Agencia Nacional de Tierras presentó plan para formalizar 30.000 hectáreas en el Catatumbo en medio de conmoción interior

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Días después de que se publicaron los decretos de la conmoción interior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el plan de intervención para la región del Catatumbo, el cual contará con cinco componentes y busca formalizar al menos 30.000 hectáreas para campesinos en esa zona del país.

“El principal objetivo es proteger las tierras de las comunidades que han sido desplazadas, entre ellas víctimas y firmantes de paz, para, de esta manera, asegurar un retorno con garantías para la población”, señaló el director de la entidad, Felipe Harman.

El funcionario añadió que durante los próximos 72 días, el denominado ‘Plan Catatumbo’ contempla acelerar la formalización en los municipios de Ábrego, Ocaña, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, Tibú y Sardinata. Estas acciones, así como medidas sobre la titularidad, tenencias y ocupación de tierras, se darán en el marco de la aplicación del artículo 4 del Decreto 108 del 2025, uno de los documentos mediante el cual el Gobierno espera conjurar la crisis humanitaria generado por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias.

“Esta región tiene alto grado de informalidad; garantizar seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio. Queremos que se fortalezca la economía formal, así se construye paz”, añadió Harman.

El plan también tiene un componente para acelerar la constitución de la Zona de Reserva Campesina ‘Paz y Unión del Catatumbo’, la cual pasará las próximas semanas a la etapa de aprobación del Consejo Directivo de la ANT. “Son 59.000 hectáreas de las que se beneficiarán 61 veredas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén”, agregaron desde la entidad.

Finalmente, las medidas abordarán el reconocimiento y el adecuado aprovechamiento y conservación de áreas ecológicas y una estrategia en la que se espera adquirir 3.500 hectáreas por medio de ofertas voluntarias, las cuales serán entregadas a las asociaciones campesinas y organizaciones sociales para que allí desarrollen sistemas productivos y funcionen como albergues humanitarios.

Harman también anunció que para cumplir este compromiso, el 6 y 7 de febrero realizará una rueda de negocios en Cúcuta para que los propietarios reciban información sobre la venta de sus predios.

“Para garantizar un proceso transparente y acorde con el valor comercial de las propiedades y sin intermediarios. De igual forma, se advirtió que cualquier funcionario, contratista o particular que exija dinero u otro tipo de pago por adelantar trámites incurre en un delito, y la comunidad puede denunciarlo ante la Fiscalía o a través de los canales de atención dispuestos por la ANT”, manifestó.

Otras medidas

Cabe mencionar que en el decreto 108 de la conmoción interior también ordena que la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas haga un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados o confinados. Busca “impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes” cuando sean contra la voluntad de los titulares.

“El objetivo ha sido poner a disposición las capacidades humanas y técnicas de la Unidad, para que pueda activarse la medida de protección de predios abandonados (RUPTA) a favor de las familias desplazadas desde el Catatumbo”, indicó Unidad de Restitución de Tierras (URT) el pasado viernes en un comunicado.

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Además, ordena que se dispongan los inmuebles del agro de propiedad de entidades públicas o administrados por estas para dar albergue.

El mencionado decreto también ha sido foco de críticas debido a que ordena la “adopción de medidas para la protección de tierras, territorios y activos y prevención de la acumulación y el acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público”.

El artículo 4 de este habilita la figura de expropiación administrativa bajo los criterios que establece “la política nacional de gestión del riesgo de desastres”. En este caso se busca culminar los procesos de adquisición directa de predios “para garantizar los procesos de retorno y estabilización de las víctimas de desplazamiento forzado y la reincorporación a la vida civil de excombatientes”.