Vendedores ambulantes en Colombia: entre la invasión del espacio público y el derecho al trabajo

La polémica entre la necesidad de recuperar el espacio público en el que abundan los vendedores informales y la garantía del derecho fundamental al trabajo en un país al menos tres de cada cinco colombianos están en la informalidad, de acuerdo con las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), volvió a encenderse luego de que comerciantes ambulantes protestaran en medio de un operativo de desalojo en la estación del Sistema TransMilenio en Ricaurte, en el sur de Bogotá.

Según el Dane, la informalidad durante el trimestre de julio y agosto de 2024 llegó a un 56,6 % en todo el país, cifra idéntica a la registrada en el mismo lapso de 2023.

Para el gobierno Distrital, el desalojo se justifica en la necesidad de garantizar la seguridad y la movilidad. “la ocupación de la estación Ricaurte generaba riesgos para la integridad de personas e incluso dinamizaba el hurto”, dijo en ese momento el secretario de seguridad, César Restrepo y agregó que durante las protestas se habían “usado niños como escudos humanos”.

En contraste, los vendedores señalaron que el desalojo se hizo sin tener las mínimas garantías, de forma imprevista y sin ofrecerles oportunidades. “No nos quieren dejar trabajar, nos quieren sacar a lo mal”, dijo al canal CityTV una de las afectadas con las medidas de la policía.

EL TIEMPO revisó cifras y consultó el tema con expertos y autoridades de las principales ciudades del país y encontró que en todas prevalecen las mismas características: una población flotante difícil de caracterizar, zonas determinadas en las que se concentran en gran medida los vendedores y dificultades a la hora de darles oportunidades laborales a la hora de buscar la recuperación del espacio público. Este es el panorama nacional.

En Medellín avanza la caracterización

En Medellín se estima que hay más de 36.000 vendedores informales, de los cuales cerca de 28.000 están concentrados en el centro de la ciudad. Las zonas con mayor presencia son Junín, Maturín, Carabobo, El Hueco, el corredor de Bolívar entre San Antonio y Parque Berrio y La Plazuela Uribe Uribe.

Sin embargo, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esta no es una cifra oficial, ya que en la ciudad apenas se comenzó a hacer el ejercicio de caracterización de esta población. Hasta el momento, la cifra enviada por la Administración Distrital es de 10.539 venteros informales, de los cuales casi 6.000 están en el Centro de la ciudad. 

De otro lado, Guillermo Giraldo, presidente del Gremio de los Venteros Ambulantes del Centro, contó que actualmente se están llevando a cabo mesas de concertación y diálogo con la Alcaldía de Medellín, a través de las cuales se busca controlar, organizar y formalizar a los vendedores informales. “No queremos informalizar el comercio, por el contrario, queremos pegarnos a la norma”, asegura el representante de los venteros.

La norma a la que Giraldo se refiere contiene tres criterios que hacen que un vendedor informal pueda optar para la carnetización: temporalidad (el vendedor debe llevar más de un año en el oficio); vulnerabilidad (las ventas informales deben ser el único ingreso con el que cuente el vendedor) y legitimidad (los productos que comercialice el vendedor deben ser legales). 

El carné representa estabilidad en su puesto de trabajo y mejora la calidad de vida del ventero a partir de las políticas públicas preexistentes en la ciudad en este ámbito.

Asimismo, Giraldo señala que hay una gran atomización de vendedores en la ciudad actualmente, en adición a la presencia de migrantes que encuentran en Medellín una oportunidad para rebuscarse.

Bogotá: caracterizados, pero las medidas no despegan

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha venido en una cruzada para liberar el espacio público de la ciudad. En ese sentido, ha dispuesto de robustos operativos para remover a los vendedores informales de las calles y reubicarlos en espacios adecuados para que puedan desempeñar su labor. 

No obstante, el tema de la informalidad en el comercio de la capital del país no es un tema menor, ya que, según los datos de la Defensoría del Espacio Público, en Bogotá 32,2 por ciento de los trabajadores lo hace en la informalidad y, de ellos, 11,4 por ciento, trabaja en el espacio público.

De acuerdo con la información aportada por el Instituto para la Economía Social (IPES) se ha caracterizado a 14.298 vendedores y vendedoras informales en Bogotá. De este total, 7.170 son hombres, 7.117 son mujeres y 11 intersexuales. Esta última caracterización se realizó desde junio de 2020 a diciembre de 2023.

En ese mismo sentido, se conoció que la mayoría de vendedores informales se concentran en la localidad de Santa Fe donde están ubicados el 15,56 por ciento del total de informales, luego, Kennedy, donde está el 10,04 por ciento; Suba, con 8,51 por ciento, Engativá con 7,45 por ciento; Chapinero, donde están el 7,14 por ciento y Bosa, con 6,86 por ciento del total de los comerciantes informales de la ciudad. En el resto de localidades están ubicados entre el 5 y el 2 por ciento del total de vendedores.

Pese a los variados intentos de las administraciones por reorganizar la ciudad y mover a los vendedores informales del espacio público, lo cierto es que las medidas nunca han sido exitosas y, al contrario, los vendedores informales se han organizado y también han estado, en muchos casos, captados por mafias organizadas que se distribuyen el espacio público a cambio de pagos ilegales.

Desde la administración de Enrique Peñalosa entre 2018 y 2019 ya se habían logrado regular nueve zonas de la ciudad en las que había que priorizar los temas de organización del espacio y en las que se había llegado a acuerdos reales con los implicados en la situación. No obstante, luego de la pandemia y producto de los intentos por la recuperación económica y la migración masiva a la ciudad, el fenómeno se agudizó y empezó a tomar tintes delictivos.

De acuerdo con el Ipes,  se ha caracterizado a 14.298 vendedores y vendedoras informales en Bogotá.

En 2023, la administración de Claudia López, por medio del Ipes, reglamentó el aprovechamiento económico del espacio público, para que los comerciantes informales pagaran cuotas mínimas al distrito por el uso de los espacios y así mismo invertir en programas de desarrollo al comercio, capacitaciones, líneas de crédito y todos los requerimientos necesarios para mejorar las condiciones de los informales.

Pese a ello, y debido a la diversidad de opiniones dentro de los comerciantes, la iniciativa todavía no ha despegado, pues no se logró llegar a un acuerdo con las asociaciones de vendedores informales sobre la forma de implementación, pues hay quienes dicen que no están de acuerdo con pagar, bien sea a la criminalidad o a la administración distrital.

Cali: la polémica llegó a la justicia

En Cali, el problema de los vendedores informales se presenta principalmente en el centro de la ciudad, con más de 2.000 mil personas que están en medio de estacionarios y ambulantes afectando el espacio público. Esta situación llegó a los estrados judiciales, pues ya hay una acción popular que obliga a la Alcaldía, en un fallo en primera instancia del Juzgado 13 Administrativo, la recuperación del centro de Cali.

La demanda fue impulsada por el exconcejal Juan Martín Bravo, señalando que la Alcaldía de Cali deberá adelantar obras debido a la ocupación del espacio público en el corazón de la capital vallecaucana. De acuerdo con la sentencia, la administración del alcalde Alejandro Eder tendrá un plazo de cuatro meses para fijar un cronograma y una metodología que permita poner en orden el centro de la ciudad, una iniciativa que se ha quedado en el papel en pasadas administraciones en más de una década. 

En Cali, una decisión judicial obligó a la actual administración a recuperar el espacio público del centro de la ciudad.

"Esta decisión demuestra que sí es posible defender el espacio público, tan necesario. Con la medida se busca más orden y seguridad", dijo el exconcejal Bravo.

La sentencia generó preocupación entre vendedores informales en zonas entre la carrera 5 con calle 14 y la carrera 10 con calle 14. En la secretaría de Desarrollo Económico informaron que ya se adelantó una mesa de trabajo con la secretaría de Seguridad y Justicia, el departamento de Planeación y otras dependencias del distrito para acoger la sentencia.

Pero en la Alcaldía manifestaron que se busca evitar la vulneración de los trabajadores informales. Aunque la informalidad es uno de los grandes fenómenos en Cali y en el Valle del Cauca por el desempleo, es una crisis social que debe ser manejada de manera cautelosa para no atropellar a la misma población que lucha por su sustento diario, señalaron voceros de la administración

Según la secretaría de Desarrollo Económico, el alcalde Eder está interesado en impulsar alternativas para garantizar el derecho colectivo al espacio público, pero sin pasar por encima de los derechos económicos de los vendedores informales, una población con alto grado de vulnerabilidad.

En Bucaramanga estarían ‘vendiendo puestos de ambulantes’

En Bucaramanga la invasión de espacio público se concentra en el centro de la ciudad, principalmente en la calle 35 desde la carrera 13 a la 19, que es una vía netamente peatonal, pero que está rodeada de esquina a esquina de los vendedores informales.

La época decembrina es la jornada más complicada para que el espacio público se logre respetar en la zona céntrica, pues hay gran aglomeración por la venta ambulante. Ante esta situación, la Alcaldía quiere retomar la autoridad y recuperar la zona pública, teniendo en cuenta y respetando el derecho al trabajo.

Pedro Peña, coordinador del espacio público, comentó en EL TIEMPO que ya se trazó una ruta de trabajo para delegar zonas con medidas específicas para los vendedores informarles, que caracterizados van 900.

En medio de los operativos que se han hecho, se pudo detectar que, el puesto de espacio a veces se alquila o se arrienda, es decir, hay un solo vendedor que en diferentes zonas logra tener espacios invadidos para ofrecer sus productos.

"Hay almacenes que tiene su local, y sacan sus productos afuera, uno se encuentra que un vendedor tiene más de cinco puestos, algunos llegan y arriendan el puesto que se ubica ahí, le dan el producto para que vendan, ganan por el producto y el arriendo, y hay otros que se hacen llamar los cinco puestos y le ponen un empleador. Hablamos con el vendedor y eso nos ocasiona protestas porque lo descubrimos. A veces amenazan al empleador del espacio público", contó Pedro Peña. 

Al hacer operativos, los funcionarios de la Alcaldía relatan que se sienten intimidados, pues la gente suele apoyar a los informales. "Ellos tratan de hacerse sentir víctimas, y la comunidad intenta agredirnos a nosotros, las que ocupan un espacio pasan de victimarios a víctimas".

El plan de recuperar el espacio público continuará independiente de los inconvenientes que se les pueda presentar a los funcionarios. Al momento, la Alcaldía de Jaime Beltrán ha intervenido la antigua plaza San Mateo, el mercado de las Pulgas, la plaza del Centro, San Francisco y Parque de los Niños. 

Barranquilla: una experiencia de ubicación exitosa

De a poco, los vendedores ambulantes de Barranquilla han ido encontrando un espacio en la capital del Atlántico para ofrecer sus productos y seguir sacando a sus familias adelante pese a la informalidad. La reubicación de estos trabajadores, que ocupaban sitios emblemáticos del Centro Histórico de la ciudad, va de la mano con el proyecto de recuperación del espacio público, a cargo de la Alcaldía Distrital, desde la pasada administración hasta la actual.

El objetivo principal es brindarles a los vendedores condiciones de trabajo digna y que quede en el pasado esas difíciles jornadas, cuando la lluvia dañaba sus artículos al no contar con un puesto fijo y cubierto. 

Fue así como, desde 2021, la ciudadanía en general empezó a ver cómo más de 300 trabajadores en ese entonces, empezaban a liberar tramos de vías en la zona céntrica para trasladarse a edificaciones restauradas.

En abril de 2024, fue inaugurado El Gran Bazar, ubicado en el mercado de Barranquillita, donde llegaron 752 vendedores y, según anunció el alcalde Alejandro Char, será ampliado para recibir a 300 más. El lugar cuenta con secciones para la venta de frutas, 50 puestos para productos cárnicos, verduras, abarrotes, plazoleta de comidas con 12 restaurantes, entre otros espacios. 

De acuerdo con el presidente de Asovendedores, Joaquín Cervantes, entre 7 mil y 7 mil 500 vendedores ambulantes o informales están a la espera de ser reubicados en la ciudad. Por lo anterior, el alcalde Alejandro Char anunció en el primer trimestre de este año la construcción del Mercado del Río, proyecto que busca brindar un espacio para aproximadamente 350 vendedores estacionarios del Centro de Barranquilla.

Cartagena: vendedores deben presentar registro de confianza legítima

Para evitar los cobros excesivos a turistas durante la próxima temporada de fin de año por parte de vendedores informales que ejercen su actividad económica en plazas y calles coloniales, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) de Cartagena se reunió con alrededor de 40 vendedores de frutas y comidas que se ubican en el Centro Histórico, San Diego, La Matuna y Getsemaní, para exponer las normativas a las ventas en el espacio público, las medidas para el mobiliario que pueden usar, horarios de circulación, sanciones y elementos prohibidos, principio de Confianza Legítima y la plataforma Registro Único de Vendedores (RUV).

Como resultado de la reunión se establecieron los siguientes acuerdos:

Entre tanto, el Distrito continúa con la restitución de dos carriles de la avenida Pedro de Heredia que eran ocupados históricamente por vendedores informales del mercado de Bazurto.

Esta intervención es la respuesta a años de congestión vehicular en el corredor vial más importante que conecta al Centro Histórico con el sur de la ciudad, a la altura del mercado de Bazurto, por cuenta de la ocupación ilegal de vendedores ambulantes. El Distrito cuenta con un censo de más de 200 vendedores informales que invadían este corredor y que deben ser reubicados.

REDACCIÓN NACIÓN

Deivis López, Melissa Múnera, Nicolás Tamayo y Carolina Bohóquez