguridad en las instituciones y permitir que las clases se reanuden lo antes posible.

“No se puede seguir postergando la educación de nuestros hijos. Necesitamos que el Gobierno Nacional intervenga ya”, reclamó José Luis Martínez, representante de un grupo de padres.

Aspecto de las calles de El Banco, en el sur del departamento del Magdalena.

Un problema persistente en el Magdalena

La violencia contra los docentes no es nueva en el departamento. En junio de 2021, varias instituciones denunciaron que grupos armados ilegales estaban utilizando bases de datos para contactar a los maestros y exigirles dinero.

En 2024, se reportó un incremento en los atentados sicariales contra miembros y familiares del gremio educativo.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo señalado de tener fuerte presencia en el sur del Magdalena, han sido acusadas de múltiples delitos, como narcotráfico y extorsión.

En zonas con débil presencia del Estado, estas estructuras criminales imponen sus propias reglas, dejando a la comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad.

Mientras los docentes se ven obligados a elegir entre su seguridad y su vocación, cientos de niños y adolescentes permanecen sin clases, en un departamento donde la educación ya enfrenta serias dificultades.

El clamor de la comunidad educativa es claro: la educación no puede seguir siendo rehén de la violencia.