En Venezuela hay 1.834 personas detenidas por "motivos políticos", según los datos difundidos por la organización no gubernamental Foro Penal, una cifra que representa, de acuerdo a sus integrantes, "el mayor número" de este tipo de encarcelados que ha registrado el país en el siglo XXI.
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A través de X, la organización detalló que, del total de encarcelados, 1.608 son hombres y 226 mujeres, entre los que hay 1.774 adultos y 60 adolescentes.
La ONG detalló que, del total de las aprehensiones, 1.692 se hicieron tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de "fraude" de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo, contrario al resultado oficial, que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.
La crisis poselectoral desató protestas que dejaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2.400 detenidos, una cifra que supera considerablemente la de Foro Penal.
La ONG explicó a Efe recientemente que sus cifras son distintas a las anunciadas por las autoridades porque desde la organización solo contabilizan detenciones que califiquen como "arbitrarias", cuando -afirmó- "no hay elementos de culpabilidad" sobre la persona apresada.
El Gobierno responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la PUD- de generar "violencia" y "vandalismo" en varias sedes públicas, lo que conlleva delitos punibles, mientras que el bloque antichavista acusa de "represión" a los agentes de seguridad del Estado en las protestas.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 17.609 "detenciones políticas", así como a más de 9.000 personas que siguen sujetas "arbitrariamente" a "medidas restrictivas de su libertad".
ONG denuncia detención injusta de adolescentes en cárceles y centros de reeducación en Venezuela
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alzó su voz este domingo para denunciar las condiciones en las que se encuentran los adolescentes encarcelados en varias prisiones y centros de reeducación en Venezuela, exigiendo su liberación inmediata.
En un comunicado oficial, la organización resaltó que estos jóvenes deberían estar "preparándose para regresar a las aulas", pero en su lugar se encuentran privados de libertad sin una razón válida, en su mayoría esperando juicio y sin acceso adecuado a representación legal.
La ONG hizo un llamado a que se garantice el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de estos adolescentes, a quienes consideran encarcelados de manera injusta.
Estos adolescentes fueron arrestados en el marco de las protestas tras las elecciones del 28 de julio. Aunque no todos participaron activamente en las manifestaciones, muchos han sido acusados de graves delitos como terrorismo e incitación al odio.
Hasta la fecha, muchas familias no han obtenido información clara sobre el estatus legal de sus hijos.
Así lo aseguró a Efe Dionexis García, hermana de un chico de 17 años que -según contó- fue detenido por la Policía cuando se encontraba dentro de la casa de un amigo el pasado 2 de agosto, luego de que se registraran protestas en todas las regiones del país durante los días 29 y 30 de julio en contra de la reelección de Maduro.
Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado (a colaborar) porque ser pobre no es un delito
"Mi hermano fue víctima de tortura en 'Zona 7' (como se conoce a unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana ubicados en el este de Caracas) le colocaron una capucha, electricidad, con la intención de obligarlo a grabar un video donde dice que le pagaron 50 dólares por salir a manifestarse", denunció García.
Aseguró que su hermano fue aprehendido "sin una orden de detención" y que fue señalado por los delitos de "terrorismo e incitación al odio" pese a que "no salió a la calle" ni participó en las protestas que se desataron entonces.
Explicó que, al cumplirse 48 días del arresto y sin haber recibido "ninguna respuesta" a las peticiones de liberación, varios familiares de los menores decidieron juntarse para reunir alimentos y productos de aseo personal, donados por ciudadanos de manera voluntaria, para entregarlos a los detenidos en los dos días establecidos para las visitas.
"Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado (a colaborar) porque ser pobre no es un delito", dijo la mujer mientras esperaba por más donaciones en una plaza caraqueña.
Cerca de ella, Theany Urbina, de 32 años, coreaba consignas a favor de su hijo de 16 años, también detenido el 2 de agosto y todavía preso.
"Estamos haciendo una recolecta porque no tenemos el dinero para (...) llevar jabón y ese tipo de cosas, porque no podemos trabajar, la desesperación es grande, no tenemos tiempo de trabajar ya que tenemos que estar con nuestros hijos", expuso Urbina, que trabaja como manicurista.
Insistió en que su hijo no salió a protestar, pero cinco días después de las elecciones, "pasaron dos policías y se lo llevaron", cuando "se comía una chuchería en la puerta de la casa".
Los familiares de los detenidos mostraron fotografías de sus seres queridos, agitaron una pancarta con la frase 'Basta de criminalizar a quienes luchan' y, al final de la protesta, colectaron varios alimentos enlatados, así como afeitadoras, crema dental, desodorante, galletas, entre otros productos.